El informe ‘Violencia vicaria: un golpe irreversible contra las madres’ analiza 51 casos de este tipo de violencia, ejercida sobre las hijas e hijos para dañar a la madre en su grado más extremo, de entre una muestra de 400 causas de asesinatos de menores en España.
[label type=»info»]+info relacionada, eldiario.es, 03-04-2022:[/label] Un hombre con orden de alejamiento mata a su hijo de 11 años en Sueca
// Álvaro Minguito
Hace una década que Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y perita judicial, experta en victimología y violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos desde hace más de 30 años, decidió, cuando estaba recabando material para un libro sobre el Síndrome de Alienación Parental (SAP), acuñar un nuevo término basado en experiencias de mujeres víctimas de violencia de género.
Una vez, una madre le contó cómo había sido acusada de producirle un lavado de cerebro a su hijo y ser una madre alienadora; confesándole que no pudo protegerle porque “una sentencia obligó a que dejara el niño a cargo de ese individuo, que ya le había amenazado con quitarle lo que ella más quería, y así lo hizo, asesinando a su hijo”, lamenta Vaccaro. A partir de este primer caso, comenzó a registrar otros de otras madres víctimas de violencia de género donde la justicia había concedido la custodia de los menores al padre o bien había sentenciado la custodia compartida. Sonia observó que algunas de esas sentencias obligan a las mujeres a tener contacto con un individuo sobre el que a veces pesa una orden de alejamiento y provocan situaciones contradictorias que generaban una nueva forma de violencia, la violencia vicaria. Encontramos un ejemplo muy reciente y doloroso que responde a los resultados de la investigación de Vaccaro. Ayer domingo un hombre de 47 años fue detenido por la Guardia Civil por asesinar a cuchilladas a su hijo de diez años en su casa de Sueca, Valencia. El aviso lo dio la madre del menor, que se había desplazado al domicilio del hombre para recoger a su hijo, que había pasado el fin de semana con su padre, pero al tratar de acceder al interior, nadie le abría la puerta. El asesino tenía una orden de alejamiento de la madre por malos tratos, según relató Europa Press.
La violencia vicaria, observada y registrada por Vaccaro, es la que se ejerce sobre las hijas e hijos, también sobre parientes e incluso animales domésticos, para dañar a la mujer. En España contamos con una lista nutrida de casos, la mayoría anónimos y desconocidos, y otros mediáticos.
El Cedaw condenó a España en 2014, la primera ocasión en que un organismo internacional fallaba contra nuestro país por un caso de violencia de género, por no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija de siete años
Ángela González Carreño interpuso, entre diciembre de 1999 y noviembre de 2001, más de 30 denuncias ante la Guardia Civil y los juzgados en materia civil y penal, y solicitó repetidamente órdenes de alejamiento de su exmarido respecto a ella y su hija. A pesar de los continuos incidentes violentos protagonizados por este durante el año y medio de visitas vigiladas, el Juzgado número 1 de Navalcarnero (Madrid) emitió una orden el 6 de mayo de 2002 autorizando las visitas no vigiladas. El 24 de abril de 2003 el exmarido le dijo a Ángela que le quitaría “lo que más quería”. Y lo hizo: asesinó a su hija Andrea de un disparo y luego se quitó la vida, por lo que se le exonera de responsabilidad penal. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), condenó a España en 2014, la primera ocasión en que un organismo internacional fallaba contra nuestro país por un caso de violencia de género, por no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija de siete años.
