La Comisión de Reconstrucción andaluza propone quitar el Impuesto de Patrimonio y endurecer el acceso a la renta mínima

  • El dictamen de la presidencia de la comisión, en manos Vox, recoge múltiples supresiones y rebajas fiscales junto un “control exhaustivo” de la “ayuda social”
  • El texto, que incluye ayudas económicas a la caza y los toros, pide que la “fiscalidad medioambiental” no suponga un “obstáculo” para la economía
  • PP y Cs, que gobiernan con apoyo de la ultraderecha, estudian el texto, que puede ser enmendado. PSOE y Adelante Andalucía no participan en la comisión

Manuel Gavira (Vox), presidente de la Comisión de Estudio para la Recuperación Económica y Social de Andalucía, este lunes en el Parlamento, con el dictamen de 87 páginas // Vox

“La esperanza de los pobres nunca se frustrará (Sal 9,19)”. El dictamen de la conocida como “Comisión de Reconstrucción” del Parlamento de Andalucía, abierta para diseñar la salida de la pandemia en la comunidad, encabeza con esta cita del Libro de los Salmos su apartado de “ayudas sociales”, uno de los 16 bloques de un texto que propone suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, así como seguir rebajando el tramo autonómico del IRPF. En paralelo, el dictamen reclama “reformular los requisitos para la obtención de la renta mínima de inserción social” existente en Andalucía para introducir limitaciones a quienes hayan rechazado un puesto de trabajo.

Concretamente, el dictamen recoge: “Reformular los requisitos para la obtención de la renta mínima de inserción social, a efectos de que se tenga en cuenta la disponibilidad para el trabajo de las personas beneficiarias y por ello, tener en cuenta que no hayan rechazado ningún trabajo que se les haya ofrecido como consecuencia del cobro de prestación de este tipo o del Ingreso Mínimo Vital”. La “ayuda social” en general, no sólo la renta mínima, debe estar sometida a “un control exhaustivo […] a efectos de evitar duplicidades y de cumplimiento de requisitos”, señala el texto.

El autor del dictamen es el presidente de la comisión, Manuel Gavira, parlamentario de Vox, un grupo que votó en contra de su creación. Su elección, facilitada por PP y Cs, motivó que PSOE y Unidas Podemos renunciaran a participar en dicha comisión, que ahora pone encima de la mesa un dictamen con una inconfundible autoría. No obstante, Manuel Gavira afirmó este lunes, en la presentación del dictamen, que es un texto sin carga ideológica, que sale de la “sociedad andaluza” y no de Vox. PP y Cs, que gobiernan con el apoyo del partido ultraderechista, pueden presentar enmiendas hasta el viernes. infoLibre preguntó a ambos partidos si lo harán. El PP no lo descarta y Cs confirma que sí, aunque no aclaró el sentido. Las dos formaciones necesitan a Vox para aprobar los presupuestos de 2021, al igual que lo necesitaron para aprobar los de 2019 y 2020.

Quitar o rebajar impuestos

PP y Cs, respaldados por Vox, ya han materializado una reforma fiscal a la baja en Andalucía, como parte de lo que fue la bandera del candidato Juanma Moreno, hoy presidente, durante su campaña: la famosa “bajada masiva de impuestos”. El Gobierno autonómico suprimió el pasado año el Impuesto de Sucesiones para las herencias superiores a un millón de euros. También en 2019 el Gobierno andaluz reformó el IRPF pasando de ocho a cinco tramos del IRPF, un cambio que benefició más que a ningún otro grupo a los que ganan más de 120.000 euros.

Ahora el dictamen de la comisión abunda en esa línea de “bajada masiva de impuestos”, a partir del siguiente propósito general: “Un sistema fiscal sensato que colabore en la salida de la crisis mediante la estimulación de la inversión a través de beneficios fiscales para aquellos que arriesguen su patrimonio en inversiones productivas, así como atenuar la presión fiscal, para hacerlo más sólido, evitar el fraude e impedir que los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales cubran lo que no aportan los defraudadores”.

