- La Fiscalía Anticorrupción, la Generalitat y el Ayuntamiento rebajan hasta 16 años las penas de cárcel solicitadas para llegar a un acuerdo con la red de propietarios y funcionarios corruptos
- — Hemeroteca | Entrevista a Itziar González
Los acusados, en la sala de actos de la Ciudad de la Justicia de Barcelona // ACN
Una trama corrupta operó en Barcelona durante años tramitando licencias de pisos turísticos a cambio de sobornos. Así lo han admitido funcionarios, propietarios de viviendas y dos intermediarios. Estos últimos han reconocido además que amenazaron a la exconcejal de Ciutat Vella Itziar González y a la gerente y a la arquitecta del distrito que, desde dentro de una administración corrompida, combatieron las irregularidades.
El caso estalló hace 13 años y muestra la cara oculta del ‘boom’ turístico de la Barcelona de inicios de siglo. La trama tenía como epicentro Ciutat Vella, el distrito céntrico de la capital catalana y el más afectado por la turistificación que ha expulsado a miles de vecinos en las últimas décadas. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la mayoría de las defensas han optado por llegar a un acuerdo.
De los 23 acusados en la trama, quince han llegado a acuerdos con Anticorrupción, con lo que previsiblemente evitarán su ingreso en prisión. A otras tres procesadas, funcionarias municipales de menor rango, la Fiscalía les ha retirado la acusación. Solo cinco acusados mantienen su inocencia y han optado por ir a juicio. Son una de las presuntas cabecillas de la trama, la exjefa de la asesoría jurídica de Ciutat Vella, Elena A., quien afronta once años de cárcel, tres funcionarios interinos y un propietario.
Sí han llegado a un pacto con Anticorrupción los otros dos líderes de la red, el exdirector de servicios técnicos de Ciutat Vella Heliodoro Lozano, ya jubilado, y el intermediario entre propietarios y funcionarios, Joaquín Quílez, quien ya acumulaba dos condenas por irregularidades en la tramitación de permisos del Ayuntamiento de Barcelona para locales del Eixample y por avisar de inspecciones administrativas en la causa de corrupción policial en los prostíbulos Riviera y Saratoga.
El pacto comporta el reconocimiento de hechos por parte de los acusados a cambio de una ostensible rebaja en las penas de cárcel. De pedir 20 años de cárcel para Quílez, la fiscal Teresa Duerto ha pasado a solicitar cuatro años y tres meses que el intermediario ha aceptado. Para Lozano la rebaja ha sido de nueve años: de once años y medio a dos años y medio de cárcel. Los propietarios han aceptado entre seis meses y un año de cárcel.
Además del retraso que acumula la causa, la fiscal ha basado la rebaja de penas en la retirada de uno de los delitos de prevaricación y falsedad documental al considerar que la “agilización” de los expedientes no rebasaba la línea del Código Penal. Salvo sorpresa, la Fiscalía pedirá al final del juicio que no entren en prisión al no sumar más de dos años de cárcel ninguna de las penas por los delitos a los que serán condenados (cohecho, prevaricación, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y amenazas).
La trama corrupta se urdió a raíz de la aprobación de un plan urbanísticos por el que el Ayuntamiento de Barcelona en 2008 que limitaba la apertura de nuevos apartamentos de uso turístico en el distrito de Ciutat Vella, que a finales de la pasada década ya vivía los efectos del turismo masivo. Los acusados que han pactado han admitido que con el objetivo de agilizar las gestiones para obtener las licencias, varios propietarios contactaron con Quílez, que a cambio de un soborno les garantizó que regularizarían sus pisos turísticos.
Luego Quílez contactó con Lozano y, tras acordar una contraprestación económica, le convenció para “desarrollar las actuaciones necesarias para agilizar la tramitación” de los expedientes y “obviar” los defectos en las solicitudes, que en varios casos eran “de tal entidad” que solo se podía denegar la licencia, aunque finalmente se concedió. La suma de sobornos alcanza los 70.300 euros.
Además Quílez y su pareja han reconocido que enviaron cartas amenazantes escritas por ella a González, independiente que fue concejal de Ciutat Vella a propuesta del PSC, y a otras dos responsables del distrito para que pudiera seguir funcionando la trama corrupta. A una de ellas además primero la amenazaron por teléfono: “De momento es una advertencia pero pronto será una amenaza”.
Ambos acusados han admitido que a lo largo de finales de 2008 y mediados de 2009 enviaron tres cartas anónimas con varias amenazas. “Zorra, debes arder en los infiernos, ha costado tiempo prepararlo, pero al final doblarás, solamente te falta el descabello como a los toros, te has buscado la ruina en el distrito, debes desaparecer de este mundo ya”, le escribieron a González, que dejó el cargo al año siguiente distanciada con el PSC y el alcalde Hereu.
La arquitecta tuvo que ser trasladada otro distrito por miedo tras recibir una carta en la que se le advertía de que estaba “vigilada al milímetro y con fotografías queda demostrado”. “Se te va a dar un plazo para que pidas el traslado o pasaremos a la acción. Tú para nosotros eres como un animal y tenemos una misión a realizar, dentro de poco tiempo comprobarás cosas que ocurrirán a tu alrededor, te horrorizarás y no será fruto de la casualidad”, rezaba su misiva.
“Haces ilegalidades negándote a firmar expedientes que están correctos, las consecuencias que te puede traer son desastrosas”, amenazaron a la gerente del distrito. Quílez y su pareja han aceptado indemnizar a las tres amenazadas con 22.200, 50.000 y 10.000 euros respectivamente.
