La negativa del PSOE a regular el precio de los alquileres y de la CEOE a seguir negociando el desmontaje de la reforma laboral hasta que no se clarifique la situación llega a pocos días del efecto dominó iniciado en Murcia. ¿Casualidad? No lo parece. La patronal y el PSOE mueven sus fichas. Pero no son los únicos.
[label type=»success»]+reciente, elsaltodiario.com, 21-03-2021:[/label] Pensionistas y movimiento de vivienda vuelven a las calles
El 25 de febrero de 2021 representantes de nueve partidos parlamentarios se comprometieron por escrito con las demandas del movimiento social y sindical para la nueva Ley de Vivienda // No CC Dani Gago
Un batir de alas en Murcia. Lo que empezó como un escándalo por las vacunaciones VIP a altos cargos del Partido Popular murciano se ha convertido en un huracán político cuyas consecuencias apenas conseguimos imaginar. La avalancha de decisiones que siguieron a la convocatoria de una moción de censura en esta comunidad autónoma marcará la agenda política de los siguientes meses. La decisión de Pablo Iglesias de dejar a mediados de abril la vicepresidencia, el Gabinete de Ministros y el acta de diputado para disputar un partido, el de la Comunidad de Madrid, que todos daban por perdido, definirá el futuro de la formación morada. También puede condicionar el futuro de las principales leyes en pugna dentro del Ejecutivo: la ley trans, la reforma laboral y de las pensiones, y la ley de vivienda.
El PSOE y las patronales mueven sus piezas para arrinconar a la formación morada y hacer prevalecer sus principios. Una auténtica “batalla ideológica” se está dando dentro del Gobierno, cuenta a El Salto el diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral.
La vuelta a la mesa de negociación para desmontar la reforma laboral, el pasado miércoles 17 de marzo, apenas ha servido para confirmar lo que ya se sabía: ni CEOE ni Cepyme quieren saben nada de dar más poder a los sindicatos con la derogación de los artículos que atacaban la negociación colectiva ni mucho menos revisar la precariedad en la subcontratación. A la excusa del covid-19, se le suma ahora una más: quieren esperar al resultado de las elecciones madrileñas del 4 de mayo antes de seguir hablando.
El PSOE se niega a regular el precio de los alquileres y propone, en cambio, bonificaciones a los propietarios que bajen los precios, una propuesta que “no va a ningún lado” y que nunca será aceptada por Unidas Podemos, confirma a El Salto el diputado de UP Rafael Mayoral
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El momento de incertidumbre también ha sido utilizado por el PSOE para filtrar una parte importante de la Ley de Vivienda donde se confirma que las tesis de los Ministerios de Nadia Calviño, José Luis Ábalos y José Luis Escrivá se van imponiendo frente a las posiciones de sus socios de Gobierno y del movimiento de vivienda. El PSOE se niega a regular los alquileres y propone, en cambio, bonificaciones a los propietarios que bajen los precios, una propuesta que “no va a ningún lado” y que nunca será aceptada por Unidas Podemos, confirma Mayoral a El Salto. Tampoco la apoyarán los otros partidos parlamentarios que dieron su voto para la investidura y para los presupuestos, y que se han comprometido por escrito con más de 9.000 organizaciones sociales a convertir en ley la regulación del precio de los alquileres.
El 18 de marzo, Pablo Iglesias emplazó al partido socialista a cumplir con lo firmado: “El PSOE y UP nos comprometimos ante toda España a regular los precios de los alquileres. No cumplir un acuerdo de Gobierno que se firmó ante los ciudadanos es faltarles al respeto. Unidas Podemos no va a consentir que se tome el pelo a la gente. Lo que se firma, se cumple”.
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El PSOE y la patronal mueven sus fichas. La sociedad civil también: este sábado el movimiento por la vivienda, los sindicatos y las plataformas pensionistas han convocado una movilización para garantizar que la vivienda sea considerada como un derecho y no como un “bien de mercado”, como defendió Ábalos en rueda de prensa, y para mostrar su rechazo a los planes de reforma del sistema de pensiones público presentado por Escrivá.
