Más de 300 familias en pisos de la Sareb de Barcelona, Madrid, Valencia, Alacant, Valladolid y Zaragoza exigen una negociación colectiva y “una solución social” a la ruina de la empresa ahora pública.
El 22 de febrero, un centenar de personas se concentraron a las puertas del Ministerio de Economía para exigir una negociación colectiva con la Sareb, el FROB y el Ministerio de Nadia Calviño.
La falta de respuestas de la Sareb y una situación cada vez más desesperada de más de 300 hogares, que tienen al banco malo como casero, ha vuelto a movilizar a cientos de personas en Barcelona, Madrid, Valencia, Alacant, Valladolid y Zaragoza.
Demandan una negociación colectiva con la entidad financiera recientemente nacionalizada así como una mesa de seguimiento con supervisión ministerial. Además, entre las principales exigencias del Plan Sareb, iniciativa impulsada por los sindicatos de inquilinos, colectivos de barrio y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), figura la “cesión total indefinida” del patrimonio inmobiliario de la Sareb para la creación de un parque público de vivienda.
En Madrid, cerca de un centenar de personas se congregó este 22 de febrero frente a la sede del Ministerio de Economía para reclamar una “solución social” a la ruina de la Sareb. Los gritos de “gente sin casa, casa sin gente”, “vergüenza” y “esos de enfrente desahucian a la gente” dieron paso a los testimonios de los afectados por las prácticas abusivas de la Sareb. Entre ellos, el de Julián, residente en el bloque de la calle Cáceres, en Arganzuela (Madrid), donde 17 familias de renta baja, con 50 personas y diez menores de edad, están pendientes de un desahucio convocado para el 28 de febrero. La anterior convocatoria, del 3 de febrero, fue anulada por la presión social. Las familias se niegan a aceptar soluciones para una parte de la vecindad y exigen que toda la comunidad de vecinos pueda quedarse en el edificio. Y es un solo caso de los centenares que semana a semana se van uniendo a la campaña.
Sin la presión del movimiento de vivienda, explican desde el Plan Sareb, una empresa ahora bajo el control del Estado “seguirá siendo un instrumento para enriquecer al sector financiero-inmobiliario”
“La situación que están viviendo las compañeras es insostenible”, dice Lucía Casado, portavoz del Plan Sareb, quien exige la paralización inmediata de los desahucios y la “cesión total e indefinida” de todas las viviendas de la entidad nacionalizada.
Las medidas al respecto anunciadas hasta ahora por el Gobierno no bastan, según afirma Casado. La cesión en usufructo de viviendas de Sareb para su gestión por parte de las comunidades autónomas, prevista en el Plan de Vivienda 2022-2025 y desarrollada en el convenio firmado por el Gobierno y Sareb, “no supondrá la creación de un parque público de vivienda por ser temporal, por ser muy reducido en su tamaño, solo 5.000 viviendas más de las 10.000 ya cedidas supuestamente por Sareb, y supondrán nuevas cargas presupuestarias para el Estado”, señala Casado.
Sin la presión del movimiento de vivienda, explica, una empresa ahora bajo el control del Estado “seguirá siendo un instrumento para enriquecer al sector financiero-inmobiliario”. La salida de los accionistas privados de la Sareb, entre ellos los principales bancos españoles, tiene como objetivo, apunta Casado, “colocar toda la deuda de Sareb bajo las espaldas de todos y todas, mientras ellos seguirán quedándose con las viviendas y el suelo”.
Por ello, desde el Plan Sareb insisten en pedir una “auditoría profunda” del banco creado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y Luis de Guindos —hoy vicepresidente del Banco Central Europeo— para comprar a precios inflados el patrimonio tóxico de las cajas y de la banca quebradas tras el estallido inmobiliario. Las pérdidas continuadas de esta entidad llevaron a la Comisión Europea a pedir —a través de su oficina de estadística— que la deuda de la Sareb se contabilice como deuda pública. Al fin y al cabo, aunque la mayoría del accionariado estaba hasta hace unos meses en manos privadas, el Estado había avalado el préstamo europeo de 35.000 millones de euros. El Estado se había inhibido de que la Sareb figure como empresa pública para evitar los controles y la transparencia exigida en este tipo de empresas dependientes del Estado, según contaba a El Salto Manuel Gabarre, autor de Tocar fondo, la mano invisible detrás de la subida del alquiler. La venta a precio de saldo de las viviendas de la Sareb a inmobiliarias y grandes fondos de inversión explican en buena parte la ruina de esta empresa ahora nacionalizada, explicaba Gabarre.
Prácticas abusivas
Cientos de familias organizadas en el Plan Sareb en diversas ciudades de la península llevan cerca de un año denunciando las prácticas abusivas de esta entidad. Lo saben de primera mano porque les ha tocado tener al banco malo de casero. Hostigamiento, precios abusivos, desahucios sin alternativa habitacional, obstáculos para el alquiler social, vulneración de la ley estatal de alquileres… la lista de afrentas es grande pero todas confluyen en una, que explica las demás, según el Plan Sareb: dar “seguridad jurídica” a los posibles compradores, fondos de inversión y a las inmobiliarias, en perjuicio de los habitantes de sus viviendas.
Para todas estas familias el Plan Sareb lleva desde el 24 de marzo de 2021 exigiendo una negociación colectiva con la Sareb, el FROB y el Ministerio de Economía. Como primera medida, exigen la paralización de las demandas judiciales y la suspensión de todos los procesos de desahucio pendientes. “El contexto de la negociación colectiva no debería darse bajo la amenaza del desahucio”, señalan en el documento entregado a sus contrapartes en el Gobierno. Además de “el fin de la vía judicial como primera respuesta sistemática de la Sareb”, desde el colectivo de familias afectadas piden que la ahora entidad pública utilice “criterios claros, basados en índices de renta” a la hora de conceder alquileres sociales y no en “criterios imprecisos de vulnerabilidad”. En los casos en los que actuales residentes no puedan quedarse en sus pisos y no se pueda conseguir un alquiler social, el Plan Sareb demanda que los realojos “atiendan mínimamente los criterios de arraigo y proximidad al domicilio original”.
Como primera medida, exigen la paralización de las demandas judiciales y la suspensión de todos los procesos de desahucio pendientes. “El contexto de la negociación colectiva no debería darse bajo la amenaza del desahucio”
Desde el este colectivo también piden el fin de la práctica de “divide y vencerás” y que se firmen acuerdos por edificios donde no se establezcan diferencias entre los vecinos “a la hora de negociar y garantizar la búsqueda de una solución para todas, sin excluir arbitrariamente a nadie”. Además de pedir el fin de las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler, también exigen el compromiso de la Sareb de renovar los alquileres ya firmados con la entidad respetando la actual ley estatal de alquileres, que obliga en estos casos a una duración mínima de siete años más tres años de prórroga.
“Estamos organizadas y tenemos fuerza en la calle y capacidad para negociar, de saber cuáles son nuestros criterios y tenéis la obligación de atender esto como lo que es, un conflicto político”, decía un portavoz del Plan Sareb a la salida del Ministerio de Economía.
