- Coincide con el Ministerio Fiscal en destacar los agravantes de abuso de superioridad, discriminación ideológica y, en algunos casos, reincidencia
- — La investigación de las agresiones del 9 d’Octubre en València: 1.200 videos analizados por la Brigada de Información apuntalan el procesamiento de 28 ultras
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Ultras revientan la manifestación del 9 de Octubre en Valencia // EFE
Penas de prisión de entre cinco y 11 años para los 28 ultras procesados en la causa por las agresiones del 9 d’Octubre de 2017 y alejamiento de 300 metros de las entidades convocantes de la marcha atacada hace cuatro años. Son las penas solicitadas por la Comissió 9 d’Octubre, que agrupa a los convocantes de la manifestación, para los agresores identificados durante la instrucción del caso.
El portavoz de la Comissió 9 d’Octubre, Toni Gisbert, ha comparecido este martes en una rueda de prensa para desgranar el escrito de acusación. La organizaciones convocantes atribuyen a los 28 ultras procesados los presuntos delitos de integración en grupo criminal, desórdenes públicos, amenazas, daños, coacciones, lesiones, vulneración del derecho de manifestación y delito de odio.
La acusación particular coincide con el Ministerio Fiscal en destacar los agravantes de abuso de superioridad, discriminación ideológica y, en algunos casos, reincidencia. De hecho, uno de los acusados tiene antecedentes policiales por homicidio y violencia de género.
El escrito también solicita para los acusados la pena accesoria de prohibición de aproximación a una distancia de 300 metros del domicilio de las entidades que integran la Comissió 9 d’Octubre (hasta 14 organizaciones), así como de las manifestaciones o actos que convoquen, por un periodo superior en dos años a la condena. La acusación, ha subrayado Gisbert, cuenta con una «base muy sólida claramente documentada». La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, tal como informó este diario, ha analizado 1.200 videos de las agresiones para identificar a los agresores.
Gisbert ha lamentado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado «no cumplieron con su función de garantizar el derecho de manifestación y de impedir una concentración de gente que no la había comunicado legalmente».
«Los que cumplimos con los trámites legales fuimos encapsulados por la Policía mientras que los violentos no lo fueron, es una actuación como mínimo cuestionable», ha señalado Gisbert, quien recuerda que la Delegación del Gobierno y las fuerzas de seguridad «tenían perfecto conocimiento de la manifestación».
El portavoz también se ha referido al «filibusterismo judicial» de las defensas de los ultras, que «recurren sistemáticamente» las actuaciones dictadas por el juez instructor con el objetivo de «alargar el procedimiento y la celebración de la vista oral». Gisbert ha remarcado el perfil de los acusados «extremadamente violento» y los antecedentes de varios ultras. «Hablamos de gente que no actúa de manera espontánea, agredieron de manera coordinada y planificada movidos por el odio político, llegando a la agresión verbal y física para impedir el ejercicio de un derecho fundamental», concluye el portavoz de la Comissió 9 d’Octubre.
