- Un total de 45 familiares ha demandado a la empresa matriz de DomusVi, quien gestiona la residencia de Alcoi, y a la empresa aseguradora, Mapfre, en representación de 18 usuarios, 15 ya fallecidos y tres con lesiones
- Se trata de una demanda civil en la que piden una «responsabilidad por los daños producidos y una indemnización que dependerá de los familiares», señala el presidente de la organización
- Los familiares llevan dos años denunciando «la degradación del servicio», «la falta de recursos humanos y el incumplimiento de unas ratios suficientes»
La residencia de DomusVi en Alcoi. DomusVi
Los familiares de los usuarios de la residencia de Alcoi siguen buscando justicia para los 74 fallecidos en el centro. Según ha anunciado la Asociación de Familiares Afectados en las Residencias DomusVi de Alcoi y Cocentaina (Afadomus) este miércoles en rueda de prensa, 45 familiares ya han presentado una demanda civil contractual y extracontractual en el Juzgado de Primera Instancia de la localidad alicantina contra la empresa matriz de DomusVi, quien gestiona la residencia, y la empresa aseguradora, Mapfre. Lo han hecho, ha especificado el presidente de la organización, José Luis García, en conversación con infoLibre, en representación de 18 residentes, 15 fallecidos durante las peores semanas de la pandemia y tres con lesiones. “Pedimos una responsabilidad por los daños producidos y una indemnización que dependerá de cada uno de los familiares”, ha concretado.
Lo hacen porque, ha dicho en rueda de prensa, la residencia de Alcoi es el centro con la mortalidad más alta de España “y probablemente de Europa”. “Desde que nos presentamos como asociación en junio del año pasado hemos perseguido dos objetivos: conocer lo ocurrido en DomusVi Alcoi en los meses de marzo y abril que tan trágicos resultaron para los residentes y sus familiares e intentar garantizar unas condiciones de vida dignas para los supervivientes. Nuestra intención era iniciar acciones legales contra la empresa porque su respuesta siempre fue que la tragedia fue debida a una pandemia, pero nosotros creemos que eso no explica el elevado número de fallecidos”, ha lamentado. La residencia de Alcoi es de titularidad pública y gestión privada.
El proceso judicial, ha explicado el abogado José Guillén en rueda de prensa, ha sido “arduo, tedioso y desagradable”, pues han tenido que ser los familiares y su representación legal quienes recabaran toda la documentación necesaria para iniciarlo. “No ha habido ninguna colaboración por parte de la administración pública”, ha lamentado.
Unos problemas que vienen de atrás
Sin embargo, el centro arrastraba ya antes de que comenzara la pandemia demasiados problemas que, además, habían sido denunciados por muchos familiares de los usuarios. Según un documento de “balance” de la “tragedia” elaborado por ellos mismos y entregado a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de la localidad, entre 2018 y 2019 se produjeron tres brotes de gastroenteritis entre los mayores, unos hechos que provocaron que hace dos años un grupo de familiares denunciara ante las administraciones local y autonómica “la degradación del servicio en las residencias gestionadas por DomusVi en Alcoi y Cocentaina”. Entonces ya dijeron que la principal causa del problema, aunque no la única, era “la falta de recursos humanos y el incumplimiento de unas ratios suficientes”. “Nada de lo que denunciamos sirvió para corregir una realidad asistencial basada en el máximo beneficio económico en el menor tiempo posible”, lamentan.
Justo antes de la pandemia volvieron a repetir que la situación no era la que debía ser. Fue en febrero de 2020, cuando entregaron un listado con deficiencias al director general de Infraestructuras de la Conselleria de Igualtat y Politiques Inclusives. Su actitud, dicen, fue “receptiva”, pero el estallido de la crisis del covid impidió poner soluciones al problema.
Y así, tan solo un mes después, comenzó lo que califican de “pesadilla”. 73 ingresados —la otra persona fallecida lo hizo en el centro de día de la residencia— “ya no pudieron ser vistos con vida por sus familiares”, que sufrieron además que el centro de Alcoi les proporcionara una información “sesgada y poco transparente” de lo que estaba ocurriendo de puertas para dentro. Eso, sumado al “desamparo institucional”, dicen, acentuó “la angustia, el dolor, la impotencia y la rabia”.
