El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 defiende en alianza con las titulares de ministerios afines en Italia y Portugal la apuesta por una renta mínima comunitaria en el marco del Pilar Social Europeo.
Una mujer pide limosna en un pasadizo del metro de Berlín // David F. Sabadell
El ingreso mínimo vital, medida que ya integraba el pacto de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, se ha convertido en el escenario abierto por la emergencia sanitaria del covid-19 en una de las medidas más ambiciosas del Ejecutivo, pero también de las más polémicas y difíciles de consensuar y ejecutar, dado el pulso interno que supone su diseño y el rechazo virulento que la propuesta suscita a la derecha del arco político. El debate está por trascender la escala nacional con el anuncio por parte del vicepresidente segundo del gobierno de que se elevará a la Unión Europea el reclamo de una renta mínima a nivel comunitario.
Para ello, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no irá en solitario. Esta mañana Pablo Iglesias publicaba, junto a Nunzia Catalfo, ministra italiana de Empleo y Asuntos Sociales y Ana Mendes Godihno, ministra portuguesa de Empleo, Solidaridad y Seguridad Social, un artículo en el diario la Vanguardia en el que, bajo el título, Hacia un ingreso mínimo europeo, instaban a implementar un sistema de rentas mínimas adaptado a las realidades de cada estado pero que partiese de una política común.
“La persistencia de la pobreza y el desempleo en Europa y su previsible agravamiento debido a la pandemia del covid-19 requieren soluciones globales e integradas más allá de los marcos nacionales”, apuntan los tres políticos de Unidas Podemos, el Movimiento Cinque Stelle (que llego al poder en Italia con un proyecto de ingreso mínimo) y el Partido socialista portugués, en un texto en el que se interpela a apostar por un “Plan de Acción para implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales” poniendo en marcha un “escudo social europeo”
La propuesta de una renta mínima, que no sustituiría a las rentas nacionales, sino que persigue plantear un piso mínimo común, se integraría entre otras medidas que incluyen, según fuentes del Ministerio “el reaseguro europeo de desempleo, el sistema de garantía infantil y juvenil o el salario mínimo europeo”.
La demanda de una renta mínima adecuada viene siendo reivindicada por organizaciones de la sociedad civil y de lucha contra la pobreza en virtud del Pilar Europeo de Derechos Sociales, citado por los autores del artículo, que emerge de la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017. Como recogen Iglesias, Catalfo y Mendes, el artículo 14 de este documento comunitario afirma el derecho a prestaciones que “garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación”.
Los impulsores de esta propuesta apuntan que el objetivo es alcanzar un “instrumento jurídicamente vinculante para todos los estados miembros en el que se defina un marco de referencia para el establecimiento de un ingreso mínimo adecuado, adaptado al nivel y al modo de vida de cada país”, en un contexto en el que, según el Eurostat, 113 millones de personas estarían ya en riesgo de pobreza. Afirman que en este sentido se están teniendo conversaciones con otros estados para poder ir avanzando en esa dirección.
+info relacionada, 08-05-2020:
- Iglesias y las ministras de Empleo de Portugal e Italia proponen una renta mínima europea – eldiario.es
- España, Italia y Portugal se alían en un frente del sur para reclamar un ingreso mínimo vital europeo – publico.es
- Quienes más rechazan la renta mínima son quienes más tienen – publico.es, 12-05-2020