“Tenemos un momento de lucha de clases en el seno del Estado, igual que antes se daban las contradicciones en el marco del Parlamento. Hoy los verdaderos debates políticos de lo que ocurre y deja de ocurrir se están dando en el seno del Gobierno”, dice Rafael Mayoral, de Unidas Podemos
“Tenemos un momento de lucha de clases en el seno del Estado, igual que antes se daban las contradicciones en el marco del Parlamento. Hoy los verdaderos debates políticos de lo que ocurre y deja de ocurrir se están dando en el seno del Gobierno. Por ejemplo, en el decreto de protección de desahucios, nosotros metimos toda la parte de protección, y el PSOE, la compensación a los propietarios. Aquí cada uno ha escrito su parte”, cuenta Mayoral.
Para Alejandra Jacinto, activista y abogada de CAES, la salida de Pablo Iglesias no tendría por qué afectar a la negociación de la Ley de Vivienda, el último proyecto en el que trabajará como vicepresidente, según sus propias palabras. “Si no prospera esta ley será porque el partido socialista traiciona el pacto de investidura, traiciona el pacto de presupuestos, traiciona a los votantes del PSOE que lo apoyaron pensando que con eso limitaría los precios de los alquileres y a todos los ciudadanos que pensamos que deberían regularse”.
Mayoral tampoco cree que la posición negociadora de Unidas Podemos se haya debilitado, aunque reconoce que el debate sobre la Ley de Vivienda se está produciendo en un “contexto de gran inestabilidad política y de presiones muy fuertes del poder económico” que está siendo aprovechado por el PSOE y las patronales para conseguir sus objetivos: “Al igual que en el tema de la reforma laboral, lo están peleando y no lo han dejado de pelear. Esta pelea viene de largo”.
Nada nuevo bajo el sol
Todo empezó con una moción de censura. Pero no la de Murcia, sino con la que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno el 1 de junio de 2018. Entre las medidas que negociaron ambas formaciones para asegurar la gobernabilidad estaba la regulación de los alquileres. Y era una de las principales exigencias de Unidas Podemos para la reforma de la ley de alquileres negociada con el PSOE a finales de 2018. Sin embargo, la regulación desapareció en la redacción final de esta ley. A principios de 2019, Unidas Podemos prestó sus votos en el Congreso para tumbar el decreto de sus teóricos socios. Tras una nueva negociación y la incorporación de otras demandas sociales en el redactado, el decreto fue finalmente aprobado, aunque la regulación de los alquileres se quedó fuera del texto.
Fue el área de la ya entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, concretamente la dirección de Política Económica de Luis Martí, según publicó entonces el diario El Mundo, la que presionó para la retirada de esta medida del Real Decreto. Este periódico relacionaba esta decisión con las reuniones mantenidas entre Calviño y representantes de diversos fondos buitre con negocios en el mercado español del alquiler. En septiembre de 2020, Martí era fichado por la compañía Acciona, con grandes intereses inmobiliarios.
Pese a la evidencia, el pasado 17 de marzo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía en que la propuesta de incentivos fiscales no incumplía el acuerdo de investidura
El resto de la historia es más conocido. Más allá de las tantas veces que Pedro Sánchez y José Luis Ábalos declararon su disposición a aceptar la regulación de los alquileres, hay dos documentos que no dejan lugar a dudas. El primero es el acuerdo de investidura, donde ambas formaciones se comprometen literalmente a “poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”. Pese a la evidencia, el pasado 17 de marzo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía en que la propuesta de incentivos fiscales no incumplía el acuerdo de investidura.
El segundo documento es la “Declaración sobre regulación de los precios del alquiler”, del 25 de octubre pasado, en el que PSOE y Unidas Podemos volvían a comprometerse a “regular la contención de las rentas del alquiler”. A cambio, el PSOE y el resto del bloque de investidura permitió la aprobación de los primeros presupuestos generales del Estado en tres años.
“Tienen un problema muy serio y es que lo han firmado. En otras cosas no van a llegar a donde nosotros queremos que lleguen, pero en alquileres lo que han planteado es lo contrario de lo que viene en el acuerdo de Gobierno”, señala Mayoral.
