- La Sala de lo Penal interviene para recordar al juez García-Castellón que investiga a una organización que realizaba montajes y que la implicación del líder de Podemos son «meras hipótesis». Desde el fin del confinamiento, la investigación al vicepresidente se había convertido en una prioridad para el juez dentro de la macrocausa
- La Audiencia Nacional corrige la decisión del juez y vuelve a aceptar a Pablo Iglesias como perjudicado en el caso Dina
La pieza número 10 del caso Villarejo, conocida como Dina, vuelve a centrarse en el comisario acusado de liderar una organización criminal dedicada, entre otras actividades, a realizar montajes y campañas públicas de desprestigio. Esta es la principal consecuencia de la decisión que adoptó este miércoles la Sala de lo Penal, instancia judicial de la Audiencia Nacional que revisa las decisiones de los jueces de instrucción y que decidió corregir la que adoptó Manuel García-Castellón el pasado mayo, consistente en retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado que el mismo magistrado le había concedido en marzo de 2019.
La decisión del juez de dejar de considerar a Iglesias víctima de los hechos, adoptada de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, implicó un giro del caso y puso al líder de Podemos en el objetivo de una intensa investigación por parte del juez. Sin embargo, ninguna de las diligencias ordenadas por el magistrado ha arrojado un resultado concluyente, lo que ha impedido a García-Castellón dar el paso de solicitar la imputación de Iglesias al Supremo, tribunal ante el que está aforado el vicepresidente segundo del Gobierno.
Con la reorientación del caso hacia Pablo Iglesias quedó al tiempo aparcada la línea de investigación contra Villarejo, imputado desde la misma apertura de la pieza 10 por haber difundido presuntamente información privada del móvil de Dina Bousselham, una excolaboradora de Pablo Iglesias. Entre la documentación incautada al policía noviembre de 2017 había aparecido una copia de la tarjeta del móvil de Bousselham, con información coincidente con la publicada por tres medios de comunicación en momentos clave para Podemos. Los dos periodistas que reconocieron haber entregado antes esa tarjeta al policía, entonces en activo, continúan imputados.
El juez García-Castellón ha buscado indicios contra Pablo Iglesias hasta prácticamente el momento en el que la Sala de lo Penal le ha recordado en un auto que el investigado es el comisario y que lo demás son «meras hipótesis». Ademas, dicen, en el caso de que esas deducciones estuvieran acompañadas indicios razonables deberían ser investigadas por un juzgado ordinario. El ahora malogrado caso Pablo Iglesias ha centrado la actividad del caso Villarejo desde que finalizó el confinamiento, una macrocausa con una treintena de piezas que afectan al segundo banco del país, empresas del Ibex o el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los jueces de la Sala de lo Penal también se han visto en la obligación de recordar a García-Castellón que precisamente el principal investigado, José Manuel Villarejo, lo es por liderar una organización que recibía encargos para organizar campañas de descrédito e intoxicación contra terceros con el uso de medios de comunicación.
Villarejo declaró al principio de la pieza 10 al juez que entregó copia de la tarjeta al comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo en ese momento y artífice de la brigada política que actuó contra el proceso soberanista, Podemos y en el espionaje a Bárcenas para favorecer presuntamente a dirigentes del PP. La representación de Iglesias entregó al juez un escrito con la cronología de publicaciones procedentes del móvil de Bousselham que perjudicaban a Podemos y en las que mostraba las coincidencias con, entre otros episodios, las negociaciones con el PSOE en 2016 para formar un gobierno progresista.
A la solicitud de informes periciales a la Policía Científica, la comisión rogatoria a Reino Unido por el intento de reparación de la tarjeta en una empresa local o la orden a los agentes para que investigaran esta pieza de forma «preferente» hay que sumar la última iniciativa del juez, la declaración la semana pasada de José Manuel Calvente, el abogado despedido por Podemos que había asegurado en los medios que el caso Dina era «un montaje» orquestado en persona por Iglesias. Durante la declaración, Calvente se quejó de que está siendo atacado en Twitter, donde es muy activo, y el juez le ofreció investigarlo, así como protección policial.
El caso Dina arranca a instancias de la Policía
Dina Bousselham, por entonces asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento europeo, denunció en noviembre de 2015 que le habían robado varias pertenencias en el Ikea de Alcorcón y que, entre ellas, estaba su teléfono móvil. Según declararon ante el juez los dos periodistas de Interviú, el original o una copia de esa tarjeta llegaron en enero de 2016 a la revista de forma anónima. Decidieron que el material no era publicable y la empresa editora se lo entregó a Iglesias que, pese a reconocer que se trataba del móvil de Bousselham, se quedó con la tarjeta al menos seis meses.
