Pese a los 9.700 millones de euros en indemnizaciones que Monsanto debe pagar por las fumigaciones con glifosato en EE UU y el informe de la OMS que lo clasifica como “posible cancerígeno”, este herbicida continúa utilizándose masivamente en España y en la UE, contaminando cuencas hidrográficas. Un ejército de lobbies, con periodistas y científicos a sueldo, ha conseguido hasta ahora eludir la prohibición.
En España el herbicida glifosato se utiliza en la agricultura convencional y para exterminar malas hierbas y arbustos en parques, plazas y aceras // Ecologistas en Acción
En Estados Unidos, Bayer-Monsanto ha tenido que pagar 9.700 millones de euros por los casos de cáncer que ha provocado su marca de glifosato, Rondup. En Argentina, Paraguay, Brasil o México llevan décadas denunciando la toxicidad de este herbicida que en 2015 la OMS clasificó como “probable cancerígeno”.
Sin embargo, las fumigaciones realizadas con este polémico agrotóxico continúan en la Unión Europa después de que la Comisión renovara su uso en 2017 por cinco años más. Esta decisión fue adoptada utilizando como principal referencia científica un informe que había copiado capítulos enteros de un estudio enviado por la propia Monsanto y contó con la oposición de nueve países: Bélgica, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta y Austria. En España, apenas hay ríos que no tenga residuos de este peligroso herbicida, según un reciente informe de Ecologistas en Acción.
El glifosato es el herbicida más vendido en España y “una plaga para la salud de nuestros ríos, el medio ambiente y las personas”, según denuncia el título del informe presentado este 21 de julio. Las analíticas de glifosato tomadas en 10 de las 17 demarcaciones hidrográficas confirman “la elevada presencia” de este agrotóxico.
En las diez cuencas analizadas, los datos suministrados a petición de Ecologistas en Acción por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico demuestran una “amplia contaminación con glifosato de las aguas superficiales españolas y la urgencia de prohibir su uso”.
La normativa española establece como valor límite una proporción de 0,1 μg/l (microgramos por litro) de un plaguicida en una masa de agua. Si se trata de una combinación de varios plaguicidas, este límite se sitúa en los 0,5 μg/l. En muchos de los puntos analizados, los resultados rebasan ampliamente estos límites.
En el 21% de las muestras obtenidas se supera el límite de 0,1 μg/l y en un 7% de las muestras se supera el valor de 0,5 μg/l, cifra que las directivas consideran como el máximo permitido para la suma de todos los plaguicidas presentes. En dos puntos se han detectado concentraciones de glifosato centenares de veces superiores al límite permitido: en el Canal Laguna Herrera, en Málaga, con 71 μg/l —710 veces más que el límite—, y en la Rambla del Albujón (Murcia), con 43,2 μg/l —un valor 432 veces superior—. En Arroyo del Águila (Cádiz), el glifosato detectado supera en 76 veces el límite permitido.
Según Ecologistas en Acción, los datos muestran “las deficiencias de la legislación europea y española y la necesidad de que las administraciones autonómicas y estatales actúen para reducir la contaminación de este plaguicida en el medio acuático”
En el caso de la cuenca del Duero, en 2018 la Confederación Hidrográfica del Duero analizó glifosato en 190 puntos de muestreo diferentes y detectó este herbicida en 67 localizaciones. En decenas de estas muestras, los valores encontrados eran centenares de veces superiores al valor límite considerado.
Según Ecologistas en Acción, los datos muestran “las deficiencias de la legislación europea y española y la necesidad de que las administraciones autonómicas y estatales actúen para reducir la contaminación de este plaguicida en el medio acuático”. Para ello, desde esta confederación ecologista reclaman que el Ministerio prohíba la comercialización de productos que fitosanitarios que contengan glifosato y asegure que la recogida de información sobre presencia de plaguicidas en los ríos “sea más completa y ajustada a la realidad y sirva, a su vez, como punto de partida para proteger nuestros ríos al medioambiente y a las personas, de la contaminación por glifosato”.
La hora del glifosato
En los años 50, el bioquímico Clair Cameron Patterson buscaba determinar la edad de la Tierra cuando encontró un obstáculo: todas las muestras estaban contaminadas con plomo, mucho más de lo normal. No tardó en descubrir que se debía al uso generalizado de la gasolina con plomo. Durante décadas, Patterson luchó para prohibir la venta de este producto y chocó una y otra vez contra los estudios científicos pagados por las propias empresas petroleras que insistían en la inocuidad de este elemento.
