- El fondo de capital riesgo ha acumulado al menos 15 millones de deuda con las arcas públicas por la gestión de cuatro empresas, según datos de de las cuentas auditadas y los informes concursales que la empresa cree están desactualizados
- Los impagos tributarios o a la Seguridad Social forman parte de la estrategia del grupo, que compra empresas a las que luego asfixia, como Unipapel o Electrodomésticos Miró
- Un informe de la Inspección de Trabajo y varias sentencias identifican a Springwater como un grupo empresarial que debe responder solidariamente a sus deudas
- La matriz está controlada desde paraísos fiscales
Planta de Unipapel, adquirida por Springwater // EFE
«Es un momento perfecto para invertir en España». Lo decía en 2013 Martin Gruschka (1), el fundador del fondo de capital riesgo Springwater, que hablaba de las grandes oportunidades en el sector de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país.
Cuatro años después, el fondo ha dejado un agujero a las arcas públicas de al menos quince millones de euros en su gestión de cuatro empresas: Unipapel (dedicada a la papelería y el ensobrado), Electrodomésticos Miró, Delion Comunications (artes gráficas) y Nautalia (agencia de viajes que gestiona cruceros como el de Pullmantur en el que hace unas semanas, según El Confidencial, los viajeros se habían llegado a amotinar (2)).
Se trata de deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, por impago de cuotas sociales, de IVA y de IRPF, según se desprende de la información de la administración concursal y de las cuentas auditadas que manejan los trabajadores. El grupo, en cambio, asegura que esas deudas se han reducido y que Nautalia está al corriente de pago con las administraciones, razón por la cual se ha adjudicado la concesión de la plaza de toros de Las Ventas.
«Springwater hace el trabajo sucio de empresas que quieren sanear su cuenta de resultados, desprenderse de trabajadores o quitarse un problema y no pagar finiquitos. Compran empresas y luego las estrangulan», dice Paloma López, economista de CCOO. El sindicato gestiona los conflictos laborales de varias plantillas afectadas por las maniobras del fondo y está convencido de que las actuaciones de Springwater, similares en varias empresas en las que han entrado, responden a una estrategia.
«Desde el principio su intención no es invertir, es sacar el mayor dinero posible, incluyendo el desfalco a las arcas públicas. Todo el dinero que saca lo gasta en pagar a trabajadores y a prestar a otras empresas del grupo. A los trabajadores les dicen que están buscando un inversor o un comprador, pero eso nunca se produce», dice Paloma López.
Son varias las administraciones afectadas por este agujero. La Seguridad Social, a la que deben cuotas; Hacienda, por el impago de impuestos, en el caso del IVA de productos que ya se han vendido; y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que tiene que hacerse cargo de salarios e indemnizaciones impagados. Los trabajadores son también víctimas directas: dejan de percibir sueldos, indemnizaciones, cotizaciones y acaban inmersos en expedientes de regulación o procedimientos judiciales.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO se ha reunido con el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, para ponerle al corriente de la situación y entregarle la información con la que cuentan ante lo que, sospechan, es «un fraude societario». «Creemos que hay que tomar medidas para no se siga con esta estrategia en otras empresas con mucho empleo detrás», dice el secretario de Acción Sindical, Raúl Olmos. Empleo confirma esa reunión y dice que toda la información ha sido trasladada a la Inspección de la Seguridad Social para que sea examinada.
Matriz en Luxemburgo
La matriz de la que cuelgan las sociedades que ha ido adquiriendo el grupo Springwater en España es la sociedad luxemburguesa Continuum S.A. Según consta en el registro mercantil de Luxemburgo, esta firma fue constituida en abril de 2013 por una serie de sociedades domiciliadas en los paraísos fiscales de Delaware (Estados Unidos), Panamá y Malta. Entre esas firmas estaban la maltesa Pear Group Ltd y la panameña Carbo Property S.A.
En estos cuatro años, la deuda más abultada es la que el fondo ha contraído a través de la empresa Unipapel: 5.846.907 euros. En febrero de este año, Unipapel ya tenía una deuda de poco más de dos millones de euros con la Agencia Tributaria y de 3,6 millones con la Seguridad Social.
