Tres presidentes, más de 20 ministros y varias decenas de secretarios de Estado han pasado de crear las reglas del mercado eléctrico a cobrar millonarios sueldos en los consejos de administración de las principales empresas del sector.
Las puertas giratorias no son una anomalía en las grandes eléctricas sino una práctica habitual y consentida // Arte El Salto
¿Sueñan los políticos con las eléctricas? Desde los inicios de la privatización del sector cientos de altos cargos públicos han acabado en los consejos de administración de las pocas empresas que controlan la generación, la distribución y la comercialización de la energía. El resultado del experimento, el esperable: una política energética a medida de los intereses del oligopolio que domina el mercado eléctrico.
De siete presidentes del Gobierno que ha tenido España desde la muerte de Francisco Franco, tres de ellos terminaron a sueldo de las eléctricas: Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar. Más de 20 ministros, tanto del PSOE como del PP, y muchos más secretarios de Estado, pasaron de diseñar e impulsar las normas que rigen el mercado eléctrico a cobrar sueldos millonarios gracias a estas “puertas giratorias”.
Todos los grandes timoneles de la economía española han terminado trabajando para los intereses de las eléctricas en detrimento de los del Estado: Miguel Boyer, Pedro Solbes, Luis de Guindos, Rodrigo Rato y Elena Salgado
Prácticamente todos los grandes timoneles de la economía española han terminado trabajando para los intereses de las eléctricas en detrimento de los del Estado: Miguel Boyer, Pedro Solbes, Luis de Guindos y Elena Salgado. En el caso de Rodrigo Rato, no lo hizo en plantilla, pero facturó a Endesa 25,8 millones de forma ilegal.
Según datos de El Economista, la remuneración de un consejero externo independiente, una figura muy utilizada entre los políticos retirados, es de 240.000 euros anuales en Endesa, de 374.000 euros en Iberdrola, de 178.000 euros en Red Eléctrica Española y de 225.000 euros anuales en Naturgy. El propio Felipe González llegó a cobrar cerca de medio millón de euros de Gas Natural (hoy Naturgy) en cuatro años de trabajo antes de abandonar la compañía porque el trabajo le resultaba “aburrido”.
Un sueldo considerable, pero no tanto como el de Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda con el PSOE y presidenta de Red Eléctrica de España desde febrero de 2020: nada menos que 546.000 euros en un solo año.
El actual régimen de incompatibilidades no ha impedido que se generalicen las puertas giratorias y los intentos de reformarlo se han estrellado antes de despegar. En septiembre de 2020, Iberdrola fichaba a la exministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y a la antigua titular de Empleo, Fátima Báñez, para dos de sus filiales en Brasil y México.
Las eléctricas sueñan con los políticos
Hay historias personales que explican muy bien cómo funcionan las puertas giratorias. Fijémonos por un momento en la trayectoria personal de Carmen Becerril. Afín al PP, fue un alto cargo dentro de la Secretaría de Estado de Energía durante el primer mandato de José María Aznar.
Podría parecer un puesto no muy importante. Pero sucede que en esas oficinas, en ese momento preciso, se diseñaban las bases del futuro modelo eléctrico español, nada menos que la famosa ley 54/1997. Entonces, los teléfonos no dejaban de sonar, cuenta la propia Becerril. “Estoy muy preocupado por la salud del Papa”, soltó el entonces secretario de Estado de Energía en una reunión. Tras unos segundos de sorpresa general resolvió el chiste: era el único que no había llamado preguntando por la ley.
En la historia que relata Carmen Becerril no se especifica quién estaba llamando a las oficinas de la Secretaría de Estado de Energía. Claramente, por el resultado de ley, no eran los consumidores.
La liberalización del sector eléctrico ya había empezado con el Gobierno de Felipe González. La ley 54/1997, que renunciaba abiertamente “a la noción de servicio público”, iba mucho más allá, creando una normativa a medida de las grandes empresas, a costa de los consumidores y del propio Estado.
