- Como hizo la Cámara de los Lores con el dictador chileno, el juez concluye que la «inmunidad personal» de los jefes de Estado se limita a los que están «en ejercicio»
- La decisión del magistrado abre la puerta a que se celebre el juicio por la demanda por acoso de su antigua amante, Corinna Larsen
El rey emérito, Juan Carlos I, en la capilla ardiente para despedir a Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso //
La justicia británica reabrió este jueves el melón de la inviolabilidad del rey emérito y la prescripción de sus presuntos delitos fiscales, las dos claves que le han salvado de ser penalmente perseguido en España. Y lo hizo dando vía libre a que avance la demanda civil por supuesto acoso de Corinna Larsen contra Juan Carlos I al concluir que este ya no goza allí de inmunidad. Y no le asiste ya ese privilegio porque, sostiene el juez en su decisión, “la inmunidad personal de un jefe de Estado” de otro país solo resulta aplicable si se encuentra «en activo». Y que aunque el demandado por su antigua amante tiene el estatus de rey emérito, “es igualmente claro que hay solo un rey de España y jefe de Estado”: Felipe VI.
La decisión adoptada por el juez Matthew Nicklin en lo que en España se denominaría auto, invoca en siete ocasiones y a modo de jurisprudencia la vertiente británica del caso Pinochet: es decir, el acuerdo que en 1998 adoptó la Cámara de los Lores respecto al dictador chileno a raíz de una solicitud de extradición formulada por España y que finalmente no se materializó. Refugiado en Londres para huir de la justicia, el dictador chileno había recibido el respaldo inicial de los tribunales británicos, que le aplicaron lo que se conoce como inmunidad de Estado. Pero la Cámara de los Lores dio un giro copernicano: la inviolabilidad legalmente atribuida a los jefes de Estado no vale para quienes ya no ocupan el cargo.
El acoso que le atribuye Corinna Larsen presenta una distancia sideral respecto a los crímenes de Pinochet. Pero la corte británica asume el razonamiento seguido entonces. La inmunidad personal de un jefe de Estado –escribe el juez Nicklin– se aplica solo «a los jefes de Estado en activo». O lo que es lo mismo, en ejercicio. A renglón seguido, el magistrado incluye un entrecomillado de lo acordado en 1998 por la Cámara de los Lores respecto a Pinochet: si no se pudiera someter al dictador a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado «sería una afrenta a la dignidad y soberanía del Estado que personifica y una negación de la igualdad de los estados soberanos».
El magistrado introduce un párrafo susceptible de interpretarse como una auténtica bofetada a los abogados que defienden al emérito frente a Larsen: de aceptarse sus argumentos –los del letrado de Juan Carlos I– «si el acusado entrara en una joyería de Hatton Garden [un área del centro de Londres] y robara un anillo de diamantes, no podría enfrentarse a ningún proceso civil o penal en esta jurisdicción (a menos que el Estado español renunciara a su inmunidad)». Visto desde España, el ejemplo al que acude el juez Nicklin reabre la pregunta sobre cómo la Fiscalía desiste de presentar una querella contra el anterior jefe del Estado al tiempo que cifra en 56 millones lo que defraudó a Hacienda.
El auto judicial británico, que amenaza con sentar en el banquillo a Juan Carlos I, llega tres semanas después de que la Fiscalía archivase sus diligencias de investigación. Aunque recibió un triple aviso de que estaba siendo investigado, la Fiscalía defiende que Juan Carlos I hizo una regularización de fondos espontánea. El emérito había ocultado dinero en paraísos fiscales. Por la información remitida a España por Suiza se sabe que en 2008 le había regalado 64,8 millones de euros el rey de Arabia Saudí, un país que, como recordó el PSOE en enero, aplica la pena de muerte a mujeres y miembros del colectivo LGTBI. En 2010, el sultán de Bahrein le regaló 1,4 millones de euros. El porqué de tales donaciones sigue sin conocerse. El emérito vive desde 2019 en Abu Dabi. Dirigentes políticos como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, consideran que «ya ha ido pagando con disculpas sus problemas con Hacienda».
Cuestionada por juristas que consideran que la inviolabilidad o inmunidad de Juan Carlos I aplicable a sus cuatro décadas como jefe del Estado solo debería circunscribirse a sus actos y decisiones de carácter público, la inviolabilidad ha sido un tabú sin fisura para todos los Gobiernos con independencia de su color. Como publicó infoLibre en 2018, en solo dos décadas el Congreso ha vetado casi 200 preguntas sobre el monarca. ¿La coartada? La inviolabilidad. En teoría, ahora puede investigarle el Tribunal Supremo.
Tras conocerse la decisión del juez que tramita la demanda de Corinna Larsen, el abogado Gonzalo Boye, chileno de nacimiento, fue uno de los primeros que este jueves avisaron de la similitud jurídica con el caso Pinochet. En un tuit, Boye reprodujo, en el original inglés, el primer punto de los expuestos por el juez británico en la parte dispositiva de su decisión. Traducido al español, ese punto viene a decir lo siguiente: «Rechazo el argumento del demandado de que, a pesar de su abdicación, su posición constitucional en España significa que, no obstante, sigue siendo un «soberano» y posee el derecho a la inmunidad personal que le otorga el artículo 20(1)(a)». El artículo que cita el magistrado pertenece a la Ley de Inmunidad de Estado, SIA por sus siglas en inglés.
Ver más: La Fiscalía eleva hasta 56 millones lo que defraudó el rey emérito – infolibre.es, 03-03-2022
