Podem, MÉS per Mallorca y PSIB presentan una propuesta para auditar la deuda que dejó el Gobierno de Jaume Matas.
Laura Camargo, de Podem; Viçenc Thomàs, de PSIB, y David Abril, de MÉS per Mallorca en la presentación de la propuesta // Alberto Serrano
Los partidos que sostienen el pacto de gobierno en Baleares, (PSIB y MÉS per Mallorca como partidos representados en el Govern, y Podem como apoyo externo), han presentado una propuesta para realizar una comisión no permanente del Parlament que audite la deuda de las Illes Balears en busca de deudas derivadas de corrupción.
La propuesta ha sido presentada y registrada por Laura Camargo, de Podem; Viçenc Thomàs, de PSIB, y David Abril, de MÉS per Mallorca. Esta medida forma parte de los “Acords pel canvi”, el acuerdo de gobierno firmado para facilitar la investidura de Francina Armengol. Podem forma parte de este pacto como apoyo externo, pero no tiene miembros en el Ejecutivo insular, que sólo tiene consejeros del PSIB y de MÉS.
La deuda de las islas asciende a 9.049 millones de euros a final del tercer trimestre de 2017, lo que supone un 30.8% de su PIB, el cuarto mayor entre las comunidades autónomas tras la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Catalunya. La deuda per cápita asciende a 7.797 euros por persona, la tercera mayor entre todas las comunidades.
Según ha explicado a El Salto la diputada de Podem, Laura Camargo, calculan que de esa deuda entre 200 y 400 millones podría ser debida a los casos de corrupción del Partido Popular de Jaume Matas. “El caso Palma Arena o el hospital de Son Espases supusieron la petición de préstamos que se han convertido en unas hipotecas que seguimos pagando hoy en día y son claros ejemplos de la mala gestión de unos gobiernos, en nuestro caso el Partido Popular, para enriquecer a sus amigos”, lamenta Camargo.
Además, la auditoría incluirá las transferencias de competencias hechas de forma indebida y la de inversiones estatutarias.
El presupuesto del Govern de les Illes Balears, de algo más de unos 5.000 millones de euros anuales, destina un 20% de este al pago de su deuda. “La comunidad educativa lleva años reclamando exactamente una inversión de 1.000 millones y nunca llega, pero para pagar esa deuda siempre lo tenemos”, explica la diputada.
La petición registrada hoy tendrá que ser aprobada en la próxima junta de portavoces. Los votos de los tres grupos que han presentado la propuesta, sumados a los votos de Més per Menorca y Gent per Formentera, son número suficiente para sacar la propuesta adelante y crear la comisión de auditoría.
En cuanto a los fines y funcionamiento de la futura comisión de auditoría, Camargo explica a El Salto que el motivo principal es indentificar y analizar todas las políticas autonómicas que han podido tener un impacto negativo en cuanto a la inversión y al gasto, pero no solo desde un punto de vista económico: “Queremos analizar una auditoría de impacto social, medioambiental y de género, en la que se puedan involucrar los agentes y movimientos sociales que ya han trabajado anteriormente estos temas desde el activismo”, y añade que “lo importante es que la gente conozca cómo hemos llegado a tener esta deuda y qué se ha hecho con el dinero de sus impuestos y de la Comunidad, habilitando a la misma vez mecanismos de control desde la ciudadanía”.
