- El representante legal de la tecnológica reconoce que los pagos se realizaron a través de la empresa Swat
- La cuantía fue camuflada en contratos de labores que no se desempeñaron a través de otra empresa pantalla
Imagen de archivo, correspondiente al pasado 4 de octubre, del expresidente de Indra Javier Monzón (i) a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar en relación al caso Púnica // EFE
El representante legal de Indra, Joaquín de Fuentes Bardají, ha admitido ante el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, que las facturas que pagó la compañía tecnológica a una empresa que trabajó para el PP de Madrid en campañas electorales no se corresponden con trabajos efectivamente realizados. Bardají ha estimado el importe de estas facturas falsas en 1,1 millón de euros.
Según fuentes presentes en su declaración, Bardají ha dado explicaciones sobre las sospechas de que Indra financió la campaña electoral de 2011 de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre a través de una serie de pagos a la empresa Swat de estrategia electoral camuflados en contratos de labores que no se hicieron.
Según la Guardia Civil, Swat no cobró por esos trabajos del partido, sino de Indra, que los abonó mediante una empresa interpuesta (Formaselect) en 2012 bajo el pretexto de unos contratos de formación interna.
Este jueves, Bardají ha sostenido ante el juez que tras saber por los medios de comunicación de la imputación del exdirectivo de Indra Santiago Roura, el comité de control de la empresa empezó a investigar y de esas pesquisas se elaboraron dos informes.
En esos informes, de los que Indra ya dio cuenta al juez en un escrito, se concluyó que la empresa no puede demostrar que las facturas de Swat y Formaselect se correspondieran a trabajos realizados. A Indra, ha detallado Bardají en la Audiencia Nacional, no le consta que esas labores de formación se hicieran.
Depuración de responsabilidades
De Fuentes ha explicado que cuando llegó a Indra en 2015 auspició un proceso de depuración de responsabilidades por la investigación del caso Púnica, en el que ya estaba inmerso Roura, que fue despedido. Todo ello en prevención de la reforma del Código Penal, que por primera vez recogió la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que afectó a empresas y formaciones políticas.
Coincidió además con la salida del entonces presidente de Indra, Javier Monzón, que actualmente preside el consejo de administración del Grupo Prisa.
Monzón declaró el pasado viernes como investigado y en su comparecencia se desvinculó de los supuestos pagos de Indra al PP, argumentado que él se encargaba de la estrategia global de la compañía, no de ese tipo de contratos. Tras la salida de Roura y Monzón, ha recordado De Fuentes, se elaboraron protocolos de «compliance» o cumplimiento normativo en Indra, así como un código ético, y se estableció un comité de control.
Indra, «parte singular» del entramado
El juez, en el auto imputando a Indra y sus exdirectivos, considera a la empresa tecnológica «parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP de Madrid para utilizar las arcas públicas» de la empresa pública madrileña ICM «como fuente de ingresos del partido».Cree que Indra, «con la participación activa» de varios directivos, entre ellos Monzón y Roura, se convirtió «en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente» al partido, de sus deudas o las de sus dirigentes.
Entre 2008 y 2013, el juez sostiene que Indra -que ya presentó un escrito «reconociendo la no realidad de trabajos» facturados- abonó facturas falsas del partido por un total de 1,1 millones de euros. Su «pleitesía», añade el juez en un escrito contenido en la causa, le sería recompensada presuntamente con adjudicaciones públicas.
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