Diego Pérez de los Cobos, en los alrededores de la Audiencia Nacional //
El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 8 de la Audiencia Nacional ha anulado y dejado sin efecto la destitución de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid ordenada el pasado 24 de mayo por no informar de la investigación del 8M y ha condenado al Ministerio de Interior a su reingreso en el puesto.
La sentencia establece que la «motivación» que llevo a su cese fue “ilegal” porque Pérez de los Cobos cumplió con su obligación al no informar de esas pesquisas, que afectaban al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, porque la instructora de ese caso le había impuesto el deber de reserva. De hecho, el juez afirma que el coronel «podría» haber cometido un delito de haber comunicado a sus superiores el desarrollo de esas actuaciones. Esa investigación mantuvo imputado a Franco por no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista.
Tras conocer el fallo, un portavoz del Ministerio del Interior ha comunicado que «desde el respeto a las decisiones judiciales, al discrepar con la resolución (…) se interpondrá recurso contra la misma a través de la Abogacía del Estado».
En la sentencia, el magistrado Celestino Salgado afirma que es “indiscutible» que «a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la magistrada a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. De esta forma, , confirma que ese fue el verdadero motivo del cese a pesar de que en un primer momento el ministro Fernando Grande Marlaska desvinculó su destitución de la investigación sobre el 8M.
“No constando —añade el juez— en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado el recurrente en su condición de Jefe de la Comandancia de Madrid, no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal”.
En su sentencia, el magistrado señala que se trata de “un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional que aparece expresamente recogido en el propio expediente administrativo —propuesta de cese y resolución del recurso de alzada—, contra lo que es habitual y que ha motivado que difícilmente sea apreciada la desviación de poder por los tribunales”.
“Es cierto que la decisión de cesar al Coronel Pérez de los Cobos queda desvelada en la propuesta de la Directora General del Cuerpo, dirigida al Secretario de Estado de Seguridad, por —repetimos una vez más— no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento; unas investigaciones que por la legislación aplicable y por las expresas órdenes impartidas por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, estaban sujetos al deber de reserva tanto la UOPJ como sus superiores, en este caso el Sr. Pérez de los Cobos”.
Para el magistrado, la legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad, sino que, por el contrario, las potestades discrecionales deben ejercitarse dentro de la legalidad. “El actuar discrecional no puede ser un medio para atentar contra la legalidad o menoscabar la legalidad a la que todos, en definitiva, estamos sujetos. Es por ello que el ejercicio de las potestades discrecionales está sujeto al control jurisdiccional en los términos expuestos”, concluye.
Las versiones de Interior
Tras hacerse público el cese, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó a decir en público el 27 de mayo que esa destitución respondía a una reestructuración más amplia en el seno de la Guardia Civil y que el suyo era un puesto de «confianza» de la Secretaría de Estado de Seguridad, negando en todo momento que estuviera vinculado con un polémico informe entregado a la jueza que ese momento investigaba al delegado del Gobierno en Madrid.
Días después, el 2 de junio, se hizo pública la propuesta de destitución de Pérez de los Cobos que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, envió al número dos de Interior y que refleja que el motivo del cese era «la pérdida de confianza de la Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de la Guardia Civil, y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. La nota estaba fechada el domingo, 24 de mayo. Esa misma noche, la directora telefoneó a Pérez de los Cobos para comunicarle su destitución.
Después de conocerse el contenido de esa nota, el Ministerio del Interior difundió un comentario de un portavoz oficial que aseguraba que la propuesta de Gámez y las afirmaciones del ministro eran compatibles. «El cese del coronel Pérez de los Cobos, tal y como se ha explicado en reiteradas ocasiones, se enmarca en el proceso de remodelación de la Guardia Civil y se concreta, como se explicita en la propuesta de cese, por una pérdida de confianza derivada, entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando», afirmó entonces Interior. Ese mismo día, en una intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Marlaska dio otra versión al relacionar el cese con una “filtración” sobre un informe de la Guardia Civil enviado a la jueza del 8M.
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