El líder de Podemos alega que lo hizo para proteger a su colaboradora, muy afectada por las informaciones que la relacionaban sentimentalmente con él de forma falsa. De acuerdo al relato de Iglesias, cuando Okdiario comienza a publicar el contenido de la tarjeta, el secretario general de Podemos decide que esa protección es ya imposible y le entrega la tarjeta a Bousselham, quien después declararía al juez que en ese momento ya no pudo acceder a su contenido.
Que Iglesias retuvo un tiempo indeterminado la tarjeta y que su dueña la recibió en mal estado son datos que el juez conocía desde marzo de 2019, cuando citó a declarar a ambos, les ofreció que actuaran como perjudicados y advirtió a Iglesias de las «implicaciones muy serias» del Ministerio del Interior en el caso Villarejo. Iglesias y Podemos arrancaron la campaña de las últimas generales señalando una trama contra la organización política que incluía el asunto de la tarjeta de Bousselham. La pieza 10 había sido abierta, como todas las demás del caso Villarejo, por un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía acerca del hallazgo de la tarjeta de Iglesias entre la documentación incautada al comisario.
Todo cambia tras el confinamiento
Al regreso del confinamiento, durante el que la oposición señaló a Iglesias como uno de los principales responsables de la crisis sanitaria, la Fiscalía y el juez acordaron llamar a declarar de nuevo a Bousselham. El motivo de no haberlo hecho antes, aducen, es que estaba pendiente un informe de la Policía científica que se demoró casi un año, hasta el mes de enero de 2020. En su nueva declaración ante el juez, Bousselham reconoció que ella había hecho los pantallazos de la tarjeta, publicados luego por el medio que dirige Eduardo Inda, así como por El Confidencial y El Mundo. Dina Bousselham dijo también que pudo haber enviado esos pantallazos a terceros aunque no lo recordaba.
Con esta nueva información, Anticorrupción remitió al juez un escrito en el que argumentaba que si Villarejo no era el único posible responsable de la difusión y publicación de esos mensajes, no hay delito del que pueda resultar perjudicado Pablo Iglesias y que se le debía retirar la condición de perjudicado. En el mismo escrito, Anticorrupción –acusada en algunos medios y partidos de auxiliar a Podemos–planteaba que Iglesias es presuntamente responsable de los delitos de revelación de secretos (por quedarse con documentación privada de otro) y/o daños informáticos, pero que debe citarse a Bousselham de nuevo porque se trata de tipologías delictivas que necesitan que la víctima denuncie para poder actuar.
El juez García-Castellón ignoró esta parte del documento de la Fiscalía, no citó a Bousselham e igualmente no valoró un escrito posterior en el que la mujer cambia de versión, asegurando que sí pudo acceder al contenido de la tarjeta y exculpando a Iglesias. Por contra, el juez obligó a Bousselham a dejar de compartir abogada con el secretario general de Podemos.
Sin pruebas contra Iglesias
La puesta en marcha de la cooperación jurídica internacional por parte de García-Castellón derivó en una comisión rogatoria satisfecha por Reino Unido. En ella, la empresa a la que el marido de Bousselham había enviado la tarjeta después de recibirla esta de manos de Pablo Iglesias respondió que no se podía acceder a ella, que no pusieron en marcha el mecanismo para hacerlo porque el cliente rechazó el presupuesto, al tiempo que aclaraban que ésta no les llegó dañada físicamente, cuestión en la que incidía el juez. Después, la Policía Científica certificó que los daños que interesaban al juez no los hizo Pablo Iglesias sino la empresa al hacer las primeras comprobaciones sobre el dispositivo.
Entre tanto, y según decaía la posibilidad de atribuir los citados delitos a Iglesias, algunos medios publicaron que el juez se planteaba atribuir a Pablo Iglesias un presunto delito de obstrucción a la Justicia por haber recurrido su pérdida de condición de perjudicado a sabiendas de que no lo era. El juez García-Castellón está pendiente de recibir el informe que ordenó a Asuntos Internos sobre la declaración del exmarido de Bousselham y resolver la petición de Anticorrupción de que declaren de nuevo este y la excolaboradora de Iglesias.
