Gobiernos autonómicos como el de Madrid intentan escurrir el bulto de su polémica gestión en algunas áreas durante la pandemia atribuyendo al ejecutivo central una serie de atribuciones que no tiene durante el estado de alarma, ni tuvo antes ni tendrá cuando finalice, como ocurre con el inexistente «mando único».
Una farmacéutica muestra unas mascarillas en Madrid // EFE/ Mariscal
Son, quizás, los dos grandes bulos del estado de alarma por la pandemia, pero lo cierto es que nunca hubo «mando único» en España, ni tampoco intervención (ni mucho menos rescate) de competencias autonómicas, por mucho que algunos dirigentes políticos, principalmente del PP y de Vox, se empeñen en utilizar esos términos en unos discursos de los que cada vez cuesta más discernir si su carga básica viene de la pasión o del delirio.
Aunque la arquitectura institucional y competencial del Estado es un tema tan farragoso como polémico por su desconocimiento generalizado, esa ignorancia no cambia una realidad según la cual la Ley de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio pone «bajo las órdenes directas de la autoridad competente», que en este caso es el Gobierno central, a toda la Administración, pero con matices: podrá «imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza», aunque solo cuanto resulte «necesario para la protección de personas, bienes y lugares».
Y lo primero no ha llegado a ocurrir pese a la obviedad de lo segundo, de la misma manera que tampoco se han dado cuatro de las cinco medidas extraordinarias que permite la ley, como las requisas de bienes y la imposición de «prestaciones personales obligatorias», la intervención de centros productivos, el racionamiento de productos o servicios y, por último, la implantación de dispositivos específicos para abastecer a mercados y fábricas.
Con todo, la propia vigencia del estado de alarma, que pese a su laxitud sí limitó la movilidad, ha servido como argumento para atribuir al Gobierno central desde algunas comunidades autónomas como la madrileña una serie de responsabilidades que nunca tuvo.
¿Por qué no toma el Gobierno el control de los geriátricos?
Entre otros motivos, por uno fundamental y al margen de la oportunidad política: no puede. «No hay ninguna competencia estatal en las residencias de ancianos más allá de las que tangencialmente se derivan de la Ley de Dependencia. Las comunidades autónomas tienen en exclusiva tanto las regulatorias como las de gestión», tal y como señalan los artículos 148 y 149 de la Constitución y los distintos estatutos de autonomía , explica Eva Sáez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza.
Esa dispersión competencial ha dado lugar durante la pandemia a tratamientos tan dispares como la prohibición de trasladar ancianos a hospitales que lleva camino de hacer saltar por los aires la coalición PP-Cs de la comunidad de Madrid o la habilitación de geriátricos específicos para ancianos con covid-19 ensayada en Aragón, pasando por la atención normalizada en centros sanitarios.
¿Podría condicionar el Ejecutivo el funcionamiento de las residencias?
Sí, pero no ahora mismo. «El Estado no puede tomar esas competencias, aunque sí podría legislar unos mínimos», de forma similar a lo que ocurre con la sanidad y la educación, anota Sáez, quien, por su parte, considera que «establecer esas condiciones y servicios básicos para las residencias y aplicar una financiación compartida para el sistema sería lo más acertado».
Ese modelo, que se aplicó por vez primera en materia de servicios sociales a principios de los años 90, cuando el Estado reguló las pensiones contributivas, fue recuperado dos décadas después para implantar el sistema de atención a la dependencia y, de nuevo, hace semana y media con el Ingreso Mínimo Vital, sendas iniciativas de ámbito estatal en materia asistencial impulsadas por cada uno de los tres presidentes del Gobierno que ha tenido el PSOE: Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.
¿Por qué el Gobierno resulta opaco con los datos sobre muertos en residencias?
Maneja únicamente los registros que le comunican las comunidades, que son las únicas competentes en materia de geriátricos y las que centralizan la información procedente de los centros públicos y privados de su territorio.
¿A qué se debe el descuadre permanente de los datos sobre fallecidos en general?
«Las cifras las manejan las comunidades, que han empleado criterios distintos», explica Sáez, que anota que «el Estado tiene una función de coordinación que le permite dar pautas». Sin embargo, el Ministerio de Sanidad solo gestiona la información que recibe de las autonomías, y eso ha dado lugar a situaciones tan disparatadas como que durante varias semanas Madrid difundiera que habían muerto seis niños de menos de diez años por coronavirus en su territorio mientras el Gobierno central solo contabilizaba dos para el conjunto del país.
¿Por qué no presenta el Gobierno un plan de vuelta al cole?
