Nada interesados en conocer la verdad del caso, los rivales políticos de Podemos prefieren ignorar uno de los mayores escándalos que pueden darse en una democracia: el espionaje a un rival político y la elaboración de informes policiales falsos para desacreditarlo que se filtraban a través de medios y periodistas afines a las cloacas.
Pablo Iglesias sale de la Audiencia Nacional, donde se ha personado como perjudicado en el caso Villarejo. (JUAN CARLOS HIDALGO | EFE)
A menos de un mes de las elecciones generales, el presidente del Gobierno, PP y Ciudadanos han optado por ponerse de perfil sobre la guerra sucia desatada en 2016 contra Pablo Iglesias y Podemos desde la cúpula del ministerio del Interior cuando Jorge Fernández Díaz dirigía el departamento. Nada interesados en conocer la verdad del caso, los rivales políticos de Podemos prefieren ignorar uno de los mayores escándalos que pueden darse en una democracia: el espionaje a un rival político —con robo de un un teléfono móvil incluido—, y la elaboración de informes policiales falsos para desacreditarlo que se filtraban a través de medios y periodistas afines a las cloacas.
Salvando las distancias, se podría decir que este es un pequeño watergate a la española: desde las llamadas cloacas del Estado se espió y se elaboró información falsa contra Pablo Iglesias para intentar evitar un pacto entre el PSOE y Podemos tras las elecciones de 2016. La Audiencia Nacional ya está investigando el montaje orquestado por esa policía política que contaba con las bendiciones de la cúpula del ministerio del Interior y que tenía como eje al comisario jubilado José Manuel Villarejo, actualmente en prisión. Esta misma semana Pablo Iglesias ha declarado como testigo y también lo ha hecho el propio Villarejo como imputado en el marco del caso Tándem.
Pero, ni los medios de comunicación —salvo honrosas excepciones, entre ellas Público, que fue el primero en informar sobre las cloacas— ni los partidos políticos le están prestando una gran cobertura a la noticia que se ha producido esta semana. El propio Iglesias lamentaba este viernes por la mañana en una entrevista en la cadena Ser no haber recibido mensajes de apoyo de ninguno de los dirigentes del resto de partidos, ni tan siquiera del Gobierno o del presidente Pedro Sánchez.
Ese escaso interés de los medios de comunicación, especialmente los inclinados a la derecha, le ha venido bien a los rivales políticos de Iglesias. Pablo Casado, el presidente del PP, el partido que gobernaba entonces, ha preferido hablar de otros asuntos durante la semana, desde la polémica con el presidente de México sobre la conquista de América a la siempre socorrida independencia de Catalunya. Los periodistas apenas le han preguntado una vez por la operación contra Iglesias. Su respuesta puede considerarse todo un monumento a las palabras huecas: «No hay informaciones contrastadas cuando las haya podré opinar», dijo el jueves el líder del PP, evitando valorar el caso.
Ciudadanos también ha optado por escurrir el bulto. Ningún dirigente del partido naranja ha hecho mención alguna al caso. Es como si no existiera. Y de ahí parece que no se van a mover.
Sorprende más la actitud del PSOE, que tampoco ha mostrado mayor interés en denunciar un caso que supuestamente le beneficia, pues entonces estaba en la oposición, pero como ha recordado Iglesias en la Ser, «el PSOE unió dos veces sus votos al PP para impedir una comparecencia de Villarejo en la comisión de investigación sobre las cloacas el Congreso de los Diputados». Aquella comisión se cerró en falso, en parte porque el comisario jubilado no pudo explicar su versión de los hechos.
La reacción del Gobierno también ha sido tibia. El primero en referirse a la guerra sucia contra Podemos y su líder fue el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien el jueves, a preguntas de los periodistas, afirmó: «Es una vergüenza que se haya podido supuestamente utilizar instituciones del Estado con fines absolutamente abyectos». Marlaska reclamó «responsabilidades políticas» a quienes dirigían el ministerio del Interior y calificó el asunto de «grave» sin ir más allá.
Este viernes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, la ministra portavoz Isabel Celáa se ha limitado a decir que el Gobierno está a disposición del poder judicial para ayudar en «todo lo que pida». Sin embargo, no ha querido hacer más valoraciones amparándose en que el caso está bajo secreto de sumario. «No podemos hablar sobre ello, el Gobierno debe mantener una línea roja». Una línea roja que también le impide valorar las cada vez más cuestionables actuaciones de la policía política que auspició el Gobierno del PP desde el ministerio del Interior.
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