José Bretón asesinó a sus dos hijos, Ruth y José, en Córdoba en octubre de 2011 cuando su mujer, Ruth, inició los trámites de separación. Una resolución emitida por el Ministerio de Presidencia en diciembre de 2021 reconoció que ni el Ministerio de Interior ni el de Justicia protegieron a Nerea y Martina, de dos y seis años, asesinadas por su padre en septiembre de 2018 en Castelló. Las voces de las niñas no fueron escuchadas en todo el procedimiento, tampoco la de su madre, Itziar Prats, que denunció a su marido por amenazas. Estas —“Me voy a cargar lo que más quieres”, “ya te puedes ir despidiendo de las niñas”— no fueron suficientes para que se protegiera a las menores: la policía de Castelló consideró que había un riesgo “bajo” en su caso y la responsable del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de la ciudad negó la orden de protección. Itziar no se pudo despedir de sus pequeñas por el grado de violencia que presentaban sus cuerpos.
Todavía tenemos en la memoria más próxima los casos de Olivia y Anna, de seis y un año, asesinadas por su padre el 27 de abril de 2021 en Tenerife para “castigar” a su madre que, después de la separación, tenía una nueva pareja. Leo fue asesinado por su padre en agosto del año pasado en un hotel en Barcelona ocho días después de la separación de su expareja, su asesino envió un último mensaje a su exmujer: “Te dejo en el hotel lo que te mereces”. Luna tenía tres años, su padre la asesinó en su domicilio en Lavapiés, Madrid, el último día de 2021. Estaba en trámite de separación de su mujer, psicóloga infantil, y ya no vivían juntos.
Un golpe irreversible contra las madres
Sonia ha dado un paso más en su investigación y ha liderado un grupo de trabajo que ha elaborado el primer estudio en nuestro país sobre violencia vicaria extrema, la que llega al asesinato: ‘Violencia vicaria: un golpe irreversible contra las madres’. Coordinado por la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista de Granada, cuenta con la colaboración de Margarita Castillo Cardona, Cristina Mena Casero, Gemma Mª González García y María Sierra Carballo. Ha sido financiado por la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía.
En total, han analizado 400 sentencias judiciales relacionadas con la violencia hacia la mujer o hacia los y las menores extraídas del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder judicial (Cendoj) y de información de hemeroteca. “Ocurre que muchos de los asesinatos no se guardan en el registro judicial debido a que el asesino se mata a su vez y el caso decae jurídicamente”, puntualiza Sonia, que remarca que, en su opinión, el asesino no se suicida. “El suicidio es una entidad clínica de un ser que sufre, que cae en depresión severa y no encuentra otra salida, que transita mucho hasta que toma la decisión de suicidarse. A estos individuos no les importa nada, se matan como una forma más de demostrar su poder, para no tener que dar ninguna explicación; ninguno de ellos se arrepiente, los que se quedan vivos siguen diciendo que no fueron, que no se acuerdan de nada”, explica.
De los 400 casos de asesinatos de menores, las autoras detectaron 51 como violencia vicaria, “casos en los que hemos comprobado este nexo de concausalidad en el que la intencionalidad está puesta en querer dañar a la madre”, apunta Vaccaro. El estudio incluye cuestionarios y entrevistas a víctimas de violencia vicaria, a las madres cuyos hijos e hijas habían sido asesinadas, y constituyó un grupo focal con expertas en la temática de violencia contra la mujer para la interpretación de los datos y la discusión de las conclusiones del proyecto.
El asesino: hombre de mediana edad, español y sin enfermedad mental
Las conclusiones del estudio señalan al agresor, en la mayoría de los casos, como un hombre de mediana edad, de entre 30 y 50 años, principalmente de nacionalidad española. En un 82% de los casos era el padre biológico de las criaturas que asesinaron. No se observa en el asesino la existencia de discapacidad intelectual ni física y los casos con diagnóstico previo de algún trastorno o enfermedad mental son residuales. Tampoco suelen tener antecedentes penales, y si los tienen en un 60% son delitos relacionados con violencia de género.
Sonia Vaccaro explica que son casos en los que no se puede hablar de una patología, sino de un trastorno de personalidad: “Esta persona no padece una enfermedad, no hay medicamento, no hay tratamiento para curarlos”. Para ella estamos hablando de “un tipo de personalidad distante, sin empatía, calculador, que se adapta perfectamente a esta sociedad, muchísimo más a este siglo XXI, que están por todos lados; algunos son seres exitosísimos de negocios”.
