La declaración de intenciones de Donald Trump de declarar a Antifa como una organización terrorista ha sido replicada por la extrema derecha en España. No obstante, la utilización del terrorismo para deslegitimar al rival político en España ha sido bastante habitual por parte de las derechas, desde el 15-M al anarquismo pasando por el independentismo catalán.
De izquierda a derecha: Donald Trump, presidente de los EEUU; Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP; y Santiago Abascal, líder de Vox // AFP y EFE
No sólo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha acusado a los antifascistas de terrorismo. Tampoco ha sido el primero. Esta semana el mandatario norteamericano ha mostrado su voluntad de declarar Antifa como organización terrorista por su presunta implicación en las protestas por el asesinato de George Floyd. La acusación no tiene ninguna base y es difícil llevarla a cabo, pero sus declaraciones han agitado las aguas de la convivencia en medio Occidente y a río revuelto, ganancia de pescadores. En este caso, de extrema derecha.
Las palabras de Trump tuvieron eco rápidamente en Vox, que señaló que en España [a los antifascistas] «el PSOE los sientan (sic) en el Consejo de Ministros y en el CNI», en una clara referencia a Unidas Podemos y a su líder, Pablo Iglesias. Apenas dos días después, su líder, Santiago Abascal, volvía a insistir en esta relación de ideas en Twitter. «El Gobierno de socialistas y comunistas, y los hipócritas pijiprogres, alientan a las turbas antifas y de ilegales que atacan a la Policía», tuiteaba junto a un vídeo donde personas negras y activistas antirracistas protestaban contra abusos policiales en un lugar que parece ser Zaragoza. Unos días después, el partido repetía la estrategia utilizando la expresión «terrorismo callejero amparado por la izquierda».
La táctica de Trump y de Vox es idéntica en este caso. Tal y como explica Mark Bray, autor del libro Antifa (Capitán Swing), Trump utiliza la palabra terrorista para «deslegitimar la política de un enemigo» y el movimiento antifascista es su enemigo más importante». «Es una forma de cambiar la perspectiva: de un movimiento que lucha contra el fascismo a calificarlos como terroristas», apuntó Bray, en declaraciones a RNE.
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La explicación de Bray sirve perfectamente para explicar por qué Vox se sumó rápidamente a la estrategia de Trump: «Deslegitimar la política de un enemigo». En este caso, Unidas Podemos. Además, entronca a la perfección con la estrategia que el partido de extrema derecha y varios dirigentes del Partido Popular habían mantenido contra los dirigentes de Unidas Podemos.
Sólo durante este estado de alarma la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que la formación morada es «peor que el virus» y que son «amigos del odio y de la destrucción«. La portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, calificó a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como «sepulturero» y su partido, Vox, tachó a todo el Ejecutivo de «gerontocidas».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que en manos de Podemos la reconstrucción «es imposible» porque son «únicamente amigos del odio y de la destrucción». // Asamblea de Madrid
El broche a esta amalgama de insultos lo puso la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que dijo en sede parlamentaria que el padre de Pablo Iglesias era un «terrorista». Una vez más, el término terrorismo para atacar a un rival político. En esta ocasión, además, lo hacía con intención de deslegitimar la lucha antifranquista. Tampoco era la primera vez que desde la derecha se relacionaba antifranquismo con terrorismo. El periodista Carlos Cuesta se había referido años atrás a los cinco obreros asesinados por la Policía el 3 de marzo de 1976 en Vitoria durante una huelga como «terroristas«.
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Así, el estado de alarma y la emergencia sanitaria del coronavirus no ha sido el inicio de la estrategia de la derecha de vincular a sus adversarios políticos con el terrorismo como modo de «deslegitimación». Hay ejemplos de acusaciones verbales con intención de ensuciar el debate democrático, como fue en el caso del 15-M o inclusa de Unidas Podemos. Las acusaciones, de hecho, escalaron hasta los juzgados en varias ocasiones. Por un lado, ha habido causas contra un supuesto terrorismo anarquista que no llevaron a nada. Por otro, decenas de tuiteros y raperos han sido condenados por enaltecimiento. Y, por último, se abrieron a bombo y platillo investigaciones por un supuesto comando terrorista en el indepentismo catalán que con los meses ha ido perdiendo fuelle.
Los riesgos de esta estrategia seguida por la derecha son evidentes. El objetivo a corto plazo es deslegitimar a su rival político. Sin embargo, a medio y largo plazo esta serie de ataques y calificativos pueden conducir a la deshumanización del rival político, condición previa y necesaria para en una fase posterior de reducción de derechos o, directamente, de represión contra el adversario político que ha sido calificado previamente como enemigo interno.
