- El exabogado evitó presentarse ante la comisaría más cercana y recorrió más de 25 kilómetros para interponer la denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Daniel Baena, un estrecho colaborador de Pérez de los Cobos.
- En Madrid, dos juzgados rechazaron abrir diligencias antes de que el juez Escalonilla aceptara el encargo.
El exabogado de Podemos José Manuel Calvente recurrió a Daniel Baena, un teniente coronel de la Guardia Civil desacreditado por la Audiencia Nacional para que iniciara la investigación contra Podemos. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso LÚH, Calvente evitó acudir a la Fiscalía y recorrió más de 25 kilómetros para interponer su denuncia y así conseguir que las diligencias quedaran desde el principio en manos de un estrecho colaborador de Diego Pérez de los Cobos, el coronel recientemente destituido por Interior y al que el Gobierno del PP encargó, por ejemplo, el operativo del 1-O en Cataluña. Del análisis del sumario también se desprenden coincidencias entre los pasos dados por la Guardia Civil en la investigación y Vox, y anomalías que permitieron al juez Juan José Escalonilla hacerse con la instrucción del sumario.
El origen de la causa se remonta al 27 de diciembre de 2019, cuando Calvente, que había sido despedido tres semanas atrás, inició sus ataques contra Podemos. Aquel día, el exabogado rechazó interponer la denuncia ante la comisaría más cercana y ante la Fiscalía, ubicada a unos cinco minutos en coche de su domicilio, y recorrió más de 25 kilómetros desde su piso en el exclusivo barrio barcelonés de Sant Gervasi-Galvany hasta el puesto de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca, un municipio de menos de 30.000 habitantes. Es decir, Calvente rechazó la opción más cómoda para él, y optó por abandonar Barcelona y acudir expresamente a este puesto, que ni siquiera pertenece a su partido judicial. Acudió a Sant Andreu, que destaca por ser la sede de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Cataluña.
En esas concretas dependencias fue donde Calvente eligió entregar su denuncia, un documento de 45 folios que, para la Fiscalía de Madrid –según su escrito del pasado 7 de septiembre–, relata hechos que “no integran hecho delictivo alguno” o que no ofrecen “un mínimo de prueba suficiente” para iniciar una investigación, más allá de la “manifestación de sospechas”. Pero el responsable de la Policía Judicial de Cataluña, ante quien que Calvente decidió presentarse, sí vio indicios para actuar. Y ese responsable es el teniente coronel Daniel Baena, estrecho colaborador de Pérez de los Cobos en misiones encomendadas por el Gobierno del PP y recientemente desacreditado por la Audiencia Nacional.
¿Decidió Calvente acudir a ese puesto de la Guardia Civil, a más de 25 kilómetros de su casa, para dejar la investigación contra Podemos en manos de Baena? El exabogado de Podemos conocía muy bien quién es quién en la red de las cloacas, porque en Podemos accedió a toda la información de las causas en las que el partido estaba personado. Fue precisamente el sucesor de Jorge Fernández Díaz, en el Ministerio del Interior Juan Ignacio Zoido, quien encargó a Pérez de los Cobos y Baena el operativo del 1-O. Baena, de hecho, fue la pieza clave de los atestados policiales que, siguiendo la estrategia del Gobierno del PP, provocaron la judicialización de aquella jornada.
La maniobra de Baena alentó el proceso contra Josep Lluís Trapero y la cúpula de los Mossos, pero la absolución acordada para todos ellos por la Audiencia Nacional echa por tierra sus atestados y su testimonio. El juez que redactó el veredicto llega a afirmar en la sentencia que los datos aportados por Baena “no se corresponden con la realidad”. En el caso de la denuncia de Calvente, Baena también dio pasos poco usuales: basándose únicamente en el testimonio de Calvente, planteó pedir información al Tribunal de Cuentas sobre Podemos y reclamó que toda la investigación contra la formación morada se desarrollara en secreto. Además, el 16 de enero, como posteriormente hizo Vox, interesó que se cursara una comisión rogatoria a Bolivia para obtener información de empresas que habían trabajado para el partido.
Si finalmente todo queda en nada –varias partes de la causa ya se han archivado y la Fiscalía no ve indicios delictivos en la denuncia del exabogado del partido–, será la segunda vez en 2020 que la justicia echa por tierra las maniobras del teniente coronel que Calvente habría elegido para dirigir las pesquisas contra la formación morada.
Dos jueces rechazaron la denuncia de Calvente contra Podemos antes de que Escalonilla aceptara iniciar una investigación
Las anomalías en esta causa no acaban en Cataluña. El Juzgado de Martorell que recibió la denuncia de la Guardia Civil se inhibió poco después en favor de los de Madrid, por tener Podemos su sede en esta última ciudad, algo habitual. Lo que no es tan frecuente es que el juez que instruye la causa, Juan José Escalonilla, no fuera el primero en recibir las diligencias. Ni tan siquiera fue el segundo. El expediente sobre Podemos pasó antes por la mesa de otros dos jueces que rechazaron instruirlo, hasta que recayó en Escalonilla, el tercero, que sí aceptó el encargo.
El proceso en los juzgados de Plaza de Castilla comenzó en febrebro de 2020. El decanato sorteó las diligencias, como dicta el procedimiento habitual, y la causa sobre Podemos recayó en el Juzgado de Instrucción número 20. Sin embargo, este juzgado rechazó las normas que se habían aplicado en ese sorteo, y el 27 de febrero rechazó instruir el expediente. Casi tres meses más tarde, se produjo un nuevo reparto. La denuncia de Calvente acabó entonces sobre la mesa del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que tampoco quiso hacerse cargo de ella. Aludió de nuevo a un supuesto incumplimiento de las normas de reparto y devolvió el expediente al decanato.
Cómo llegó la causa a la mesa de Juan José Escalonilla es un misterio. La documentación que consta en el sumario no lo aclara. Tras el rechazo del juzgado 41, lo siguiente que figura en el expediente es un escrito de Escalonilla aceptando el encargo para pilotar la investigación contra Podemos. En un mismo documento, se proclamó competente para instruirla y llamó a declarar a José Manuel Calvente para que se ratificara en el contenido de su denuncia. Después de que dos jueces rechazaran este asunto, Escalonilla lo aceptó y citó rápidamente al exabogado. Al día siguiente, imputó a tres cargos de Podemos. Eso sucedió en julio, aunque las personas investigadas todavía no han tenido la oportunidad de declarar ni, por tanto, de defenderse de las acusaciones, que han copado horas de tertulias y portadas de periódicos desde el verano. Están citadas a finales de noviembre.
Mientras esa fecha llega, este juez, el mismo que dio carpetazo a la investigación contra tres policías que insultaron gravemente a la entonces alcaldesa Carmena, desearon su muerte y compartieron loas a Hitler, ha encargado todas las diligencias contra Podemos a un íntimo de Ignacio Cosidó, director de la Policía con el Gobierno del PP bajo cuyo mandato se fabricaron pruebas falsas contra los enemigos políticos de Rajoy. En un nuevo movimiento inusual, Escalonilla ha apartado a la UDEF y ha encomendado las pesquisas a la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, liderada por Pedro Agudo. En definitiva, la investigación contra Podemos comenzó en un lugar inusual, fue rechazada por dos jueces, acabó instruida por el tercero que recibió el encargo y es liderada, ahora, por un cuerpo policial que dirige un inspector vinculado a las cloacas del Estado.
+info relacionada: Podemos, en la encrucijada de un modelo territorial abocado a la reinvención – publico.es, 30-10-2020