“Nada puede resarcir el dolor de esas mujeres, nada hará retornar a sus hijas e hijos, un maltratador no es un buen padre, y mientras se privilegien sus derechos sobre los de las víctimas, no se podrá impartir justicia”, concluye el informe
El peligro para la psicóloga es que “este tipo de personalidad, al carecer de culpa y afectividad empática hacia otra persona, puede llegar a la crueldad más extrema que podemos conocer; y no hay ningún signo o déficit que los identifique o modifique”. Es por ello que, señala, “desde luego lo que no podemos hacer es dejarles a cargo de una criatura cuando han ejercido violencia sobre la madre y su hijo o hija puede servir a sus fines para ejercer el poder y control”.
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También subraya el hecho de que en todos los casos el asesinato fue premeditado, “ninguno fue motivo de una alteración emocional del momento, eran absolutamente conscientes de lo que iban a hacer, lo planificaron; algunos compraron el arma el día anterior”. Y pone de relieve el asesinato de Anna y Olivia en Tenerife: “Fue calculado al milímetro, incluso la carga del teléfono del asesino tiene un sentido disuasorio, nadie que se va a matar pide cargar el teléfono, todo estaba dirigido a crear desconcierto, todo estaba perfectamente calculado”.
Violencia vicaria y Síndrome de Alienación Parental
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) fue acuñado por el psiquiatra Richard Gardner en 1985 para referirse a un desorden psicopatológico en el cual un niño, de forma permanente, denigra e insulta sin justificación a uno de sus progenitores, generalmente el padre, y se niega a tener contacto con él. Vaccaro llegó hasta el concepto de violencia vicaria a través de un estudio sobre el SAP, un síndrome desaconsejado por el propio Consejo General del Poder Judicial cuya aplicación ha quedado prohibida por la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada en junio del 2021.
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Sonia Vaccaro defiende que el SAP es un tipo de violencia vicaria: “Después de 30 años de estudio he descubierto y comprobado que está inventado para quitar a la madre de enmedio”. Según asegura, los casos a lo largo de su carrera le han demostrado que la mayor protección familiar de las criaturas en la violencia de género la ejerce la madre, “esa misma mujer que está siendo maltratada, vapuleada o ignorada”.
Los datos lo demuestran, según las autoras del estudio: las niñas y los niños son invisibles en estas causas
Recuerda el caso de Ruth, la exmujer de Bretón, quien le comentó en una de sus sesiones: “Él solo me miraba”. Sonia, al respecto, apunta: “Ya vimos lo que es la mirada de ese individuo al que no le hacía falta decir nada más, el mensaje estaba implícito en esa mirada”. Para Vaccaro, en el momento en el que “se quita de enmedio a la madre” en un caso de violencia de género, “a esa criatura la dejamos sin sostén, a merced de su maltratador o violador, porque tenemos que tener presente que el SAP se creó para defender a padres acusados de incesto, luego se utilizó para lo que le venía bien a cada uno”, afirma tajante.
Los asesinatos de niñas y niños pueden y deben prevenirse
El estudio pretende conocer empíricamente la realidad social de los asesinatos cometidos en el marco de la violencia contra la mujer, como violencia vicaria en España, desde el año 2000 hasta diciembre de 2021. Responde asimismo a la necesidad de investigar nuevas formas de ejercer la violencia de género para adaptarla al contexto actual e introducir reformas legislativas que permitan profundizar en las políticas de igualdad y erradicar la violencia de género en nuestra sociedad desde un enfoque feminista, transversal e interseccional. El propósito es el de arrojar luz, explicar y comprender cuáles son las características de esta violencia que, según los datos, está aumentando de forma significativa. Para Mariló Rubio, presidenta de la Asociación de Mujeres Psicología Feminista de Granada, “el trabajo identifica las amenazas y las situaciones de riesgo y de peligro para menores que los mecanismos institucionales y judiciales no parecen detectar”.
