El PSOE enfría las presiones de sus aliados políticos y aplaza la regulación a una futura Ley de Vivienda. ERC condiciona su inclusión en los presupuestos para apoyarlo y los sindicatos de inquilinos crean un frente de más de 9.000 organizaciones sociales para conseguir su tramitación urgente.
Celebración por la aprobación de la proposición de ley de medidas urgentes para la contención de rentas en los contratos de alquiler en Catalunya // Sarai Rua
Uno de los puntos clave y más polémicos del acuerdo de investidura entre el PSOE y Unidas Podemos ha estado más de un año invernando, sin más noticias que el lanzamiento de un índice estatal de precios que nadie sabe muy bien para qué sirve.
Ahora, cuando se acerca la votación de los Presupuestos Generales del Estado, el debate sobre la regulación de los alquileres ha tomado velocidad hasta convertirse en uno de los principales puntos que el Gobierno debe resolver si quiere sacar adelante las cuentas de 2021.
El ministro Ábalos sostiene que antes de aprobar la regulación de los alquileres es necesario saber en qué situación queda el mercado del alquiler tras el impacto de la pandemia. Para los aliados del Gobierno y 9.000 organizaciones sociales puede ser muy tarde
El 15 de octubre, el vicepresidente social, Pablo Iglesias, se reunía con los sindicatos de inquilinos de todo el Estado español y se comprometía ante ellos a trabajar desde dentro del Gobierno para que se apruebe la regulación de los alquileres en el marco de los presupuestos. “El camino a seguir”, señaló Iglesias tras la reunión, es la reciente ley catalana, producto de más de un año de trabajo del Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) de Catalunya.
Desde la entrada en vigor de esta ley, que contó con el apoyo de 4.000 organizaciones de la sociedad civil catalana, todos los alquileres han quedado congelados y los que superan el índice de referencia deberán bajarse en las 60 localidades catalanas más golpeadas por la especulación, Barcelona entre ellas.
Más información: Iglesias se compromete ante los sindicatos de inquilinos a sacar adelante la regulación de los alquileres – Martín Cúneo
Cuatro días después de la reunión en Vicepresidencia, el 19 de octubre, llegaba la primera reacción de calado desde el PSOE. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, descartó incluir la regulación de los alquileres en los presupuestos y defendió que esta medida se debería incluir en una futura e incierta Ley de Vivienda. Entre las razones, Ábalos sostuvo que era necesario saber en qué situación quedaba el mercado del alquiler tras el impacto de la pandemia.
Una posición radicalmente enfrentada a la de los sindicatos de inquilinos, que contraatacaban el 20 de octubre con un Manifiesto de apoyo a una ley de regulación del precio del alquiler firmado por más de 9.000 organizaciones. “Si impulsar esta medida ya era necesario antes de la pandemia, la actual caída de ingresos de las familias la hacen aún más urgente”, dice este manifiesto apoyado por grandes organizaciones estatales como la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, Facua, REAS, Ecologistas en Acción, el Consejo de Juventud de España o EAPN España.
Extender de forma urgente la ley catalana a todo el Estado es una necesidad vital no solo para decenas de miles de familias sino también para toda la sociedad, sostienen desde los sindicatos de inquilinos
Según los sindicatos de inquilinos no se puede esperar a que pase la pandemia para ver cómo queda el mercado del alquiler. Extender de forma urgente la ley catalana a todo el Estado es una necesidad vital no solo para decenas de miles de familias sino también para toda la sociedad: “Los precios actuales están disminuyendo drásticamente la renta disponible en manos de las familias, con un impacto negativo en toda la economía”.
El mismo día que salía a la luz el manifiesto, ERC se sumaba como aliado necesario en el Parlamento a la presión que está ejerciendo Unidas Podemos desde el interior del Gabinete para incluir la regulación de los alquileres en la negociación de los presupuestos.
En el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, advirtió al PSOE que la regulación de los precios “es absolutamente trascendental” y una condición “sine qua non” para apoyar los presupuestos de 2021.
Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se negó a definir los desencuentros con sus socios como “escollos”, sino más bien como “flecos pendientes” para poder aprobar los presupuestos antes de que termine este mes. Entre ellos, figura en lugar destacado la regulación de los alquileres.
La ministra insistió en su comparecencia en que esta medida se incluirá en la futura Ley de Vivienda y que los presupuestos introducirán una partida para desarrollar esta ley. Según Montero, existe un “gran consenso” entre ambas organizaciones políticas y los desencuentros se deben más a una cuestión de tiempos: “Es un compromiso que tenemos que cumplir. La cuestión es cuándo debemos cumplirlo”.
Buena parte de la sociedad civil, Unidas Podemos, ERC y Bildu consideran que esta regulación no puede esperar a una futura ley, para la que no hay fechas, sino que es precisamente ahora, en el momento en el que se están empezando a notar los peores efectos de la crisis social del covid-19, cuando más se necesita.
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