CaixaBank, Bankia y el Banco Santander adelantaron la indemnización a una empresa de Florentino Pérez que gestionaba la plataforma que ocasionó más de 1.000 temblores de tierra. En 2017, el Tribunal Constitucional declaró nula dicha indemnización.
Los exministros Soria y García-Margallo y el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra visitando el Proyecto Castor // Presidencia de la Generalitat
El Tribunal Supremo se ha pronunciado y obliga a que el Estado pague los 1.350 millones de euros que tres bancos financiaron mediante un préstamo para pagar la indemnización, aprobada por decreto por el Gobierno del Partido Popular y pagada en un tiempo récord de 30 días, a la empresa ESCAL UGS de Florentino Pérez. Dicha cantidad se pagó en concepto de “lucro cesante” al obligar a la empresa a cerrar el proyecto tras registrarse más de mil temblores en las costas castellonenses donde se encuentra.
En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró nula dicha indemnización. El Tribunal estimó que no se dieron razones de urgencia y necesidad que la Constitución exige al Poder Ejecutivo para legislar por decreto ley el pago de la indemnización, tal y como se hizo en este caso en octubre de 2014.
En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró nula dicha indemnización. El Tribunal estimó que no se dieron razones de urgencia y necesidad que la Constitución
El proyecto Castor es un almacén geológico de gas. Un antiguo yacimiento de petróleo que, una vez vaciado, se utilizó para depositar gas. Este gran agujero en la tierra se encuentra a 22 kilómetros mar adentro en la costa del norte de Castellón. Al producirse los terremotos fue paralizado, pero los inversionistas y la empresa de Florentino Pérez no solo no respondieron por lo daños ocasionados por los terremotos, sino que fueron indemnizados por ello.
En octubre de 2014, justo un año después de los temblores, el Gobierno del Partido Popular aprobaba el Real Decreto Ley 13/2014 por el que se aceptaba la renuncia del megaproyecto y se indemnizaba a ESCAL UGS con 1.351 millones de euros, para que la empresa pudiera devolver el dinero a los inversores que habían adquirido bonos emitidos mediante una operación en Luxemburgo.
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