El movimiento por las pensiones públicas, con el apoyo de la izquierda parlamentaria, exige una investigación transparente sobre el saqueo “premeditado y metódico” de la “hucha de las pensiones”.
Manifestación estatal en Madrid por las pensiones dignas el 16 de octubre de 2021 // Alberto Azcárate
La supuesta insostenibilidad de la Seguridad Social y el sistema público de pensiones es una de las principales armas para impulsar los planes de pensiones privados, un modelo que nunca ha terminado de cuajar en España. En este déficit no solo cuentan las cuestiones demográficas —menos trabajadores jóvenes y una población cada vez más envejecida— y laborales —los sueldos cada vez son más precarios y por lo tanto las cotizaciones más bajas—. Las organizaciones de defensa de las pensiones públicas llevan más de una década denunciando que se ha producido un saqueo “premeditado y metódico” de la conocida como “hucha de las pensiones”.
Nada menos que 103.690 millones de euros que pertenecían al fondo de reserva para el pago de las pensiones públicas se destinaron entre 1989 y 2013 a cuestiones ajenas a su función original, según denuncia la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe).
Cuando llegó Mariano Rajoy al Gobierno, este fondo de garantía estaba en su máximo, en 67.000 millones de euros. Cuando abandonó La Moncloa, se había reducido a unos 8.000 millones. Entre otros usos, el dinero se destinó a las pagas extraordinarias de verano o de Navidad o préstamos a la Seguridad Social. Según la Coespe, el saqueo podría superar los 200.000 millones de euros.
Según denuncia la Coespe, las cuentas de la Seguridad Social “han sido manipuladas mediante el desvío de cotizaciones sociales a la financiación de gastos ajenos”
Este 20 de octubre, la Coespe ha registrado 285.000 firmas en las Cortes para exigir una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social para determinar cuánto dinero fue extraído de la hucha de las pensiones y “sentar las bases de su restitución a su caja única”. Según denuncia la Coordinadora, las cuentas de la Seguridad Social “han sido manipuladas mediante el desvío de cotizaciones sociales a la financiación de gastos ajenos”.
La exigencia de auditoría ha sido apoyada por más de un centenar de ayuntamientos en toda España y por los partidos Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG, cuyos representantes acompañaron la entrega de firmas.
La entrega de firmas se produce cuatro días después de la primera manifestación estatal del movimiento pensionista después de la pandemia. Unas pensiones mínimas equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional, la eliminación de la brecha de género en las pensiones y la derogación de las dos últimas reformas laborales fueron las principales reivindicaciones de las plataformas. También mostraron su oposición al plan del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de crear un macrofondo público de pensiones de empresa gestionado por entidades privadas.
Más información: Planes privados de pensiones Escrivá vuelve a colar en las cuentas de 2022 ayudas para su macrofondo de pensiones público-privadas – Martín Cúneo
Un plan que sigue adelante pese a que todavía no hay acuerdo con los agentes sociales. Este 19 de octubre se filtraba el proyecto de ley que regularía este macrofondo de planes de empresa. Según publicó El País, el plan de pensiones de empresa tendrá una comisión máxima del 0,5%, unos márgenes más apetecibles que los actuales planes de pensiones, en donde las comisiones pueden llegar al 1,7%. En estos planes de pensiones, negociados entre empresas y sindicatos, podrán sumarse también los funcionarios y los autónomos. Según el texto filtrado, el Gobierno cederá la gestión de este macrofondo a entidades gestoras y depositarias privadas, que deberían tener un patrimonio entre los 1.000 y los 10.000 millones de euros, es decir, un modelo que priorizaría a los grandes bancos y gestores de activos. Para el movimiento pensionista, el plan de Escrivá es el mayor ataque al sistema público de pensiones desde tiempos de Rajoy.