Para el entonces ministro de Industria, Josep Piqué, la fijación del precio se dejaría en manos de la oferta y la demanda, algo que solo podría traducirse en una “reducción de la tarifa” al permitir la libre competencia. Piqué terminó trabajando para Abengoa
Según el entonces ministro de Industria, Josep Piqué, la fijación del precio se dejaría en manos de la oferta y la demanda, algo que solo podría traducirse en una “reducción de la tarifa” al permitir la libre competencia.
Desde entonces, el precio de la electricidad se fija en una subasta continua en la que las diferentes empresas generadoras dicen cuánta energía pueden producir y a qué precio. Se empieza a cubrir la demanda empezando por las más baratas y la última en entrar, la más cara, marca el precio de las demás.
Una fórmula polémica, distorsionada por el hecho de que los vendedores de energía y sus compradores suelen pertenecer a los mismos grupos y, en ocasiones, incluso, se han puesto de acuerdo para inflar los precios de la electricidad. En 2019, Competencia multó con 25 millones de euros a Endesa y Naturgy por inflar los precios de la electricidad. En 2013, el mismo órgano sancionado con otros 25 millones de euros a Iberdrola por la misma práctica.
Dinero caído del cielo y otros milagros
Además de las subastas, entre las herencias de aquel modelo energético destacan algunos regalos especialmente interesantes para asegurar que las eléctricas siempre salgan ganando: los “beneficios caídos del cielo” de las nucleares y las hidroeléctricas y los costes de transición a la competencia.
Los costes de transición a la competencia son una especie de indemnización para las grandes eléctricas por aceptar la competencia, una ayuda para contrarrestar los posibles vaivenes de un mercado controlado casi sin fisuras actualmente por tres actores. Una investigación del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) cuantificaba estas ayudas a las grandes empresas en 7.327 millones de euros.
La sobrerretribución de las nucleares e hidroeléctricas supuso un regalo de 10.000 millones de euros, al menos hasta 2015, según un informe del ODG. Este dinero lo pagan los hogares a través de la factura de la luz
El “dinero caído del cielo” o también conocido como “sobrerretribución” de las nucleares y las hidroeléctricas es una consecuencia de cómo se calcula el precio de la luz en las subastas del mercado eléctrico. En estas subastas diarias se asigna el mismo precio —el más alto hasta que se cubre la demanda— a todas las generadoras de electricidad. Las nucleares y las hidroeléctricas, que ya han amortizado sus inversiones hace décadas, son las que pagan menos por la generación de electricidad. Un regalo de 10.000 millones de euros, al menos hasta 2015, según el informe del ODG. Esta diferencia la pagan los hogares a través de la factura de la luz.
Si se suman todas las concesiones a las grandes eléctricas, según este estudio del ODG, los hogares entregaron a través de la factura de la luz a las grandes eléctricas entre 60.000 y 80.000 millones de euros en “pagos ilegítimos” entre 1998 y 2013. Una derrama continua para pagar los beneficios de las eléctricas y los millonarios salarios de sus consejeros, entre ellos centenares de políticos de todos los colores.
El resultado de un modelo eléctrico diseñado por y para las grandes empresas eléctricas: en 2020, España era el tercer país de Europa con la factura de la luz más cara de toda Europa; y en las primeras semanas de 2021, el primero de todo el continente
Para cerrar el círculo, en el año 2000 el Gobierno del PP diseñó un plan para garantizar perpetuamente los beneficios de las eléctricas. Las empresas pusieron sobre la mesa sus costes y el Gobierno los aceptó sin ningún tipo de auditoría pública. A partir de ese momento, si el dinero que ingresaban las empresas era inferior a esos costes acordados, se debía pagar esta diferencia a las empresas. Se había creado la famosa deuda con las eléctricas, que luego fue titulizada y comprada por los grandes bancos. Aún hoy los consumidores la pagan religiosamente en cada factura de la luz. En 2019, se habían ‘devuelto’ 21.000 millones de euros. Y quedan otros 21.000 millones euros por pagar.
