- Siete comunidades se resisten a la clausura de estos espacios y Madrid es ya la región más laxa en este ámbito pese a ser la séptima en incidencia
- El documento de medidas conjuntas acordado entre Gobierno central y regiones se suavizó tras la primera propuesta de Sanidad para permitir la apertura de la hostelería aun con una transmisión descontrolada
- Fernando Simón aseguró este lunes que la clausura de la hostelería es la medida que se ha demostrado «más eficaz» para reducir los contagios, pero su impacto económico es notable
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PP, Pablo Casado, charlan en bar de la localidad de Móstoles // EFE
La tercera ola del covid-19 arrecia en España: el pasado fin de semana fue el más duro en cuanto a contagios registrados desde el principio de la pandemia. La gran mayoría de provincias se encuentra en un nivel alto o extremo de transmisión, con una incidencia acumulada a 14 días (casos/100.000 habitantes) por las nubes, hospitales de nuevo al borde de la saturación y una estrategia de test que no llega a cubrir las necesidades. Sin embargo, siete de ellas, aún con fuertes limitaciones, no han llegado a tomar una de las decisiones más duras y eficaces para cortar las alas del virus: cerrar el interior de bares y restaurantes. La Comunidad de Madrid, séptima en cuanto a incidencia acumulada, permite en toda la región un aforo del 50% en estos espacios, abriendo hasta las 22 horas.
Esto es posible gracias a un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que en octubre aprobó por consenso un documento llamado Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, que pretendía establecer medidas conjuntas contra la pandemia. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Sanidad, estricta en su origen, se descafeinó hasta la práctica irrelevancia en algunos de los ámbitos. En cuanto al interior de bares y restaurantes, el documento solo impone que los Gobiernos autonómicos «deberán valorar» la idoneidad de clausurarlos. La única obligación es planteárselo.
La Comunitat Valenciana, con una incidencia acumulada a 14 días de las más altas del país (896,12 casos) es la última que se ha sumado al cierre completo de la hostelería para aplanar la curva. Se suma a otras que han clausurado la totalidad de estos establecimientos, como Castilla-La Mancha, Baleares en las islas de Mallorca e Ibiza, Extremadura en los municipios de más de 5.000 habitantes o Murcia salvo nueve pueblos y ciudades menos afectados. Otras han decidido clausurar solo los interiores, aunque las bajas temperaturas hagan difícil la rentabilidad de la terraza: es el caso de Asturias en Avilés, Corvera y Castrillón, así como Canarias, Castilla y León y Galicia en el nivel más alto de restricciones. Y, en un tercer grupo, siete comunidades mantienen bares y restaurantes funcionando en todos sus espacios, aunque con diferentes limitaciones, pese a sufrir un nivel alto o extremo de covid-19. Es el caso de Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Euskadi, La Rioja y la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, Madrid se ha distanciado del resto con las medidas más laxas con respecto a la hostelería de entre las que se encuentran peor por la pandemia. La última novedad fue el establecimiento del toque de queda a las 23 horas y el cierre de bares y restaurantes a las 22. Con una incidencia acumulada que bordea los 700 casos, es la séptima más afectada por el virus. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se niega a ir más allá: «Para arruinar más a la hostelería, conmigo que no cuenten», declaró este martes. En un primer momento, el Ministerio de Sanidad pretendió acordar con las comunidades autónomas el cierre de los interiores cuando se alcanzaba un nivel alto o extremo de transmisión. Todas las regiones mencionadas están en esos escenarios, al cierre de este reportaje. Siete no han ejecutado la clausura de estos espacios, porque la negociación de octubre en el marco del Consejo Interterritorial tumbó la obligación. Solo se establece, en el documento definitivo, que «deberán valorar» la decisión. Sin más.
El 15 de octubre se filtró a la prensa una primera versión, elaborada por el Ministerio de Sanidad, del documento llamado Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, también conocido como semáforo covid a semejanza de lo establecido por otros países europeos. Establecía cuatro estadios para cada territorio mediante los cuales calificar su situación: nueva normalidad, riesgo bajo, riesgo alto y riesgo extremo, según indicadores como los casos, el número de test realizados, el porcentaje de esas pruebas con resultado positivo, la trazabilidad (la capacidad de detectar de dónde proviene un caso), la incidencia entre los grupos de riesgo, los hospitalizados o la situación de las UCIs, entre otros ámbitos. Y lo más importante: establecía medidas mínimas a implementar por cada autoridad sanitaria autonómica. Eran duras, visto hasta dónde han llegado las regiones: y algunas polémicas, como limitar el aforo del transporte público sin una obligación expresa de teletrabajar.