Los datos analizados detectan elementos comunes, cuenta Mariló Rubio, como el hecho de que las víctimas suelen ser de corta edad, menores de 10 años; que cuando se comete el delito, en un 66% de los casos el asesino está separado, y no ha transcurrido mucho tiempo desde la separación. Para la psicóloga la separación es un momento vital en la violencia vicaria, donde el hombre puede llegar a expresar ese impulso de “no voy a consentir que tú te separes de mí”. Rubio señala como un grave problema la normalización de las amenazas: “Si creemos que hay un atisbo, pongamos un 5% de posibilidad, de riesgo, vamos al menos a tomar medidas cautelares, hasta que podamos investigar a fondo”.
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Una de las hipótesis que defienden las autoras es la de que, a medida que se fue protegiendo a la mujer con leyes, que la sociedad se fue haciendo consciente y se fue poniendo coto a esa violencia, los maltratadores fueron cambiando las formas de ejercerla, y uno se los resquicios que encontraron fue la desasociación que hace la justicia en la violencia de género, que permite que el maltratador entre en contacto con las niña y niños menores de edad. Para Sonia Vaccaro, la justicia tiene mucho por hacer, “empezando por ser consciente que tiene mucho peso en el imaginario colectivo”. Para ella, “cada fallo judicial genera un imaginario social allá fuera, y lo refuerza”. También señala la responsabilidad social: “Todos y todas tenemos mucho por hacer, empezando por priorizar el derecho de los más vulnerables ante la violencia de género que son las niñas y los niños. A pesar que todos se rasgan las vestiduras al hablar de los derechos, el interés superior del menor, etcétera, lo que vemos es que no importan nada”.
Sonia Vaccaro y su equipo esperan que la contundencia de los datos y el análisis “dé lugar a una protección efectiva, haciendo posible que ningún hombre violento les pueda utilizar como objetos para continuar dañando a la madre”
Los datos lo demuestran, según las autoras del estudio: las niñas y los niños son invisibles en estas causas, “no existen, no se les considera, no tienen voz y, por lo mismo, falla la protección que el Estado y las instituciones, deberían poder otorgarles”. Las conclusiones del informe afirman que “su palabra es devaluada, al punto de silenciarla, y se comete una discriminación flagrante por causa de su edad, olvidando que son seres de derecho con derechos”. No hallaron informes de valoración que aludan a su estado emocional previo a ser asesinaos, a pesar de que la causa los tiene como elemento central del enjuiciamiento. Encuentran, asimismo, que ninguna de las víctimas infantiles había sido atendida con relación a sus síntomas o signos, o tan siquiera valoradas psicológicamente por la justicia. También que del total de asesinatos, solo en 10 casos se dio alerta a las autoridades y, de estos casos, en el 70% de ellos no se establece ninguna medida de protección y en el 20% se establecen medidas de protección únicamente para la madre pero ninguna de estas medidas estaba vigente en el momento del crimen.
Sonia Vaccaro y su equipo esperan que la contundencia de los datos y el análisis “dé lugar a una protección efectiva, haciendo posible que ningún hombre violento les pueda utilizar como objetos para continuar dañando a la madre” y se aplique, en todos los casos actuales y por venir, la nueva Ley de la Infancia que reconoce por primera vez la violencia vicaria y la necesidad de proteger a los hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Para las autoras del estudio no sirve de nada ninguna acción tras la muerte de criaturas vulnerables que no pudieron ni elegir ni ponerse a salvo de las manos de su asesino.
“Nada puede resarcir el dolor de esas mujeres, nada hará retornar a sus hijas e hijos, un maltratador no es un buen padre, y mientras se privilegien sus derechos sobre los de las víctimas, no se podrá impartir justicia”, concluye el informe.
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