Si nada cambia en la Comisión Europea, Frontex gastará desde 2021 hasta 2027 unos 5.600 millones de euros, y dirigirá a 10.000 guardas fronterizos, uniformados y armados.
Las fronteras europeas están en manos de una institución opaca, y cada vez más descontrolada y militarizada. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) se ha convertido en un lucrativo negocio para la industria dedicada al armamento, la tecnología y la seguridad. Los drones de tecnología israelí son su último juguete. Pero esta agencia resulta prácticamente inútil gestionando los flujos migratorios hacia Europa. En muchas ocasiones resulta ser una amenaza para los derechos humanos de refugiados y migrantes. Durante los 15 años que lleva operando en España sus agentes no podían portar armas y aun así, los diferentes gobiernos siempre han tenido reticencias a ceder poder ante la agencia europea. Ahora parece que las reticencias han desaparecido, y Frontex se ha convertido en el primer cuerpo armado de Europa.
Cuando los valores que deberían regir la UE, como la libertad y la igualdad, llegan al bordes de sus fronteras, se tornan en políticas coloniales, en capitalismo de guerra y racismo institucional, como una clave de bóveda de las políticas fronterizas europeas. En España algunas organizaciones y activistas tratan de desvelar qué hay detrás del guardián de las fronteras europeas. Y tímidamente van apareciendo más organizaciones que piden la abolición de Frontex.
Frontex comenzó a operar en 2005 con 50 empleados y un presupuesto de 6 millones de euros. A día de hoy es la agencia comunitaria con más personal y el mayor presupuesto de la Unión Europea. El año pasado contaba con 1.200 empleados y 460 millones de euros de presupuesto. Sin embargo, en lo que va de año ha aumentado un 170% la llegada de migrantes y refugiados a Europa. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) más de 10.400 personas consiguieron llegar a Europa, vía Italia desde el norte de África, mientras que más de medio millar perdieron la vida en la travesía.
Mientras Frontex aumenta su presupuesto año tras año, la llegada de migrantes y refugiados no cesa. Cada vez las travesías son más peligrosas y los muertos aumentan. Es evidente que la eficacia de esta agencia es más que dudosa. Aun así, si nada cambia en la Comisión Europea, Frontex espera gastar 2027 unos 5.600 millones de euros, y emplear a 10.000 guardas fronterizos, uniformados y armados.
En la última auditoría que el Tribunal de Cuentas Europeo ha realizado a Frontex reconoce que no es eficaz en la gestión de las fronteras exteriores, y cuestiona su sistema de control interno y rendición de cuentas. En este demoledor informe publicado el pasado 7 de junio el Tribunal de Cuentas Europeo concluye literalmente diciendo que “el apoyo de Frontex en la lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza no es suficientemente eficaz. Constatamos que Frontex no ha cumplido plenamente su mandato de 2016, y destacamos varios riesgos relacionados con el mandato confiado a Frontex en 2019”. Como medida de presión el Parlamento Europeo ha llegado a bloquear el cierre de sus cuentas de 2019.
En la última auditoría que el Tribunal de Cuentas Europeo ha realizado a Frontex reconoce que no es eficaz en la gestión de las fronteras exteriores, y cuestiona su sistema de control interno y rendición de cuentas
En el informe “Frontex: el guardián descontrolado” que la organización por Causa ha presentado el miércoles 16 de junio, queda claro que Frontex actúa con impunidad y sin transparencia ni control en las fronteras, a la vez que mira para otro lado cuando están en riesgo los derechos humanos. Esta agencia tiene entre sus obligaciones el respeto estricto de los derechos humanos y el cumplimiento de los protocolos de protección internacional. Pero parecen normas en papel mojado. En 2019 la agencia reformó su reglamento y ordenó contratar a 40 monitores de derechos humanos, a día de hoy ninguno se ha incorporado. Sin embargo, el nuevo reglamento ha aumentado su autonomía, y ha hecho de la agencia una máquina de deportación, convirtiéndola en la agencia de viajes de retorno más barata de Europa.
Frontex ejerce la función de frontera avanzada de la UE sin transparencia, ni apenas control democrático, ni garantías para las personas migrantes o retornadas. Incluso permite desplegar fuera de la UE a funcionarios armados. Como explica la organización por Causa, de acuerdo con una observadora, existe “el riesgo de que Frontex ejecute una especia de política exterior paralela”.
Desde la crisis de acogida de refugiados de 2015, coincidiendo con el nombramiento del francés Fabrice Leggeri como director ejecutivo de Frontex, la agencia ha fortalecido los aspectos más represivos de su mandato, impulsando intereses económicos, políticos e ideológicos de la industria del control migratorio, propios de la Europa Fortaleza.
Frontex ha llegado a organizar eventos de networking para reunirse con fabricantes y empresas tecnológicas, y por supuesto, en todas esos congresos y reuniones están presentes lobbistas y grandes empresarios. Pero hasta el pasado mes de mayo no había un registro en el que consten los contactos y reuniones sobre licitaciones y adquisiciones. Ha sido una exigencia del Parlamento Europeo, tras saberse que el 70% de las reuniones que la agencia celebró entre 2018 y 2019 con representantes de la industria militar, de seguridad y biométrica, no fueron registradas.
La Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) está investigando a Frontex y a su director Leggeri, por devoluciones en caliente de migrantes desde Grecia a Turquía, y por comunicar de manera sistemática a la Guardia Costera Libia el emplazamiento de las embarcaciones de migrantes, violando el derecho internacional al entregar a náufragos a un estado fallido donde se les encarcela, tortura, viola y asesina. Además, la OLAF investiga prácticas de acoso, mala conducta, posible fraude en el presupuesto y prácticas de corrupción.
Este mes de junio ha tomado posesión como Agente de Derechos Fundamentales el sueco Jonas Grimheden, para coordinar el sistema de derechos humanos y relaciones con otras organizaciones internacionales, tras haber estado durante meses el puesto vacante. Sustituye a la española Inmaculada Arnaez, apartada prematuramente del cargo por el propio Fabrice Leggeri, que ignoró sus propuestas de manera reiterada. Las imágenes de los rechazos en el mar evidenciaron la falta de seguimiento e investigación de presuntas violaciones de derechos fundamentales por parte de Frontex. Las investigaciones las realizaron periodistas y organizaciones, lo que no es un detalle menor.
Otras investigaciones demostraron que Frontex toleraba violaciones de derechos humanos, como maltrato a refugiados o persecuciones con perros y ataques con gas pimienta en las fronteras exteriores de la UE. La agencia miraba para otro lado cuando en la ruta de los Balcanes las fuerzas de seguridad de Macedonia, Croacia, Bosnia, Hungría y Serbia violaban los derechos humanos de miles de personas a diario.
La opacidad y la falta de transparencia de la agencia es su marca de identidad. Se ampara en cuestiones de seguridad para denegar acceso a la información de manera sistemática a investigadores, periodistas y ciudadanos
La opacidad y la falta de transparencia de la agencia es su marca de identidad. Se ampara en cuestiones de seguridad para denegar acceso a la información de manera sistemática a investigadores, periodistas y ciudadanos. Cuando el periodista Nikolaj Nielsen preguntó a la agencia cuanto dinero gastó Frontex en la cena que organizó en su sede de Varsovia, el día de la guardia de fronteras de 2019, la respuesta de la agencia fueron hojas enteras tachadas en negro. Como relata en su informe por Causa, se supo por el Eurodiputado Özlem Demirel de Die Linke, que en 2018 y 2019 Frontex gastó 580.000 euros y 495.000 euros respectivamente, en la cena de gala de su sede de Varsovia, donde por supuesto, cenaron cientos de empresarios, lobbistas, políticos y funcionarios.
Además de disuadir, dilatar, tachar y censurar la información, burlando la transparencia que debería ejercer como agencia europea, Frontex supone una amenaza para quien osa solicitar información. La activista e investigadora española Luisa Izuzquiza y su compañero alemán Arne Semsrott, de Corporate Europe Observatory (CEO), consiguieron en julio de 2019 sentar a Frontex por primera vez en el banquillo, por incumplimiento de su obligación de transparencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero la sentencia desestimó la demanda y les condenó al pago de unas costas procesales desorbitadas (23.700 euros) que posteriormente el TJUE redujo a la mitad. Como señala Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access InfoEurope, “no es una cuestión de dinero (…) Se trata de intimidar a los ciudadanos, silenciar a los activistas y disuadir a las población de solicitar información, algo que es inadmisible para una agencia de la Unión Europea”.
España es un punto clave para Frontex, al ser frontera terrestre y marítima con África. Y para España la agencia es un apoyo institucional fundamental, además de una importante fuente de recursos materiales y financieros. Tras la crisis con Marruecos por la entrada a Ceuta de unas 10.000 personas entre el 17 y el 19 de mayo, el actual gobierno estudia reforzar las ciudades autónomas con agentes del Frontex. Actualmente tiene desplegados a 257 oficiales en el operativo instalado en Canarias y en la operación Indalo en el Mediterráneo Occidental. Desde 2006, Frontex ha desplegado en España tres operaciones conjuntas con la Guardia Civil y la Policía Nacional, denominadas: Hera, Indalo y Minerva.
España podría terminar haciendo lo que Italia y Grecia hacen en los campamentos de refugiados de Lampedusa y Moria. Y es que la situación de Canarias cada vez se parece más a esto lugares, o a los denominados hotspots, zonas de registro e identificación de migrantes, que como en un limbo no permiten un verdadero acceso a Europa.
La libre circulación es uno de los derechos humanos. Así lo recoge el artículo 13 de la declaración universal de los derechos humanos en sus dos apartados: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Pero parece que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) se habría creado para violar de forma sistemática este derecho, el de migrar. Y la Unión Europea lo fomentaría permitiendo que su guardián de las fronteras trabaje con opacidad, armado y sin control.
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