Responsables de Pricewaterhouse Coopers están llamados a declarar // La investigación sobre la venta de 18 promociones de vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid en la época de Ana Botella (PP) continúa este viernes con las declaraciones de los responsables del plan de viabilidad, firmado por la consultora PriceWaterhouse Coopers.
Fermín Oslé Uranga, antiguo consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, trabaja ahora en la constructora Velasco. Ahí le han avalado, según figura en su perfil público en inglés, su “especialización en procesos de reestructuración y reorganización de empresas”, y su conocimiento “extensivo” de la Administración y empresas públicas.
Ocupación en marzo de 2013, de la sede central del Banco Malo, en Madrid, por miembros de la PAH. / David Fernández
Este ejecutivo fue uno de los diez altos cargos del PP en la época de Ana Botella como alcaldesa de Madrid que dio plantón el 16 de junio a una comisión de investigación municipal. Esta comisión tenía que indagar en los detalles de la adjudicación, en julio de 2013, de 1.860 viviendas de la EMVS al fondo Blackstone. La compraventa fue denunciada como irregular el pasado abril por un informe de la Cámara de Cuentas y abrió un nuevo frente en el ya grave problema de acceso a la vivienda y de desahucios en los barrios más empobrecidos de la capital. El viernes 1 de julio está prevista la segunda sesión, a la que están llamados a declarar los responsables del informe de viabilidad de la consultora PriceWaterHouse Coopers, un plan para un proceso de venta que el actual equipo de Gobierno, PSOE y Ciudadanos consideran que estuvo amañado.
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Entre quienes plantaron al Gobierno municipal y a todos los partidos de la oposición: dos actuales concejales del PP en el Ayuntamiento (Pablo Cavero y Borja Carabante), los antiguos gerentes de la empresa autonómica de vivienda (IVIMA) Juan Van-Halen y Ana Gomendio, además de la exalcaldesa Ana Botella. No existen imputados por esta venta, si bien Van-Halen y Gomendio sí están investigados por la venta paralela, también en 2013, de 2.900 viviendas autonómicas a Goldman Sachs.
Venta récord
En apenas cuatro meses y medio –entre marzo y julio de 2013–, el Consistorio de Ana Botella tenía firmado un contrato de venta de 18 promociones de vivienda pública (los 1.860 pisos con distintos tipos de alquiler más plazas de garaje y locales) con la unión temporal de empresas formada por el fondo Blackstone y Magic Real State.
Botella cerró el proceso de venta de 18 promociones a Blackstone en apenas cuatro meses y medio
En palabras de Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, esta celeridad se debe a que “los contratos ya estaban adjudicados”. El proceso de concesión –en función de lo dictaminado por la Cámara de Cuentas– incumplió tanto la normativa interna de la EMVS (que obligaba a informar y a presentar una oferta de compra a los inquilinos) como la ley de contratos del sector público.
Una muestra: el consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, afirmaba en el pleno del 17 de abril de 2013 a pregunta de UPyD que “no existía ninguna operación” de venta de patrimonio. Dos semanas después, adelantándose en una semana a que la consultora Pricewaterhouse Coopers entregara un plan de viabilidad donde por primera vez se detallaba la cifra de 1.860 viviendas, la EMVS anunciaba en un periódico de tirada nacional la venta de las 18 promociones.
“La EMVS tenía poderes extrasensoriales, se adelantó a lo que la consultora iba a proponer”, afirmó en la comisión de investigación la concejala del PSOE Mercedes González. “Mes y medio antes de que se aprobara el plan de viabilidad de la EMVS, ya se había puesto en venta este patrimonio”, continuaba. Este desfase temporal es sólo uno de los aspectos irregulares que quieren seguir investigando los grupos municipales.
El núcleo del asunto: la adjudicación de las 18 promociones por 128,5 millones de euros estaba calculada 32 millones hacia abajo, según la Cámara de Cuentas. “El plan era capitalizar la empresa, y lo que hicieron fue descapitalizarla”, denunciaba Sánchez Mato. Y en la letra pequeña las irregularidades no acaban ahí: en julio se firma la adjudicación a Blackstone con dos millones adicionales de rebaja. Atribuidos, según Mercedes González, a “una supuesta morosidad en el pago de rentas por los inquilinos”.
Las consecuencias de la operación llegan hasta hoy. Sobre la mesa está la posible reversión de estos contratos, algo que desde el área de Equidad y Derechos Sociales, presidida por la concejala Marta Higueras, no se ve posible actualmente, si bien “se estudiarán todas las vías”, tal y como señaló en una reunión con los vocales de Ahora Madrid en los distritos.
Inquilinos sin protección
La onda expansiva de la venta a Fidere –el fondo que finalmente se quedó con las 1.860 viviendas– llega hasta hoy: este año terminan 350 contratos antiguos; en 2017, 352, y en 2018, 690, según el PSOE. Para quienes se estuvieran beneficiando de algún tipo de reducción de alquiler, el cambio de casero supondrá un aumento que varía de los 50 euros a más de 500 en función de la situación personal. Todo un desafío para la política social y de vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
