En el ejercicio cerrado en junio, fue el país con más denuncias, con cinco, por delante de Perú, Marruecos, Turkmenistán, Colombia, Venezuela y Tanzania
Ya fue el que más demandas recibió entre 2013 y 2016 y actualmente es el tercero con más casos ante el Ciadi, tras Venezuela y Argentina
Parque fotovoltaico.
España vuelve a encabezar la clasificación anual de denuncias de inversores internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial, como consecuencia de los recortes a las energías renovables que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.
Cuando ha pasado más de un lustro desde la reforma energética de José Manuel Soria (entonces ministro de Energía) para hacer frente al multimillonario déficit de tarifa del sector eléctrico, España fue, con cinco nuevos procedimientos, el país del mundo que más denuncias ante el Ciadi recibió en el ejercicio fiscal 2019, cerrado el 30 de junio, según refleja el último informe anual de la entidad.
España vuelve a liderar ese escalafón como ya hizo entre 2013 y 2016. Ahora lo hace por delante de Perú (cuatro denuncias en 2019), Marruecos y Turkmenistán (tres denuncias), Colombia, Venezuela y Tanzania (dos cada uno). Toma el relevo de Croacia y Colombia (2017-2018) y de Panamá y Perú (2016-2017), que recibieron tres denuncias, respectivamente, en cada uno de esos ejercicios.
España ya fue el país con más procedimientos iniciados ante el Ciadi en 2013-2014 (seis arbitrajes) y en 2014-2015 y 2015-2016 (10 denuncias en cada uno de esos años). Las denuncias han arreciado después de que varios laudos condenatorios hayan animado a varias compañías extranjeras a solicitar un arbitraje al amparo de un mecanismo de protección de la inversión que, según sus críticos, discrimina a los inversores españoles, que no pueden acudir al Ciadi y no vieron prosperar sus reclamaciones ante los tribunales de justicia de España.
En el ejercicio fiscal 2019 se presentaron cuatro nuevos casos contra España ante el Ciadi al amparo de la denominada Carta de la Energía para la protección de inversiones: los de la japonesa Itochu (julio de 2018), la suiza EBL (noviembre), la danesa European Solar Farms (diciembre) y la luxemburguesa Canepa (febrero de 2019). A ellas se sumó otra ajena a la energía, la de varios inversores mexicanos encabezados por el empresario Antonio del Valle por la resolución del Banco Popular. El goteo ha continuado en los últimos meses, con las denuncias presentadas por la belga Sapec (en agosto) y la alemana VM Solar (octubre).
El de los millonarios pleitos contra España ante el Ciadi y otros organismos de arbitraje será uno de los asuntos que tendrá sobre la mesa el nuevo Gobierno. En septiembre, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, cifró en unos 15.000 millones las indemnizaciones que reclaman los denunciantes, según informó El Independiente, que en julio cifraba en más de 34 millones la factura acumulada en servicios de asistencia jurídica y asesoría contratados por el Estado español para defenderse de estos pleitos.
Esa factura sigue creciendo y la última minuta ronda los 730.000 euros: es el presupuesto de un contrato que acaba de licitar el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) en concepto de «Asistencia especializada y pericial para Ministerio para la Transición Ecológica y Abogacía del Estado» en el proceso arbitral que ha planteado la danesa European Solar Farms.
Como consecuencia de este aluvión de pleitos, España contabiliza hoy 39 denuncias ante el Ciadi, solo por detrás de Venezuela (49) y Argentina (56) y por delante de Egipto (34) o Perú (25). Ya ha sido condenada en 11 laudos con indemnizaciones que suman 800 millones. El último revés se conoció en septiembre, con un laudo favorable a otra empresa asesorada por Cuatrecasas, el despacho que en marzo pasado contrató a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Hasta ahora, España ha logrado diferir el pago de esas compensaciones y en el caso de los litigios planteados por inversores de la UE, tiene de su lado a la Comisión Europea, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el denominado caso Achmea, que en marzo del año pasado confirmó que los acuerdos de arbitraje en los tratados bilaterales entre Estados miembros son incompatibles con las normas comunitarias.
Aunque España no ha pagado las multas impuestas hasta ahora, el impacto para su imagen ante los inversores internacionales es evidente. Y el precedente de los pleitos ante el Ciadi y otros organismos de arbitraje ha sido uno de los argumentos de presión que han esgrimido las empresas energéticas para lograr que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) suavice los recortes al sector en su reciente batería de circulares regulatorias.
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