Para la plantilla, la llegada de Springwater a finales de 2013 supuso el inicio de su calvario. «A pesar de tener plantilla y clientes, no proporcionaron trabajo. Llegó un punto en que no quedaba papel y nadie pagaba a los proveedores», dice la secretaria del sector de papel, gráficas, y fotografía de CCOO, Joaquina Rodríguez. La empresa, por ejemplo, no pudo hacer el servicio de sobres electorales que había ganado en concurso porque no compraron papel para atender el pedido.
El pasado noviembre, la Audiencia Nacional anuló el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaba a toda su plantilla, unas 300 personas. La sentencia ya advertía de que la maniobra de Springwater buscaba quitarse de encima los costes salariales y endosar ese gasto a las arcas públicas. «Se hace evidente que la suspensión de los contratos solo tiene por finalidad dejar de pagar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, endosar esos costes al Servicio Público de Empleo Estatal y esperar a que el juzgado mercantil, una vez admitido el concurso de acreedores, extinga los contratos de trabajo, cuyas indemnizaciones correrán a cargo del Fogasa», constataba la sentencia.
La deuda que de momento ha dejado Springwater en Kabaena (Electrodomésticos Miró), en concurso de acreedores, era en septiembre del año pasado de 2.422.502 euros. La empresa asegura que se está trabajando en un convenio que permita a la cadena salir del concurso y señala que, mientras, opera con normalidad.
En Delion Comunications la deuda era hace un año de 3.649.136 de euros. Springwater subraya que tras una inyección de capital de cinco millones de euros la deuda con Hacienda se ha reducido en 1,5 millones. A finales de 2015, la deuda en la agencia de viajes Nautalia era de 3.136 euros, una cantidad que ya se ha saldado, según la empresa.
Desde Springwater aseguran que el grupo se hace cargo de empresas en situaciones delicadas y que «algunas se reflotan y otras no». En cuanto a las deudas con las administraciones, las achacan a los procesos de reestructuración y apuros económicos por los que pasan estas compañías.
Preguntados por si es ético dejar ese agujero a las arcas públicas si el grupo gana dinero, Springwater asegura que se trata de una cuestión «que no es pertinente».
Un grupo económico
Tanto Unipapel como Kabaena están en concurso de acreedores. CCOO busca que se declare que estos procesos son concursos culpables y que se declare la responsabilidad como grupo. «Esto implicaría que la responsabilidad no solo fue de la empresa, sino de todo el grupo. Supondría que si hay dinero en el grupo los trabajadores afectados podrían cobrar lo que les adeudan. Un concurso culpable haría también que el administrador único fuera multado e inhabilitado», explica la abogada. Ese administrador es Martin Gruschka.
La sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el ERTE de Unipapel no entró a valorar la otra petición de CCOO: declarar fraudulenta la compra de Unipapel por Springwater. Sí la consideró pertinente la magistrada Emilia Ruiz Jarabo, que en un voto particular aseguró que el fondo de capital riesgo llevó a cabo operaciones «de ingeniería financiera y societaria» con el fin de «eludir» sus responsabilidades laborales. La magistrada también considera que existió creación de empresa aparente y utilización fraudulenta de la personalidad jurídica.
Tanto un informe de la inspección de trabajo de diciembre de 2016 como varias sentencias de juzgados provinciales han asegurado posteriormente que Springwater es un grupo empresarial, lo que le supondría responder de las deudas de todas sus empresas. «Más allá del aspecto jurídico formal de varias empresas, existe una realidad única, con un funcionamiento único que permite (…) atribuirles una responsabilidad solidaria en el pago de las cuotas a la Seguridad Social por las deudas de Unipapel y Delion Comunications», dice el informe de la inspección.
Una de las sentencias, del juzgado de lo social número 5 de San Sebastián que data de abril de este año y que dilucida el despido individual de un trabajador de Unipapel, asegura que el caso es «un claro supuesto de operaciones de ingeniería financiera y societaria encaminadas a eludir responsabilidades laborales, creación de empresa aparente y de utilización fraudulenta de la personalidad jurídica».
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