Indra, la construcción de un gigante tecnológico

Indra fue creada por el Estado en 1993 como principal grupo tecnológico y de defensa. A través del Instituto Nacional de Industria y después de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Estado ha permanecido durante la mitad de la vida de la empresa como su principal accionista. No era una cuestión baladí. El grupo tecnológico había sido creado para llevar a cabo trabajos de carácter delicado para España, desde la tecnología para los recuentos electorales hasta el desarrollo tecnológico de defensa.

El grupo Indra se compone actualmente de 124 sociedades, según aparece en las últimas cuentas presentadas, correspondientes a 2018. A ellas se suman dos sociedades más que a fecha del cierre de cuentas estaban en liquidación —Politc Argentina SA y Tecnocom Paraguay SA—. 39 de ellas tienen domicilio en España y las más de 80 restantes está repartidas por otros 41 países.

Pero las ramificaciones de Indra van mucho más allá. El gigante tecnológico participaba a cierre de 2018 en cerca de 300 uniones temporales de empresas (UTE) con objetivos tan distintos como la construcción del túnel de Pajares para el paso del tren de alta velocidad, la consultoría de empresas o los sistema de pago en los transportes públicos de Barcelona o País Vasco.

Con más de 40.000 personas empleadas por todo el mundo, de los que más de la mitad están en España, Indra tiene su centro de operaciones en Alcobendas (Madrid), en un espacio que alquila a Merlin Properties —el nuevo gigante inmobiliario que se ha convertido en el tercer socio de la Operación Chamartín— por seis millones de euros anuales.

Es ahí donde se concentra la parte de Indra dedicada a consultoría y tecnologías de la información, una de las dos ramas en las que se divide el grupo desde que en 2017 presentaron su nuevo plan estratégico. La otra, laboralmente concentrada en Torrejón de Ardoz, es la que, sin embargo, proporciona los contratos más rentables: los de defensa y transportes.

Los últimos años han sido duros para Indra. A la imputación de su expresidente Javier Monzón, de la propia empresa y de otros tres altos cargos en la trama Púnica por supuesta financiación ilegal del Partido Popular madrileño, se le suma un agujero económico que alcanzó los 641 millones de euros en 2015, su peor año.

El futuro, sin embargo, se ve halagüeño. Los últimos contratos firmados para liderar desde España el diseño del nuevo avión de combate europeo que sustituirá a Eurofighter ya han comenzado a reflejarse en el valor de las acciones de Indra en bolsa y se prevé que en este año la empresa reparta dividendos tras seis años de sequía.

A 31 de diciembre de 2018, el capital suscrito y desembolsado en Indra Sistemas, la empresa matriz del grupo, ascendía a 35,3 millones de euros divididos en 176.654.402 acciones de 0, 20 euros. La sociedad pública SEPI en 2013 volvió a su posición inicial de accionista mayoritario con un 18,7% de las acciones.

FICHA TÉCNICA

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