El resultado de este gran golpe: en 2020, España era el tercer país de Europa con la factura de la luz más cara de toda Europa; y en las primeras semanas de 2021, el primero de todo el continente.
Al igual que Aznar y Piqué —entre una larguísima lista de altos cargos de aquella época— Carmen Becerril pasó de trabajar en el diseño del sector eléctrico a ocupar sillones en las principales empresas del sector: directora general de internacional en Acciona, presidente de Acciona Energía y consejera de Endesa. Las vueltas de la historia, a partir de 2018, Becerril pasó a dirigir OMEL/OMIE, la entidad que gestiona las subastas de electricidad en la península.
Y es un solo caso. El trabajo de investigación realizado por La Marea #YoIbexTigo llegó a contabilizar 175 altos cargos políticos que terminaron trabajando para las eléctricas.
La agencia de colocación
En los años 80 —cuando las empresas energéticas y eléctricas eran públicas— el trasvase de políticos vinculados al PSOE y al antiguo régimen a los consejos de administración era la norma. Unas puertas giratorias que siguieron abiertas y funcionando a todo gas cuando estas empresas fueron privatizadas a partir de los 90.
La participación del Estado en alguna de ellas —el 20% en Red Eléctrica y el 5% en Enagas— permitía convertir estas compañías en agencias de colocación de cargos políticos, una especie de retiro soñado para los políticos afines al partido del Gobierno. La participación de diversas cajas de ahorros en las empresas eléctricas fue otra de las vías de entrada de numerosos altos cargos públicos afines al PSOE y el PP, pero también cercanos al PNV, a CDC o a ERC. Muchos de estos ejecutivos terminarían enterrados en juicios por fraude y malversación tras la ruina de las cajas de ahorros en plena crisis inmobiliaria.
La agencia de colocación nunca dejó de funcionar, independientemente del partido en el Gobierno, aunque fue en tiempos de Mariano Rajoy cuando el sistema de puertas giratorias quedó más expuesto. La designación en marzo de 2012 como consejeros de Red Eléctrica Española de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y de Alberto Nadal, ex secretario de Estado de la Energía y hermano del ex ministro de Energía, Álvaro Nadal, hizo saltar la polémica. En pocas horas se vieron obligados a renunciar al cargo.
Dos de los responsables del impuesto al sol, Ignacio Grangel y Luis Valero, en menos de un año estaban colocados en los consejos de administración de las eléctricas
Un año después, Mariano Rajoy impulsó la reforma del mercado eléctrico con la ley 24/2013, que hizo dos nuevas concesiones a las eléctricas: el llamado impuesto al sol y el recorte a los subsidios a las renovables, que aún hoy obligan al Estado a pagar multimillonarias multas en los tribunales de arbitraje internacionales. Dos de los responsables de esta reforma, Ignacio Grangel y Luis Valero, en menos de un año estaban colocados en los consejos de administración de las eléctricas, según la investigación de #YoIbexTigo.
El uso de las puertas giratorias está en el corazón mismo del modelo eléctrico español. Hasta ahora, no ha habido intentos serios de reformar el régimen de incompatibilidades para erradicar esta práctica, convertida en una correa de transmisión directa entre las grandes empresas y el Boletín Oficial del Estado.
La lucha contra las puertas giratorias fue uno de los caballos de batalla de Unidas Podemos frente a la “casta” política en sus orígenes. Todavía en su programa electoral de noviembre de 2019 se incluía la propuesta de prohibirlas. Pero en algún momento de la negociación con el PSOE esta iniciativa perdió fuelle y en el acuerdo de legislatura entre ambas formaciones se recoge apenas una vaga intención de regular “de manera más efectiva” las incompatibilidades. Por ahora, y a menos que haya sorpresas, los políticos podrán seguir soñando con un retiro dorado en las eléctricas. Y las eléctricas podrán seguir dirigiendo la política energética del país.
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