El nombramiento de Alejandro Luzón confirma la derrota del PP en su intento de controlar Anticorrupción

El fiscal Alejandro Luzón, durante una conferencia.

Lo intentó en febrero pero el Gobierno tenía otro candidato con el que quería imponer su control. Tras la caída de Manuel Moix se presentó ante Alejandro Luzón (Madrid, 1964) la oportunidad perfecta para convertirse en jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Lo ha conseguido. El apoyo de los fiscales conservadores le ha permitido imponerse a Pedro Crespo, el aspirante de mayor rango en esa carrera, que ha recibido los tres votos de los progresistas. Luzón se enfrenta ahora a la tarea de cerrar la crisis abierta en Anticorrupción, una plaza que conoce desde hace dos décadas.

Su elección este miércoles por el Consejo Fiscal confirma que el Gobierno ha perdido la batalla por el control de Anticorrupción. El fiscal General del Estado, José Manuel Maza, aupó a Moix cuando ya sabía que su nombre aparecía en las conversaciones grabadas a dos investigados por corrupción. Le sostuvo hasta las últimas consecuencias y trató de evitar que dimitiese cuando su continuidad era ya imposible.

Ahora el PP ya sabe que al frente de Anticorrupción estará un fiscal al que no puede dirigir. Lleva más años que nadie allí, conoce su funcionamiento al detalle y se ha enfrentado a políticos y grandes empresarios, siempre con el sustento de sus sólidos conocimientos y una rigurosidad jurídica que reconocen sus compañeros. Quienes han compartido dependencias con Luzón hacen hincapié también en su independencia, el rasgo principal que descarta que al frente de una fiscalía tan especial se haya colocado a una marioneta del Gobierno.

En el «equipo fundador» de Anticorrupción

Hijo y hermano de fiscales, Luzón tiene una experiencia acreditada. Lleva casi 30 años en la carrera fiscal, 20 de ellos en la Anticorrupción. Es uno de los integrantes del «equipo fundador» de esta Fiscalía en 1995, durante el final del Gobierno de Felipe González, cuando tan solo tenía una decena de efectivos. Permaneció en ella durante su expansión bajo el mandato de Antonio Salinas, periodo en el que se ha ocupado de casos como la salida a Bolsa de Bankia o la utilización de las tarjetas Black por parte de los consejero de Caja Madrid.

Sus grandes causas han sido casi siempre económicas. Investigó el caso Gescartera, el escándalo financiero que dejó un agujero de más de 100 millones de euros en esa agencia de valores y acabó afectando al Gobierno. Fue la primera vez que se cruzaba en el camino con Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía, salpicado por el caso al haber firmado el ascenso de Gescartera a agencia de valores y haberse rodeado de cargos que debían haber supervisado e impedido la estafa.

Volvieron a encontrarse años después, ya con Rato como acusado. Luzón ha conseguido que la Audiencia Nacional le condene a cuatro años de cárcel como uno de los responsables del sistema opaco de retribución que eran las tarjetas Black. «Pillaje y rapiña», fueron los adjetivos utilizados por Luzón en su informe final, en el que reprochó a Rato que no hubiese acabado con los plásticos repartidos por su predecesor, Miguel Blesa.

La etapa en Bankia del expresidente del FMI le ha vuelto a enfrentar a Luzón en el caso de la salida a Bolsa de la entidad. Luzón defiende que Rato, como responsable de la operación bursátil, estafó a los inversores ocultando «de forma consciente» que Bankia no era viable. Ese escrito lo remata una petición de cárcel que asciende a los cinco años. El nuevo jefe de Anticorrupción también ha pedido que en ese juicio se siente como testigo el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, pero defiende que no debe juzgarse ni al Banco de España ni a la CNMV, un argumento que ha chocado contra el criterio de la Sala de lo Penal.

Contra Roldán y Alierta

Además de las grandes causas económicas, entre las que también están Tabacalera o Forum y Afinsa, en su currículum hay una línea dedicada al caso Roldán. Probó ante un tribunal que el exdirector de la Guardia Civil se había enriquecido ilícitamente y consiguió que le condenase a 31 años de cárcel, aunque solo cumplió la mitad. Roldán salió de prisión sin haber devuelto lo que robó, unos 10 millones de euros, una espina que Luzón tiene clavada. «La localización del dinero fue imposible. La culpa, como siempre, de los paraísos fiscales», lamentó entonces.

«Hizo un trabajo muy eficiente», comenta Carlos Jiménez Villarejo, su primer jefe en Anticorrupción, que destaca su conocimiento en temas económicos y, sobre todo, su independencia.

Pone como ejemplo el proceso contra el poderoso presidente de Telefónica, César Alierta, al que Luzón acusó de lucrarse gracias a información privilegiada en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado, más partidaria de no perseguir al empresario. Finalmente fue absuelto porque los delitos habían prescrito, pero Jiménez Villarejo insiste en el trabajo «riguroso y serio» que desempeñó sin reparos en cuestionar el criterio de sus superiores.

Añade que ha seguido su trayectoria estos últimos años y que le ha felicitado por su trabajo en las Black. Pero Jiménez Villarejo aclara que, siendo una buena opción, competía con otros candidatos que estaban, al menos, a su mismo nivel. Menciona a Pedro Crespo y en especial a Belén Suárez, teniente fiscal en Anticorrupción -lo que equivale a ser número dos- durante los últimos 15 años.

Sacar a la Fiscalía del telediario

Para la UPF, el nombramiento de Luzón es un mal menor. Su candidato era Crespo, miembro de su asociación, pero dos de sus vocales ya apoyaron a Luzón en febrero, cuando el Gobierno colocó a Moix. Entonces, miembros de la UPF intentaron pactar con los fiscales conservadores su nombramiento al frente de Anticorrupción, pero estos últimos optaron por votar al candidato de Maza.

El portavoz de los progresistas, Emilio Fernández, destaca que apoyaron a Luzón en febrero porque tienen una gran opinión de él. «Tenía un proyecto muy bien elaborado, nos daba buenas garantías y eso no ha cambiado», señala. Si ahora han votado a Crespo es porque consideran que su mayor rango en la carrera le hacía un mejor candidato.

Fernández insiste en que Luzón es «una buena opción» para dirigir Anticorrupción  y que su mayor tarea será «sacar a la Fiscalía del telediario». «Hay que cerrar este paréntesis», comenta, y volver a la situación de normalidad que saltó por los aires con el nombramiento de Moix.

El fiscal predilecto de Ignacio González abrió una grieta con sus propios subordinados, que se revelaron ante sus injerencias, y con los ciudadanos, que vieron cómo actuaba en contra de los principios de la Fiscalía que dirigía. Luzón tiene por delante el reto de cerrar la crisis que la injerencia del Gobierno ha abierto en la que es su casa desde hace más de 20 años.

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