La fórmula defendida para alcanzar este propósito combina medidas autonómicas con exigencias de supresión o rebaja al Gobierno central. El dictamen pide quitar los Impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. En el caso del segundo, si no se puede erradicar, el dictamen propone extender las exenciones. También reclama ampliar el “ámbito de beneficios fiscales en los tributos autonómicos”. Defiende la “supresión de la plusvalía municipal” en toda España, bajar el IVA para “estimular el consumo” y “armonizar la fiscalidad medioambiental” para que no suponga “obstáculos para la reactivación económica”. Andalucía está entre las comunidades que han impulsado normas que rebajan requisitos ambientales, suprimen licencias o agilizan permisos para animar construcción y turismo [ver aquí información en profundidad].

Al mismo tiempo que se aboga por suavizar impuestos medioambientales, caben en el dictamen –prolijo en buenos deseos e intenciones genéricas, magro en números– alusiones a la “revolución verde”, expresión que suele utilizar el presidente Juanma Moreno (PP). Los beneficios fiscales propuestos, que inciden además en las PYME y las familias numerosas, se recogen en el dictamen junto a la prórroga de los ERTE y el “pago en el menor tiempo posible a proveedores de las facturas pendientes”. No hay explicación cuantificada de ningún tipo. El dictamen propone “tomar las decisiones pertinentes para solucionar el problema de la economía sumergida”. No hay alusiones similares a la evasión fiscal. Y sí abundan las referidas a un concepto que recorre de arriba a abajo el dictamen: la colaboración público-privada.

No es un texto esmerado, ni detallado, ni –en varias ocasiones– con la mínima solvencia en el tratamiento de los temas. En el apartado “Vertebración territorial y reto demográfico” hay un párrafo que dice: “Auspiciar la colaboración entre administraciones para el establecimiento de un mapa ferroviario andaluz y completar la red de metro en las principales ciudades andaluzas (Así, por ejemplo, la conexión férrea Algeciras- Bobadilla)”. Es difícil saber qué tienen que ver y por qué se abordan juntas las redes de metro en Sevilla, Málaga y Granada y el Corredor Mediterráneo, que no es competencia autonómica y que es una demanda impaciente de la comarca del Campo de Gibraltar. No se aclara. Son temas de la máxima importancia, abordados de pasada y con un brochazo que hace difícil saber en qué se plasmará finalmente una hipotética aprobación.

El sello de Vox

El dictamen lleva el sello inequívoco de Vox. ¿Ejemplos? Propone “evitar los perjuicios que el covid está generando en el sector cinegético andaluz con medidas que garanticen su actividad y protejan el empleo en este ámbito, incluida la posibilidad de bonificaciones fiscales a la actividad cinegética”. También reclama un “imprescindible […] Plan de Apoyo a la Tauromaquia que evidencie sin tapujos su valor cultural, que ayude a superar sus problemas económicos”.

El dictamen aborda la inmigración con una terminología más suave que en otras ocasiones, proponiendo “facilitar a los menores no acompañados [los conocidos como MENA] el regreso a su hogar” o “instar al Gobierno de España para que inicie un abordaje serio de la inmigración que permita evitar la inmigración ilegal y la trata de seres humanos”. Y añade: “Es de vital importancia adoptar medidas tendentes a ejercer una vigilancia de enfermedades contagiosas en nuestras fronteras en coordinación con el Gobierno de la Nación, estableciendo una frontera de protección microbiológica. En ese sentido, debe instarse al parlamento nacional que reprima, con una respuesta penal adecuada, la actividad desarrollada por las mafias que trafican con inmigrantes”.

Esta propuesta de “represión” de las “mafias” de la inmigración no tiene mayor alcance práctico. PP, Cs y Vox tienen acordado desde el año pasado que Junta colabore con el Gobierno central, incluso con un órgano conjunto, para combatir la inmigración ilegal. El acuerdo ha quedado en nada. El deseo de Vox de convertir la inmigración en un asunto central de las políticas autonómicas está de momento insatisfecho, dado que las competencias son estatales. No obstante, el tema sí le sirve para obtener titulares.

Hay una voluntad de limar la retórica en el autor del informe, que utiliza términos como “gobernanza” o “resiliencia”. Eso sí, no cede con la “violencia de género”. “Lejos de cualquier consideración sobre lo acertado o no de la terminología utilizada, se deben atajar todas las situaciones de violencia, y muy especialmente la que se genera en el ámbito intrafamiliar”, recoge el texto. El dictamen señala que la legislación “no es eficaz y, además, deja fuera de su amparo a amplios grupos de individuos, al estar enfocada predominantemente a evitar la violencia dirigida contra mujeres, y no a la dirigida contra otros integrantes del ámbito familiar”.