Izquierda Unida aprobó este lunes el plan «Horizonte de País», redactado con la participación de figuras vinculadas a organizaciones sociales, y coordinado por el responsable de Políticas Económicas de la formación, Carlos Sánchez Mato. Reclama fuertes aumentos de la inversión pública y la creación de un plan de trabajo garantizado para un millón de personas.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, interviene en la Comisión de Sanidad y Consumo. Marta Fernández / Europa Press
Izquierda Unida aprobó este lunes su plan de reconstrucción económico y social como respuesta a la emergencia de la Covid-19, que se traduce en una batería de cientos de medidas para movilizar más de 155.000 millones de euros en políticas de gasto público e inversión. La coalición de izquierdas que lidera Alberto Garzón, también ministro de Consumo, pretende presentar este plan – bautizado «Horizonte de País»- a Podemos y las confluencias con las que comparte grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, con idea de sumar aportaciones y favorecer el debate sobre estas recetas. Previsiblemente, además, esta misma semana se constituirá la comisión parlamentaria sobre la reconstrucción.
Así, el resumen de las medidas al que ha podido acceder Público contempla la instauración de un ingreso mínimo vital correspondiente al 80% del salario mínimo interprofesional (SMI), por encima de las cifras en las que hoy se mueve el Gobierno de coalición del que IU también forma parte, y que quiere aprobar esta prestación en mayo; un incremento del 20% en el gasto en Sanidad, hasta llegar al 7,2% con respecto al PIB de 2019, o un aumento del 30% en Educación, para llegar al 5% del PIB, pasando «de una cifra per cápita de 1.000 euros a 1.352 euros», revirtiendo además los recortes del anterior Ejecutivo del Partido Popular.
IU plantea crear un plan de trabajo garantizado para un millón de parados de larga duración
En esta línea, IU aboga por suspender la privatización de Bankia y por la aprobación de un plan de trabajo garantizado para «realizar trabajos socialmente útiles». En una primera etapa estaría pensado para 1 millón de parados de larga duración, si bien el documento no aporta más datos sobre estos «trabajos socialmente útiles».
A esto se suma la propuesta de extender la gratuidad de la enseñanza pública a los estudios universitarios, empezando por los grados; rebajar el 20% el precio del recibo de la luz y limitar el precio máximo de los alquileres mediante la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta medida ya está siendo estudiada por el Gobierno, y el pacto de coalición recoge subir el SMI hasta el entorno de los 1.200 euros al final de la legislatura, como pide IU.
Además, la coalición de izquieras reclama la derogación de la llamada Ley Montoro -Ley de la Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local- y la del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; un cambio en los estatutos del Banco Central Europeo (BCE) para que financie directamente a los Estados con fondos necesarios para impulsar sus planes de reconstrucción, y la aprobación de una Ley de Cuidados y Sostenibilidad de la Vida.
Contempla también la creación de una mayor red de residencias públicas para personas mayores -donde se ha registrado un enorme número de fallecidos por coronavirus- y el impulso del gasto público en Cultura hasta alcanzar el 0,60% del PIB de 2019 -un crecimiento de 2.000 millones de euros-.
Una reforma fiscal para el 3%
El documento descarta una «subida de impuestos generalizada», y defiende que bastaría con elevar la carga fiscal al 3% de los contribuyentes. «Hablamos de una reforma fiscal justa, equitativa y progresiva para la que hace falta voluntad política», aseguran.
Esta reforma fiscal perseguiría alcanzar en dos años la recaudación media en la Eurozona, y supondría unos ingresos extra de 57.680 millones de euros hasta 2022.
La reforma fiscal permitiría recaudar 57.680 millones hasta 2020; pagaría más el 3% más rico
Entre otras cuestiones, conllevaría que la banca pagara un 1% en el impuesto a los depósitos –»En vez del insuficiente 0,03% actual»-, o la conversión del impuesto sobre patrimonio en un Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, del 1,5% frente al «0,17% actual». Se establecería un mínimo y un máximo para el impuesto de sucesiones y donaciones -hoy en manos de las comunidades autónomas-, y se incrementarían los tipos del IRPF a partir de 120.000 euros anuales de rentas del trabajo, a partir de 60.000 euros en rendimientos de capital.
Además de esos 57.680 millones, este plan contempla recuperar 22.000 millones del fraude y la elusión fiscal, y sumar a ello la emisión de deuda pública por 233.000 millones de euros, siempre con 2022 como horizonte. Según los cálculos de esta estrategia, de aplicarse el plan el incremento de la deuda pública sería de un cuarto con respecto a la cantidad que resultaría de no aplicarlo.
En el primer supuesto esto rondaría los 64.831 millones de euros, finalizando con una deuda del 84,3% con respecto al PIB, debido a la reactivación del Producto Interior Bruto (PIB) generada. De no aplicarse este plan, en 2022 el incremento en la deuda sería de 239.579 millones, siempre según los cálculos incluidos en este plan.
Este documento, aprobado el lunes por la Comisión Colegiada -el órgano de gestión cotidiana de IU-, obedece a la decisión de la Coordinadora Federal de desarrollar una hoja de ruta para afrontar las consecuencias económicas, sociales y culturales generadas por la emergencia del coronavirus.
IU:»Esta crisis viene a acelerar el proceso de reestructuración del capitalismo a escala global y pone de manifiesto la caducidad del modelo de país construido en España en las últimas cuatro décadas»
Ha sido coordinado por el responsable de políticas económicas de IU, Carlos Sánchez Mato, exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid durante la mayor parte de la legislatura de Manuela Carmena, y cuenta con las aportaciones de un grupo de 55 personas vinculadas a la academia o a los movimientos sociales que han trabajado en distintos ejes. Entre otros, son Yayo Herrero; María Eugenia Rodríguez Palop (eurodiputada y portavoz de Unidas Podemos en el Europarlamento); Amaia Pérez Orozco; Fernando Luengo; Carlos Cruzado; Bibiana Medialdea; Carmen Castro; Inés Campillo o Cuca Hernández. El resultado es un documento con 450 páginas y 400 medidas al que se han incorporado cerca de 280 aportaciones, según la formación que lidera Garzón.
La idea es que el texto se trate de «una aportación importante» pero no «exclusiva ni limitadora», por lo que está abierto al diálogo. «Hay dos alternativas. La que proponemos es audaz y pasa por acercar el nivel de provisión de servicios públicos y la recaudación fiscal a rentas y patrimonios elevados al nivel de la media de la Eurozona. Actuar de forma limitada, además de no abordar las políticas de impulso necesarias para proteger a la mayoría social y mejorar la vida de la gente, deteriora la estabilidad de las finanzas públicas y dispara la deuda», advierte la coalición de izquierdas.
IU entiende que esta crisis «viene a acelerar el proceso de reestructuración del capitalismo a escala global y pone de manifiesto la caducidad del modelo de país construido en España en las últimas cuatro décadas». «Se trata de construir un nuevo sentido común que prime lo de todos frente a lo de unos pocos, la cooperación frente a la competencia, la solidaridad frente al egoísmo, el Estado frente al mercado», zanja el texto.
