El Tribunal Supremo reconoce la pena de seis años de prisión para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves por delito de malversación y prevaricación.
// PSOE Andalucía
El Tribunal Supremo ha confirmado esta mañana la condena de seis años y dos días de prisión por delitos de malversación para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por el caso de los ERE. El TS también confirma la pena impuesta por delitos de prevaricación a su antecesor Manuel Chaves de nueve años de inhabilitación. Se ratifica así la sentencia 490/2019 de la Audiencia Provincial de Sevilla publicada el 19 de noviembre de 2019.
Estas condenan son el punto y final de once años de procesos judiciales que han supuesto un hecho crucial para el declive del PSOE en Andalucía, que hasta entonces era un acérrimo feudo socialista. Los ERE han supuesto el mayor caso de corrupción política en el seno de la Junta que no solo ha implicado al PSOE, sino también a los sindicatos CC OO y UGT. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, los delitos de malversación cometidos entre el año 2000 y el año 2009 ascienden a 680 millones de euros.
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El origen del macrocaso de corrupción se encontró al identificar irregularidades en un ERE realizado en Mercasevilla, a raíz de una grabación de dos directivos de la empresa a comienzos de 2009. Este indicio derivó en destapar una red clientelar que implicó a miembros del gobierno andaluz, sindicalistas y empresarios a través de concesiones fraudulentas.
El mecanismo de fraude actuaba a través de prejubilaciones pagadas a personas que no eran trabajadoras de dichas empresas, subvenciones de un fondo de recuperación a empresas inexistentes y pago de comisiones a intermediarios (sindicalistas, consultoras y abogados).
La sentencia de la Audiencia Provincial también pone el foco en el uso ilícito de estas subvenciones por parte de miembros de la Junta de Andalucía para el pago de fiestas y drogas. En 2012, el ex chofer del ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía, confirmó haber recibido dos subvenciones de 900.000 euros de parte de su jefe, Javier Guerrero. “La mayor parte del dinero la utilicé para comprar cocaína y otros gastos como fiestas y copas”, reconoce el chófer.
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Mercedes Alaya fue la jueza encargada de llevar a cabo el inicio del procedimiento. La magistrada fue cuestionada hasta ser sustituida por la jueza María Núñez Bolaño, quien también ha estado expuesta a las críticas y a las presiones políticas. El caso de los ERE ha sido un procedimiento largo e histórico que ha supuesto un punto de inflexión en la política partidista en Andalucía. A pesar de la popularidad y el carisma de Susana Díaz, sus años de gobierno en plena eclosión de las investigaciones no pudieron hacer sobrevivir a un PSOE andaluz herido de muerte con este caso. Esto fue una de las causas de la victoria abrumadora del PP en las dos últimas elecciones.
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