En cuanto a la hostelería, la versión del 14 de octubre defendía que, en los dos niveles más altos, los interiores debían estar cerrados. En terrazas al aire libre, el aforo debía ser del 50%. También se proponía en estos escenarios «limitar aforo al 30% en autobuses, metro, trenes y aviones». Además, exigía reforzar «más del 30%» las capacidades de la Salud Pública, sobre todo en lo relativo al rastreo de casos. Todo desapareció en la versión definitiva tras el paso del documento por el Consejo Interterritorial de Salud. Para garantizar su cumplimiento, estas actuaciones debían ser consensuadas por todas las comunidades. Y, como suele ser habitual, se optó por un consenso de mínimos.
El acuerdo final, «actualizado a 22 de octubre de 2020» y disponible aquí, disipaba cualquier tipo de concreción con respecto a los interiores de bares y restaurantes. El punto sobre la hostelería llama a las comunidades en nivel de riesgo alto o extremo (la inmensa mayoría, ahora mismo) a «valorar el cierre de las zonas interiores de los establecimientos, y en su defecto, reducir los aforos al mínimo posible«. Todo lo relativo a las capacidades de la Salud Pública se eliminó directamente de la parte dedicada a las medidas. Y, en cuanto al transporte público, se cambiaron las limitaciones de aforo por un genérico «aumentar la frecuencia de horarios al máximo para garantizar una ocupación lo más baja posible».
La modificación relativa al interior de bares y restaurantes no es baladí. Si el documento propuesto por Sanidad hubiera salido adelante, hasta siete comunidades tendrían que tomar medidas más estrictas que las que están tomando ahora, en plena tercera ola y con un ritmo endiablado de contagios. Además, todos los expertos en Medicina Preventiva y Salud Pública coinciden en que es necesario tomar decisiones duras con respecto a estos establecimientos, donde la ingesta de comida y bebida es incompatible con el uso de mascarilla y donde la transmisión por aerosoles se hace fuerte.
No es fácil: el dinero para las ayudas se agota y la situación económica de los empresarios y de sus trabajadores es muy difícil desde la primera ola. «Sé que no es popular, pero la medida más eficaz y la que ha demostrado un mayor impacto en el control de la transmisión es el cierre del interior de los bares», aseguró este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. No es, en todo caso, una varita mágica: en muchas ocasiones, como se demuestra aquí, suelen hacer falta más de 15 días para empezar a notar las consecuencias en forma de descenso de la curva. Hay otros factores en juego.
Desde la desescalada tras el primer confinamiento, la mayoría de las decisiones en cuanto a la lucha frente al covid-19 son competencia de las comunidades autónomas. Están bajo al amparo del decreto del estado de alarma, vigente como mínimo hasta mayo, y que establece límites a las medidas que chocan con los derechos fundamentales: como se ha encargado recientemente el Gobierno de recordar con un recurso contra Castilla y León, no se puede adelantar indefinidamente el toque de queda. Tampoco se puede establecer un confinamiento domiciliario de los ciudadanos: sería necesario un nuevo decreto. Sin embargo, algunas regiones piden más contudencia al Ejecutivo central sin ir hasta el final en cuanto a las restricciones que están en su mano.
Es el caso de Andalucía. El vicepresidente, Juan Marín (Cs) ha asegurado que el confinamiento domiciliario «es la solución»: sin embargo, y por el momento, el interior de bares y restaurantes sigue abierto en la comunidad, aunque los establecimientos deben cerrar a las 18 horas. También las terrazas, calificadas como de «bajo riesgo» por el documento consensuado con las regiones en el Consejo Interterritorial. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue en su guerra permanente con el Gobierno. «El Gobierno de España o está desaparecido en la lucha contra el virus o está entorpeciendo la estrategia del resto de administraciones», declaró este lunes con respecto a la petición de Castilla y León. Sin embargo, nadie le impide aplicar la «estrategia» que los epidemiólogos coinciden que es más útil contra la transmisión: cerrar el interior de bares y restaurantes.
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