Las revelaciones del caso Tándem, en el que se juzgan varias actividades criminales de las cloacas policiales dirigidas por José Villarejo, ponen en el disparadero a Andrés Gómez Gordo, comisario de policía en activo y presunto autor del informe elaborado para desacreditar a Pablo Iglesias y Podemos.
Eduardo Inda mostrando en La Sexta el documento fraudulento sobre un supuesto pago a Pablo Iglesias en Granadinas.
El comisario Enrique García Castaño señaló el pasado martes 8 de octubre en sede judicial al también comisario Andrés Gómez Gordo como el responsable de la elaboración del informe fraudulento sobre financiación ilegal de Podemos. Sobre aquel documento, que se divulgó el 12 de enero de 2016, un día antes de que se constituyeron las Cortes de la XI Legislatura —las primeras con Podemos en el Congreso— se edificó un relato periodístico sobre una posible transferencia de 93.000 euros por parte de los gobiernos venezolano e iraní a Pablo Iglesias.
Los medios OK Diario, El Confidencial y La Sexta fueron los primeros en dar la supuesta exclusiva aportada por el informe PISA (Pablo Iglesias, Sociedad Anónima).
Desde la declaración del martes de su compañero en el Cuerpo Nacional de Policía, Gómez Gordo aparece como el primer sospechoso de haber confeccionado ese documento que fue divulgado pese a que no contaba con ningún sello o firma de funcionario alguno.
García Castaño no atribuyó a Gómez Gordo la divulgación de otro supuesto pago por parte del Gobierno de Venezuela en el paraíso fiscal de Granadina, aunque sí explicó que ambos se hicieron en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, en aquel momento dirigida por Eugenio Pino. Según explica Gloria Elizo, diputada y responsable legal de Podemos en la causa que instruye el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, la Fiscalía no permitió a la acusación particular que representa seguir preguntando sobre el nombre del autor del informe de Granadina.
La ascensión de Gómez Gordo
Después de la sesión del martes, el nombre de Andrés Gómez Gordo ha devuelto a primera plana la vinculación del Partido Popular —y no solo de la cúpula del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz— con los intentos de involucrar a Podemos con tramas corruptas mediante la elaboración de informes falsos.
La carrera de Gómez Gordo ha estado vinculada al PP desde al menos el año 2007, durante la etapa de Esperanza Aguirre en la presidencia madrileña, gracias a su relación con Alfredo Prada y, sobre todo, con el exconsejero autonómico, hoy imputado en el caso Púnica, Francisco Granados. A través de Granados, Gómez Gordo entró posteriormente en contacto con María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa, para quien trabajó como director de Análisis y Documentación de Castilla-La Mancha hasta 2015.
En su primera etapa en la Comunidad de Madrid, Gómez Gordo ejerció de director de seguridad de la Ciudad de la Justicia, un proyecto del que queda en pie un edificio, una red subterránea de transporte inútil y un agujero de 106 millones de euros que también está siendo investigado por la Justicia. Según una denuncia planteada en marzo de 2018 por el PSOE, Gómez Gordo “era quien firmaba los informes técnicos que resultaban determinantes para puntuar a las diferentes ofertas que se presentaban a los concursos”. Desde marzo, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada está siendo investigado como “responsable del desarrollo económico y contractual de la sociedad” por orden del juez José de la Mata.
Desde su paso por el gabinete de Cospedal en Castilla-La Mancha, el entonces inspector captó al chófer del entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, hechos por los que hoy está imputado en una pieza separada del llamado caso Kitchen. Según declaró Enrique García Castaño el pasado mes de abril, Gómez Gordo pudo haber obtenido del chófer de Bárcenas dos discos duros con información clave sobre la financiación del PP.
Según la declaración del pasado martes, los pagos al conductor de Bárcenas ascendieron a 2.000 euros mensuales y se hacían a cuenta de los llamados “fondos reservados”.
Hasta junio de este año, María Dolores de Cospedal no ha sido exonerada de la principal acusación que recaía sobre ella en el caso de la financiación ilegal del PP. El extesorero Luis Bárcenas mantuvo contra ella la acusación de que cobró mordidas en 2007 por la adjudicación de un contrato de basuras en Toledo a una filial de Sacyr Vallehermoso. La Audiencia Provincia de Toledo ha desestimado en 2019 la acusación contra la que fue secretaria general del PP desde 2008 a 2018.
