- La vicepresidenta y ministra de Trabajo plantea esta idea en su primer borrador respaldada por una reciente sentencia del Supremo y en contra de algunas patronales, como la construcción
- La modalidad de obra y servicio cayó hasta los seis millones de contratos en 2020, el año pandémico, y es una de varias medidas para atajar la temporalidad más alta de Europa, cercana al 25%
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz // EFE
El plan de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para atajar la temporalidad que afecta a casi uno de cada cuatro trabajadores en España (24,6%), la tasa más alta de Europa, tiene varias caras. Y una de ellas, que viene anunciándose casi a gritos desde la histórica sentencia del pasado 24 de diciembre, consiste en suprimir el contrato de obra y servicio y sustituirlo por otra tipología contractual.
La modalidad de obra y servicio es una de las más polémicas en España: no se denomina así en el Estatuto de los Trabajadores, sino «contratos de duración indeterminada» que se aplicarían «cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta«. Puede durar hasta tres años, y es recurrido por muchas compañías para pagar menos por hacer el mismo trabajo que cualquier asalariado indefinido. Y, según datos de CCOO en 2019, ese año se firmaron más de ocho millones de contratos al año (8.193.202, concretamente). Sobre un total de 21.676.700. El 37,7% del total. Muchos trabajadores encadenan esta clase de contratos. De hecho, solo el 10% de los que se firman anualmente son indefinidos, según los datos del Sepe.
En 2020, el año marcado por la pandemia, estos contratos fueron recurridos menos veces: 6,2 millones (6.241.088), una caída que lógicamente se explica por las restricciones pero que sigue siendo muy relevante (40% del total, que sumaron 15.333.964). Las cifras del año pasado no deberían tomarse en consideración, explican los sindicatos. En el primer trimestre de 2021 se han firmado aproximadamente 1,5 millones de contratos por obra y servicio, para un total de 3,7 millones de contratos totales (otra vez el 40%).
En un año normal previo a la pandemia habría unos ocho millones de contratos bajo una modalidad que el Gobierno quiere erradicar, y que afectaría tanto a contratas como subcontratas. La sentencia del Supremo apuntaba a la subcontratación, resaltando que es «ilógico» sostener que el «grueso» de la actividad económica de cualquier empresa pueda tener «un carácter excepcional al que el contrato por obra o servicio debe atender». Los sindicatos comparten la filosofía del Supremo de que no se debe utilizar el contrato de duración determinada por razones productivas (obra y servicio) para atender las actividades normales y permanentes de empresas, y extienden esta lógica a contratas, subcontratas y concesiones administrativas.
¿Qué ha traído el Gobierno a la mesa de diálogo? Según lo adelantado por La Vanguardia y El País, además de la supresión del contrato de obra y servicio –y su sustitución por otro contrato eventual basado en causas productivas–, Trabajo puso ofreció un borrador con varias medidas a los agentes sociales: una de ellas aboga por restringir los contratos temporales para hacer frente al “incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual”; en otras palabras, para frenar los abusos por causas productivas, Yolanda Díaz apuesta aquí por la modalidad de fijo-discontinuo.
Al hilo de esto último, no se sancionan todos los contratos por causas productivas (por ejemplo, para la temporada estival en la hostelería u otros sectores). Pero Trabajo sí se decanta por limitar la duración de la contratación en este caso a seis meses, y excepcionalmente a un año.
También entran en juego las causas organizativas: cuando transcurran dos años en los que un trabajador temporal sustituye a otro indefinido (por maternidad/paternidad, excedencia, baja médica o la razón que fuere), la contratación temporal se convertirá en indefinida. De acuerdo con lo publicado, si el trabajador sustituido pidiera reincorporarse podría prescindirse de él por la vía del despido objetivo, algo que está por negociarse aún. Como el resto de cosas.
Si no hay alta laboral, el trabajador es fijo
Finalmente, el último punto señala que cuando un despido temporal sea declarado nulo, la empresa tiene la obligación de readmitir a los empleados. Actualmente se da una indemnización, que suele ser poco costosa para el empresario. Según adelantó La Información, la nulidad del despido se centraría en «las personas trabajadoras que hayan suscrito un contrato de duración determinada, respecto de aquellos contratos concertados al margen de las razones justificativas previstas en las disposiciones legales, y, en concreto, de las referidas en el apartado 3 del artículo 15 de esta norma [Estatuto de los Trabajadores], cualquiera que sea la causa alegada para la extinción». Y ese articulado también es objeto de revisión por parte del ministerio, ya que Trabajo quiere que todas las personas que no hayan sido dadas de alta en el Régimen de la Seguridad Social sean automáticamente declaradas fijas. Una posición que permitiría combatir no solo la temporalidad, sino la contratación fraudulenta.
Trabajo y CEOE no han hecho declaraciones, alegando que la mesa de diálogo está en marcha. Sin embargo, las fuentes consultadas auguran una ardua batalla entre sindicatos y patronal, especialmente en algunos sectores empresariales como la construcción. Los sindicatos se ciñen a las declaraciones de sus dirigentes manifestadas el miércoles 9 de junio, tras una nueva ronda de negociaciones: UGT ha pedido complementar todas las propuestas de Trabajo con duras sanciones. Por su parte, la responsable de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente, ha dicho a la salida de la reunión que «se debe «actuar y trabajar en profundidad sobre la contratación temporal, formativa y sobre la contratación de carácter parcial». Vicente ha admitido la «complejidad» de esta mesa de diálogo.
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