El señalamiento del otro en el 15-M
El señalamiento del ‘otro’, del enemigo, se aceleró en España con el 15-M. De repente, miles de jóvenes salieron a la calle y gritaron que no eran mercancía en manos de políticos y banqueros. Esperanza Aguirre, por entonces (2011) presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante a liderar el PP, dijo que detrás del 15-M se podía «esconder un golpe de Estado». Mercedes Alonso, alcaldesa entonces de Elche (Alicante), señalaba que en la plaza donde se manifestaba el 15-M de la ciudad había «miembros de ETA».
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Telemadrid, de hecho, hizo pasar imágenes de protestas violentas en Grecia por protestas del 15-M en Barcelona. La criminalización del que pensaba diferente ya estaba en las pantallas de televisión. Después sería Cristina Cifuentes, en aquel momento delegada del Gobierno en Madrid, quien señalaría que en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) había «ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras».
Era el inicio de una serie de ataques por parte de la derecha fuera de toda regla democrática. Sin embargo, tampoco sorprendía. El Partido Popular, desde la oposición, ya había avisado de lo que era capaz con tal de recuperar la Moncloa. Ángel Acebes había afirmado en 2006 que el «proyecto» de José Luis Rodríguez Zapatero era el «de ETA». Y ya por aquel entonces hubo varios señalamientos, como el que sufrió el grupo de música Sociedad Alkohólica, que fue censurado en Madrid.
Pero la llegada al poder del Partido Popular y el rodillo parlamentario del PP hicieron que las acusaciones por terrorismo o por humillación a las víctimas del terrorismo por chistes, comentarios o canciones de hip hop saltara a los tribunales. Sucedió con el humorista Facu Díaz. Su caso fue archivado pero para entonces ya había sido tildado de terrorista en varias tertulias televisivas. También con el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, que fue procesado por humillación a las víctimas nada más acceder a la alcaldía de la capital por unos tuits de años atrás.
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La lista de afectados por la deriva de la Justicia en el tratamiento del delito de enaltecimiento del terrorismo es enorme. Desde auténticos desconocidos que han puesto mensajes en redes sociales que pueden ser considerados de mal gusto a otros más conocidos como César Strawberry o Pablo Hasel pasando por otros raperos que hasta que fueron investigados y condenados eran completamente desconocidos como fue el caso de La Insurgencia o Valtonyc.
En esta lista cabe, además, el caso de los titiriteros que fueron acusados y encarcelados bajo la acusación de enaltecimiento del terrorismo por una obra de títeres que enseñaba una diminuta pancarta de ‘Gora Alka Eta’. En esta última ocasión, el ataque era contra el Gobierno de Manuela Carmena en Madrid y la vía era una pequeña compañía de títeres y su obra.
El enemigo anarquista del que nunca se supo
Los Mossos d’Esquadra finalizan el registro que han llevado a cabo en el Ateneu Llibertari de Sants desde primeras horas de hoy una operación contra una organización criminal de tipo terrorista, relacionada con el llamado ‘caso Pandora’ // EFE
Otras operaciones de la Justicia española por un supuesto terrorismo que después se mostró inexistente fue el de las diferentes operaciones ‘Pandora’ y ‘Piñata’. Durante la madrugada del 16 de diciembre de 2014 cientos de agentes de los Mossos d’Esquadra (alrededor de 500) se desplegaron en 14 locales y casas de Barcelona, Manresa y Sabadell en una operación coordinada por la Audiencia Nacional. Once personas fueron detenidas y siete de ellas entraron rápidamente en prisión incondicional. Los cargos fueron durísimos.
El magistrado de la Audiencia Nacional Gómez Bérmudez les atribuyó la comisión de delitos de constitución, promoción, dirección y pertenencia a organización terrorista con delitos de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos y daños y estragos con finalidad terrorista. La nota de prensa que los Mossos d’Esquadra remitieron a los medios hablaba de la desarticulación de «una organización terrorista de cariz anarquista a la que se le atribuyen varios atentados con artefactos explosivos».
El que fuera director de la Policía, Ignacio Cosidó, anunció que «el terrorismo anarquista se había implantado en España»
Era la primera operación a gran escala contra un presunto terrorismo anarquista implantado en España. Después vendría la Operación Piñata, en la que serían detenidas 15 personas y cinco entrarían en prisión; y la Operación Pandora II, en la que serían detenidas otras nueve personas. Los cargos y la base de la acusación serían prácticamente idénticos: pertenencia a organización terrorista, daños y tenencia ilícita de armas para uso terrorista.