Por su parte, Gómez Gordo, que desde 2015 pasó a depender de la Dirección Adjunta Operativa del comisario jubilado Eugenio Pino, fue condecorado pocos meses después de su vuelta al servicio policial activo con una Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo pensionada con 200 euros mensuales, como publicó en aquel momento la periodista de Público Patricia López. En diciembre de 2018, Gómez Gordo juró como comisario del cuerpo general de Policía. Un mes después, Podemos denunció el posible trato de favor por el uso y disfrute residencial de las instalaciones del piso superior de la Comisaría del Distrito Centro de Alicante, ciudad en la que sigue asignado.
La cadena de mando
“Gómez Gordo es alto responsable de la cúpula policial con plena competencia —explica Gloria Elizo—, pero sabemos que la Dirección Adjunta Operativa, bajo el mando de Eugenio Pino, estaba encargada de ello y era parte del operativo responsable de este tipo de prácticas”.
La cadena de mando, no obstante, sigue tirando hacia arriba: tanto García Castaño como el propio Eugenio Pino, en sus declaraciones de esta semana la Audiencia Nacional, han vinculado al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el caso Kitchen, la pieza sobre el robo de discos duros a Bárcenas dentro de la macrocausa Tándem. Según Pino, Martínez supervisó los pagos al chófer de Bárcenas con cargo a los fondos reservados.
Uno de los aspectos destacados en los interrogatorios es el uso de fondos reservados de Interior para operaciones criminales y de chantaje. Un aspecto opaco, envuelto en el velo de los secretos de Estado y que, según ha declarado el comisario José Villarejo, clave del bóveda del caso Tándem, estaría relacionado con casos de evasión fiscal que implicarían al propio Estado.
Para Elizo, que lleva dos años trabajando en el caso Tándem, quedan aproximadamente seis meses para que se levante el secreto de sumario sobre un buen número de piezas que permitirán acceder a mucha más información sobre el funcionamiento de las cloacas policiales.
“Las cloacas no las hacen para dañar a Podemos solamente —explica esta exdiputada—, hay muchas tramas, tremendamente importantes, que tienen que ver con cuestiones que afectan a la institucionalidad democrática, que afectan a las bases del Estado”, subraya.
Desde Podemos se insiste en que las cloacas son una práctica parapolicial que sobrevive desde el franquismo, puesta en marcha para mantener “el poder de las élites económicas y políticas” e indistintamente promocionadas o permitidas por el PSOE y el PP. Elizo explica que se tratan de algo que es “mucho más que un negocio”, un dispositivo responsable de actos criminales “para tener una intervención política y económica de primer grado en el periodo democrático”.
Acceso a la información
La acusación particular de Podemos insiste en que en el marco de la pieza Dina, que se dio a conocer en marzo de este año, el partido de Pablo Iglesias ha requerido en varias ocasiones que se le facilite la información incautada al comisario José Villarejo relacionada con el secretario general de la formación morada. Según declara a El Salto Gloria Elizo, desde 2018 la acusación popular de Podemos pidió “como prueba de la investigación de supuestas tramas delictivas de Villarejo que se seleccionara la información que tuviera que ver con Podemos o con Pablo Iglesias porque conocíamos por otros procedimientos que acreditamos en la causa que Villarejo había estado involucrado en estos hechos”. Elizo refiere que el juez admitió a trámite ese requerimiento “pero nunca nos dieron ninguna información”.
A raíz de la apertura sobre la pieza sobre el robo de un móvil a una trabajadora de Podemos, la llamada pieza Dina, la acusación particular volvió a requerir la información recopilada por Villarejo y recibió por respuesta, en una resolución judicial, que no existía “ningún tipo de documentación que tenga que ver con Podemos ni con Pablo Iglesias” en la información incautada al excomisario y empresario de la seguridad. Finalmente, “hace aproximadamente 20 días —según Elizo— descubrimos una reseña en una providencia dentro de una resolución del juzgado que dice que el DVD con la información de Podemos y de Pablo Iglesias se encuentra en el procedimiento”. La acusación particular aún no ha recibido respuesta al escrito de solicitud de esas pruebas archivadas en un DVD por el presunto cerebro del caso Tándem, José Villarejo.
