Residencia de mayores de Domus Vi, en el antiguo hospital civil Oliver de Alcoi //
La justificación de los cuantiosos fondos públicos que reciben las grandes empresas gestoras de residencias para personas de la tercera edad y mayores dependientes está bajo la lupa de la Agencia Valenciana Antifraude, un organismo que está realizando una amplia investigación sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las adjudicatarias del sector, según ha podido saber elDiario.es. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha remitido al organismo que dirige Joan Llinares abundante documentación administrativa sobre todos los centros de la geografía valenciana que servirá para analizar si se han justificado correctamente todos los fondos recibidos de la Generalitat Valenciana.
La investigación de oficio se inició antes de la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 y ha derivado en un análisis del cumplimiento de los contratos por parte de las grandes empresas adjudicatarias. Dado el volumen de documentación que ha solicitado la Agencia Antifraude —se trata de miles de folios y algunos contratos del siglo pasado—, el departamento que dirige Mónica Oltra ha pedido una prórroga para seguir localizando la información.
De momento, la agencia anticorrupción ha recibido los contratos de los centros de gestión integral de Benejúzar, Chiva, El Pinar, Elche, Elda, Manises, Onil, Orihuela, Vila-real y Morella (que cuenta con un convenio de colaboración firmado entre la conselleria y la Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación); de las residencias de gestión directa de Alicante, Burriana, Carlet y Castellón; 16 contratos de centros del grupo de 3.300 plazas; y las adjudicaciones del contrato administrativo especial para la creación de 9.000 plazas residenciales para personas mayores.
En la documentación se repiten, entre otras, las grandes empresas que durante la época del Partido Popular recibieron sustanciosas adjudicaciones para la gestión de la red de centros valencianos, como las sociedades del empresario Enrique Ortiz, financiador confeso del PP, o la empresa de la familia Cotino Centros Residenciales Savia. La gestión de las residencias, que ha aparecido de refilón en varias causas de corrupción, mueve sustanciosos fondos públicos. El mapa de necesidades de atención gerontológica que aprobó el PP en 2008, cuya documentación ya tiene en sus manos la Agencia Antifraude, preveía un coste total de 436 millones de euros.
El grueso de los contratos para la gestión integral y la directa que ya están en manos de Antifraude incluye también a las empresas del sector Clece SA; Eulen SA; La Saleta Care SL (nueva denominación de Georesidencias SL); Gestió Sociosanitària del Mediterrani (Gesmed); OHL Servicios Integrales SAU; Instituto de Gestión Sanitaria SA; Acister de Servicios SA; General de Servicios Manchegos (Gesema) o la UTE formada por Vareser 96 SL y Compañía Especial de Empleo e Integración SL.
En el caso de los 73 centros residenciales que han tenido fallecidos a consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19, la mayoría privados, la documentación que ha solicitado Antifraude incluye el «régimen obligacional» de las entidades gestoras (recursos humanos, desinfección, limpieza) y la copia de los expedientes que se hayan abierto por el incumplimiento de las obligaciones concesionales o de prestación de los servicios asistenciales.
La compleja red de centros y servicios públicos y concertados del sistema valenciano de atención a la dependencia incluye centros públicos, de gestión directa o indirecta; de titularidad de las entidades locales; y privados de entidades sin ánimo de lucro subvencionados (centros de concierto social).
Además, los centros y servicios privados cuya titularidad corresponde a empresas que disponen de plazas mediante contratación pública de la Generalitat cuentan con tres tipologías distintas: centros de accesibilidad social, que prestan un tercio de las plazas creadas y mantiene contratos administrativos especiales por procedimiento abierto; centros con contratos para la atención especializada a personas mayores dependientes en unidades de trastornos conductuales; y centros con contrato 3.300, de titularidad privada y que mantienen un contrato administrativo de servicios para 3.300 plazas en centros residenciales para personas mayores.
La investigación inicial de Antifraude ha dado una primera resolución sobre el pago de facturas injustificadas por parte del Ayuntamiento de Sueca por valor de dos millones de euros a la residencia Sant Josep, con el informe desfavorable del interventor municipal. En este caso, el organismo que dirige Joan Llinares ha detectado 69 facturas abonadas a las mercantiles Eulen SA, Clínica Geriátrica El Castillo SA, El Castillo Atención a la Dependencia SA y Neserem SL al margen de cualquier procedimiento de contratación.
La Agencia Valenciana Antifraude, el organismo público encargado de detectar presuntos casos de corrupción en el seno de la administración, comprueba ahora la justificación de los fondos de la Generalitat Valenciana por parte de todos los centros valencianos, con independencia de su tipología.