Un modelo indeficiente
La propuesta del PSOE para contener el precio de los alquileres, según filtró la Cadena Ser el pasado 17 de marzo, consiste en bonificar hasta en un 90% los alquileres en zonas tensionadas que bajen la renta un 10%. En el caso de que el propietario la alquile a una persona de menos de 35 años, a través de programas sociales o por primera vez, la exención se situaría en el 70%.
Para Alejandra Jacinto, la propuesta solo puede entenderse como una “cesión a las presiones del lobby inmobiliario” y supone “ni más ni menos que pagarle la fiesta entre todos los contribuyentes a los que se han estado lucrando en todos estos años con las subidas abusivas de los alquileres y con la especulación inmobiliaria”. Este modelo de incentivos fiscales, que no puede llamarse regulación dice esta abogada experta en temas de vivienda, solo se ha probado en Portugal y ha sido “un auténtico fracaso”.
Actualmente ya se ofrece un 60% de bonificación a las viviendas de alquiler, por lo que en muchos casos resultará más rentable a los propietarios subir los precios que aceptar de forma voluntaria una bajada del alquiler. Además, la rebaja del 10% de la que habla la propuesta se sitúa muy lejos de los aumentos experimentados en los últimos cinco años: en Madrid, el alquiler subió el 57%; en Catalunya, un 60% y en País Valencià, un 67%, según datos de Fotocasa. Las críticas de los socios de Gobierno, del movimiento de vivienda y de los sindicatos de inquilinos apuntan a estos y otros factores, pero todos coinciden en uno: no va a funcionar ni va a servir a los hogares que más lo necesitan.
Para Alejandra Jacinto, la propuesta del PSOE supone “ni más ni menos que pagarle la fiesta entre todos los contribuyentes a los que se han estado lucrando en todos estos años con las subidas abusivas de los alquileres y con la especulación inmobiliaria”
Ni tampoco va a ayudar a la reactivación de la economía, añade Mayoral: “Quien paga alquileres son personas de clase trabajadora que no tienen cuentas en paraísos fiscales, y el dinero que tú le quitas para dárselo a un capital rentista y parasitario son recursos que no se van a destinar a reactivar la economía”. Para el secretario de Relaciones con Movimientos Sociales de Unidas Podemos, no existe contradicción entre derechos sociales y economía. Desde un punto de vista de eficiencia económica, la subida salarial y no tener que destinar gran parte del salario a pagar el alquiler son herramientas que permitirían salir de la crisis. “Poner por delante a los derechos sociales es más eficiente económicamente. En el relato siempre nos han ganado”, sostiene.
El escritor y filósofo César Rendueles lo decía con gracia en redes sociales: “La propuesta de Ábalos sobre los alquileres es un proyecto de elusión fiscal popular, una especie de extractivismo de clase media. Consiste en convertir en miniyoutubers andorranos a ese 14% de familias españolas que completan sus ingresos con rentas procedentes del alquiler”.
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Pero esto no ha terminado. La negociación se prolongará semanas y el debate continuará en el Parlamento una vez que se haya consensuado un borrador. Las piezas siguen moviéndose y queda todavía un mes para ver quién gana la partida.
“Ellos vienen de largo aliento planteando no tocar ningún control de precios y meter la regulación dentro del acuerdo de Gobierno tampoco fue fácil. El resultado va a depender de alinear todas las fuerzas que quieren que esto salga adelante, en el ámbito institucional, social, comunicativo, igual que están tirando del otro lado”, apunta Mayoral.
Este sábado 20 de marzo, a las 12h en la Puerta del Sol en Madrid, a las 11h ante la Delegación del Gobierno en Barcelona y en decenas de ciudades de todo el Estado español, miles de personas exigirán al PSOE una ley de vivienda estatal que incluya la regulación de alquileres, pare todos los desahucios y obligue a los grandes tenedores a hacer alquileres sociales.
“El sábado saldremos a las calles para recordarle al partido socialista que se ponga del lado de la gente y no de los especuladores. Es el momento de posicionarse y de arriesgarse y de garantizar de verdad el derecho a la vivienda”, avisa Jacinto.