Las operaciones policiales ponían fin a una larga lista de advertencias de las autoridades. Apenas unos meses antes, algunos de los principales responsables del país en materia de seguridad advertían de los peligros del anarquismo. El que era director general de la Policía, Ignacio Cosidó, anunciaba que «el terrorismo anarquista se había implantado en España» y que había «riesgo de atentados», mientras que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, culpaba a los anarquistas de los disturbios de Gamonal, en Burgos. Incluso el diario El País publicó por aquellos tiempos unos informes policiales que señalaban que «el terrorismo ácrata» había copiado (aunque «a otro nivel») la forma de actuar y organizarse de Al Qaeda. El diario de Prisa, de hecho, tituló la información así: El terrorismo anarquista copia a Al Qaeda.
Sin embargo, todo quedó diluido como un azucarillo en un vaso de agua. La Audiencia Nacional, pese al despliegue, no pudo demostrar la existencia de ninguna organización terrorista de cariz anarquista.
El caso de Straight Edge
El caso de Straight Edge también está vinculado a las operaciones anteriores de un supuesto terrorismo anarquista. La Audiencia Nacional también envió a prisión al joven de 25 años Nahuel, miembro del colectivo anarco vegano Straight Edge, acusado, junto a cinco de sus compañeros, de organización criminal con fines terroristas. Nahuel pasó 16 meses en prisión en un maratón de cinco cárceles.
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional desmontó el relato de la jueza instructora e imputó a los jóvenes un delito de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales. Se pidió una pena de dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo y, finalmente, fueron absueltos de todos los cargos. Otro caso de un terrorismo de cariz anarquista que se fue diluyendo hasta la nada.
El terrorismo catalán a punto de atentar
La causa abierta contra un supuesto comando terrorista en Catalunya listo para atentar sigue abierta. Sin embargo, todos los detenidos están en libertad y la causa judicial ha ido perdiendo fuelle con el paso de los meses, a pesar del reguero de portadas e imágenes espectaculares que dejaron por el camino con la idea de relacionar a los CDR con el terrorismo.
Era el 23 de septiembre de 2019 cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado protagonizaron una de las operaciones antiterroristas más visualmente espectaculares de los últimos años. Se trataba de la detención de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Se difundieron imágenes de varios agentes derribando puertas a golpe de ariete. Los medios de comunicación se hicieron eco de la tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional: los independentistas detenidos tenían planes avanzados para atentar en fechas próximas.
Protesta contra las detenciones de los CDR en Catalunya
El Mundo, por ejemplo, abría su edición en papel con el titular Los CDR ultimaban un atentado terrorista en Cataluña «el día D». Siete de ellos fueron enviados a prisión incondicional y la teoría de que existía un terrorismo independentista catálan dispuesto a atentar corrió como la pólvora entre medios y población. Fuentes de información no faltaban. El diario ABC informaba de que los detenidos «preparaban un ataque al Parlament», que «ya habían probado los explosivos en una cantera» y que «preparaban también un ataque contra el cuartel de [la Guardia Civil] Canovellas». La Razón también dedicaba una parte de su portada de aquel 24 de septiembre al asunto con el siguiente titular: Los CDR de Torra aprietan: iban a atacar un cuartel con explosivos.
Sin embargo, apenas tres meses después del inicio de esta espectacular operación, todos los detenidos de este supuesto grupo terrorista, que había sido llamado ‘Equipo de Respuesta Técnica’ y que habían sido detenidos en la Operación Judas, habían sido puestos en libertad bajo fianza. La causa sigue abierta, pero si los acusados están en libertad actualmente parece evidente las espectaculares portadas e imágenes de aquellos días no respondían a la gravedad real del asunto.
Esta tampoco era la primera ocasión en la que los CDR eran vinculados con el terrorismo. En abril de 2018, fue detenida bajo las mismas sospechas y por orden del mismo juzgado Tamara Carrasco. Fue acusada de delitos de terrorismo y rebelión. Sin embargo, el exjuez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el magistrado Diego Egea, acordó su puesta en libertad al considerar que, con los indicios recabados, sólo podía ser acusada de desórdenes públicos. El instructor acabó inhibiéndose a los juzgados de Barcelona al entender que no era el juez competente para investigar los hechos.
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