Porque las preguntas eran muchas. Si ya había un problema de personal antes de la crisis sanitaria, ¿cómo se pudo gestionar ésta? ¿Por qué no se trasladaron al hospital todos los afectados? ¿Cuánto tiempo pasó desde que se detectaron los primeros contagios hasta que se tomaron las primeras medidas para evitar la extensión de la enfermedad? “Dieciséis meses después seguimos buscando respuesta”, lamentan, a la vez que denuncian que “la pandemia en sí misma no basta para explicar la virulencia del contagio y la elevada tasa de fallecimientos en la residencia de Alcoi”.
“Desnutrición” al llegar al hospital, “deterioro cognitivo” y “ulceraciones”
Pero es que además las deficiencias las pudieron constatar los familiares, explican en el documento, con algunos de los informes clínicos de algunos de los usuarios derivados al hospital. “En un número importante” de los mismos aparece “la palabra ‘desnutrición”, pero también tienen constancia de mayores que han sufrido un importante “deterioro cognitivo” e incluso “ulceraciones” porque aquellos ancianos con mayor grado de dependencia no eran cambiados de postura “con la asiduidad necesaria”.
“Nuestros mayores no fueron atendidos como merecían y se vulneraron y seguramente se siguen vulnerando sus derechos como personas y más cuando se ha denunciado desde organizaciones e instituciones las irregularidades vividas en las residencias geriátricas”, dicen los familiares.
Una de esas organizaciones ha sido Amnistía Internacional, que en abril de este año analizó la gestión del covid-19 en las residencias en su informe anual. La ONG denunció la “discriminación y violación del derecho a la salud” de las personas mayores y advirtió del “desproporcionado” número de muertes de personas de avanzada edad durante la pandemia. Destacaron, además, los protocolos de no derivación de pacientes adoptados en Madrid —desvelado por infoLibre— y Cataluña y en los que se recomendaba, recordó Amnistía, “tratar a las personas de mayor edad con coronavirus en las residencias en lugar de trasladarlas a hospitales”.
Pero no fue la única. Médicos Sin Fronteras publicó en agosto del año pasado el informe Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España. En él, la organización aseguró que los centros tenían un “déficit estructural” generalizado de recursos sanitarios y asistenciales y que carecían de planes de contingencia, lo que se tradujo en una respuesta poco adecuada para la situación de crisis sanitaria. Por ello, sentenció MSF, “muchas personas mayores murieron aisladas y solas”.
El Defensor del Pueblo, por su parte, también fue demoledor en su informe anual correspondiente a 2020. “En las primeras semanas de la pandemia, en algunos centros con gran número de residentes contagiados no se consideró adecuado derivarlos a los hospitales, pero tampoco llegó asistencia médica ni de enfermería suficiente, ni medicamentos ni oxígeno, para atender a los residentes para los que no estaba indicada la hospitalización. […] Los expertos en geriatría y en medicina interna señalan que el traslado al hospital no siempre es lo mejor para pacientes mayores […] pero para decidir hay que hacer una valoración individual con criterios clínicos, nunca con restricciones genéricas referidas únicamente a una determinada condición como la edad o la discapacidad”, denunció la institución, que hizo de esta manera hincapié en los protocolos como el elaborado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que impidieron el derecho a la salud a muchos mayores.
Además de la demanda ya interpuesta y anunciada este miércoles, García recuerda que el Ayuntamiento de Alcoi ya aprobó en mayo de 2020 instar al Ministerio Fiscal a que, recogen en el documento enviado al Consistorio, “se lleve a cabo la investigación exhaustiva y específica que proceda, en pos de la aclaración definitiva de lo ocurrido y, en su caso, de su remisión a la autoridad judicial para la tramitación del procedimiento oportuno que depure las responsabilidades a que hubiera lugar”. “Pero de momento no sabemos nada”, lamenta el presidente de Afadomus.
DomusVi ha sido una de las empresas en cuyas residencias ha habido más fallecidos. En Alcoi, según dijo la compañía a infoLibre, dispone de 140 plazas residenciales —en parte concertadas con la Generalitat valenciana— y 19 de centro de día.