Fundamentalmente, porque ni pincha ni corta en ese apartado del sistema educativo. El Estado marca los contenidos curriculares, el catálogo de servicios básicos de la enseñanza y aspectos como los ratios (hoy a través de la polémica y todavía vigente Lomce) mientras las comunidades se encargan de la gestión y, desde que José María Aznar inició en 2001 el traspaso masivo de competencias bajo aquel mantra del «déficit cero» que en realidad enmascaraba un traspaso de los números rojos, de financiar el funcionamiento con las transferencias que recibe del Gobierno central.
La vuelta al cole «es un asunto organizativo, de gestión de plantillas, horarios y centros, y eso compete a las comunidades», indica Sáez, para quien «lo aconsejable sería la coordinación».
Los ministerios de Educación y de Sanidad dieron este miércoles un paso en esa dirección al «plantear una estrategia consensuada por los diferentes agentes implicados para ofrecer un entorno seguro y saludable al alumnado y personal de los centros educativos con el fin de retomar la actividad presencial para el curso 2020-2021 que comienza en septiembre».
¿Va a reforzar el Gobierno las plantillas del sistema sanitario?
No. No le toca. Aunque acabará costándole dinero, ya que se verá obligado a aumentar las transferencias de fondos a las comunidades autónomas para que, en todo caso, estas puedan hacerlo en el ejercicio de sus competencias.
El actual Sistema Nacional de Salud procede de la ‘Ley Lluch’ de 1986, que estableció los principios de universalidad, gratuidad y provisión pública. «Hay una decisión política centralizada y una gestión territorial», explica la profesora, ya que el Estado marca el catálogo de servicios básicos y las autonomías, que se encargan de la red de centros sanitarios, pueden en todo caso ampliar esa oferta con cargo a sus recursos.
¿Quién debe comprar los tests?
Se trata de material sanitario, por lo que la competencia para su adquisición es de las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, con cargo a sus presupuestos. Otra cosa es que el Gobierno central se lanzara a intentar comprar material de manera centralizada y que, al no haber quitado las competencias en la materia a las comunidades, eso acabara generando un solapamiento y una disparatada competencia por adquirir ese tipo de productos en un mercado internacional plagado de tramposos.
¿Quién debe proporcionar los EPIs a los sanitarios?
La comunidad autónoma, que es quien los contrata. El suministro de EPIs (Equipo de Protección Individual) es responsabilidad del empresario, en este caso la Administración, desde hace un cuarto de siglo, cuando a finales de 1995 entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. De ahí que los sindicatos del ramo hayan dirigido las demandas contra las consejerías de Sanidad y de Servicios Sociales, en este último caso como ‘patrones’ de los trabajadores de residencias autonómicas y dispositivos asistenciales. El derecho a recibirlos ya ha sido declarado por sentencia en Aragón.
¿Y a los policías?
Depende. A los policías nacionales y a los guardias civiles debe facilitárselos el Ministerio del Interior, mientras que la responsabilidad con las fuerzas autonómicas es de las comunidades y con las locales, de los ayuntamientos.
¿Cuándo cesa el ‘mando único’?
Nunca, porque jamás existió. La medianoche del 21 de junio termina el estado de alarma y, con él, la configuración del Gobierno central como «autoridad competente». A partir de entonces, y tal y como establece el decreto publicado este martes en el BOE, la capacidad de decisión recae prácticamente por completo en las comunidades autónomas, que establecerán las normas de funcionamiento del comercio, la hostelería y los recintos culturales y deportivos con la única condición de que sus usuarios respeten la distancia social de un metro y medio.
«El Estado de alarma ha creado un paréntesis en el que el Gobierno y el Congreso han podido tomar decisiones sobre temas que competen a las comunidades», anota Sáez, que llama la atención sobre cómo el ejecutivo fue virando de una estrategia inicial en la que adoptaba decisiones que eran comunicadas posteriormente a los presidentes autonómicos para, poco a poco, ir optando por la «cogobernanza».
¿Se guarda alguna carta el Gobierno?
Sí. La disposición final segunda del decreto incluye una modificación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que añade la «activación o diseño de planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias» a los mecanismos que el ejecutivo puede imponer a las comunidades.
Estas, por otra parte, quedan obligadas desde ahora a «aportar con carácter inmediato al Ministerio de Sanidad» en caso de emergencia «la información epidemiológica y la relativa a la capacidad asistencial que se requiera y la identificación de las personas responsables de la misma, así como las medidas de prevención, control y contención adoptadas». Las consejerías también deberán recabar esos datos de los ayuntamientos y remitirlos.
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