La ausencia de control parlamentario a las exportaciones de armamento español, que pueden ser autorizadas por el Gobierno sin que se conozca más detalle, se salta la legalidad nacional e internacional. La Ley de Secretos Oficiales, aprobada en pleno franquismo y hoy vigente, permite la opacidad total en el comercio bélico.
España ocupó en 2019 el sexto lugar mundial en la venta internacional de armas // Centre Delàs
La industria armamentística española ha multiplicado por tres sus exportaciones en la última década, según datos del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Gran parte de ese material llega a manos de gobiernos autoritarios, como el de Filipinas o los de Arabia Saudí y Emiratos árabes Unidos, cuyos ejércitos han golpeado con fuerza en Yemen sin que las numerosas violaciones de los derechos humanos denunciadas por multitud de organizaciones hayan cambiado el panorama.
La ausencia de un control parlamentario y social sobre la actividad del Gobierno español relacionada con la autorización de exportaciones de armas, como las realizadas a las potencias de Oriente Medio, está en el origen de ese comercio denunciado por organizaciones como Amnistía Internacional y que ha llegado a ser prohibido en algunos países europeos, naciones que han establecido un embargo de armas a Arabia Saudí.
Con el fin de cambiar esta situación, Greenpeace acaba de interponer dos procesos judiciales: un procedimiento ordinario contencioso administrativo y un procedimiento especial para la protección de los Derechos Fundamentales. El objetivo es “abordar la falta de transparencia y de control en los procedimientos de aprobación de licencias de exportación de armas”, tal como señala un documento de la organización ambientalista al que ha tenido acceso El Salto.
Papel mojado
A pesar de que la venta de armas está sobradamente regulada en el Estado español para evitar, teóricamente, que se haga un mal uso de este material, las autorizaciones de exportaciones de armas “son secretas debido a la vigencia de la ley franquista de Secretos Oficiales —promulgada en 1968 y reformada parcialmente en 1978— y a un acuerdo del Consejo de Ministros de tiempos del presidente González”, señalan desde Greenpeace. Esto convierte la regulación de las exportaciones de material bélico español en papel mojado de facto, ya que la opinión pública no puede conocer los argumentos del Gobierno para autorizar el letal comercio ni se puede verificar la legalidad nacional e internacional en materia de derechos humanos del mismo.
El último informe de la campaña Armas bajo control, una plataforma en la que se engloban Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón, ya demandaba la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales “para adecuarla a las normas internacionales de derechos humanos” y pedía una nueva normativa que permita “que las autorizaciones sean públicas y recurribles ante la justicia, establecer la obligatoriedad de motivar la clasificación de materia ‘secreta’ y excluir de dicha clasificación las materias que afectan a los derechos humanos”.
El actual Gobierno anunció hace un mes que propondrá una nueva Ley de Secretos Oficiales que pretende tener lista antes de final de año.
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La estrategia judicial de Greenpeace busca garantizar el acceso a la información apelando al derecho de acceso a la misma. Este está recogido en el artículo 105 de la Constitución Española como parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión reconocida en el artículo 20.1.d de la Carta magna.
Además, los recursos interpuestos buscan, tal como señala el documento de la ONG, “que nuestros tribunales incorporen la doctrina internacional que reconoce que el derecho de acceso a la información es un derecho instrumental y accesorio del derecho a la libertad de expresión e información”.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya reconoció el el papel de las ONG como watchdogs o “perros guardianes de la sociedad” como entidades vigilantes del interés general, cuya labor de difusión de la información en manos del Estado contribuye al debate público y al fortalecimiento de la democracia.
Largo camino
La organización remarca que, antes de llegar a los tribunales, ya ha utilizado “todas las herramientas que ofrece la legislación vigente en materia de comercio de armas para realizar su misión de control de los actos del Gobierno, y asegurar que la ley se aplica escrupulosamente al autorizar las ventas de arma a terceros países sin riesgo de que se utilicen para cometer violaciones del derecho internacional”. La campaña Armas bajo control lleva años realizando un trabajo de denuncia en este sentido.
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Greenpeace ha utilizado dos casos reales de exportación como “casos piloto” para armar los procesos judiciales. En concreto ha utilizado la venta de morteros de la empresa NTHS a Arabia Saudí y un envío de bombas de racimo de la empresa Expal al mismo país y a Emiratos Árabes Unidos.