La historia se repite con otros productos, que ahora todo el mundo identifica como tóxicos, pero que en su momento los lobbies industriales defendían con la ciencia de la mano. Ocurrió con el tabaco, incluso con el plutonio, que llegó a incluirse en juguetes para niños en 1959.
A principios del nuevo siglo, el aumento espectacular de los casos de cáncer en las zonas fumigadas provocó una ola de protestas y los primeros estudios científicos que relacionaban el glifosato con el cáncer y otra enfermedades
Ahora es el momento del glifosato. Para quien no lo conozca, es un herbicida utilizado en todo el mundo, en pequeñas y grandes superficies agrícolas, pero también en parques, plazas y calles de algunas ciudades para eliminar malas hierbas y arbustos. Un negocio redondo para los fabricantes de este agrotóxico, especialmente para Monsanto, que llegó a patentar una soja transgénica que resiste sin inmutarse a las fumigaciones de Rondup, su marca de glifosato.
La soja transgénica reemplazó a los cultivos tradicionales de numerosos países, especialmente en el continente americano. La escena de avionetas que fumigan glifosato sobre pueblos, escuelas e incluso hospitales ubicados en la cercanía de los campos de soja se hizo habitual en los 90. A principios del nuevo siglo, el aumento espectacular de los casos de cáncer en las zonas fumigadas provocó una ola de protestas y los primeros estudios científicos que relacionaban el glifosato con diversas enfermedades.
La lucha de las Madres de Ituzaingó en Córdoba, Argentina, dio a conocer en el cono sur los riesgos del glifosato y propició los primeros cambios legislativos. La industria reaccionó con sus propios estudios, en los que se defendía la inocuidad del Rondup.
Una avalancha de 125.000 denuncias contra Monsanto, adquirida en 2019 por Bayer, concluyó con un acuerdo por el que esta multinacional debe pagar a las personas afectadas por el glifosato 9.700 millones de euros
En Estados Unidos es donde las iniciativas contra Monsanto han llegado más lejos y una avalancha de 125.000 denuncias contra esta compañía, adquirida en 2019 por Bayer, concluyó con un acuerdo por el que esta multinacional debe pagar a las personas afectadas 9.700 millones de euros. Todo ello, sin que la empresa reconozca que el herbicida más vendido del mundo provoca cáncer.
En marzo de 2015, después de una reunión de ocho días, con 17 científicos de 11 países del mundo, un grupo de trabajo de la IARC, el organismo de la OMS de investigación sobre el cáncer, concluyó que el glifosato era un “probable carcinogénico para humanos” basándose en “suficiente evidencia de carcinogenicidad en animales de experimentación y evidencia limitada de cáncer en humanos para el linfoma no Hodgkin”.
Precisamente linfoma no Hodgkin (LNH) era el tipo de cáncer incurable que tenía Dewayne Johnson, un hombre de 46 años, que demandó a Monsanto por haberlo enfermado con el uso continuado del herbicida Roundup.
En 2018, Johnson derrotó a Monsanto, que se vio obligada a pagar 289 millones de dólares, sentando un precedente para los miles de juicios que tiene abiertos y que Bayer pretende cerrar con la multimillonaria indemnización.
Aunque la relación entre el glifosato y el cáncer es “probable”, según este organismo de la OMS, los jurados estadounidenses han condenado a Monsanto por haber ocultado el peligro del producto. De hecho, la compañía ya había sido acusada en dos ocasiones por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos por falsificar deliberadamente los resultados de pruebas realizadas en los laboratorios de investigación pagados por Monsanto para estudiar los efectos de este herbicida.
Según los grupos Socialistas, Verdes e Izquierda Unitaria, capítulos enteros del informe que avaló la renovación del glifosato por parte de la UE en 2017 son un “copiar y pegar” del dossier enviado a las autoridades europeas por Monsanto
En la Unión Europea, el glifosato fue renovado por otros cinco años en 2017. Entre los estudios que avalaron esta decisión figura el realizado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), una investigación cuya independencia no tardó en ser cuestionada desde dentro del Parlamento Europeo. Según los grupos Socialistas, Verdes e Izquierda Unitaria, capítulos enteros son un “copiar y pegar” del dossier enviado a las autoridades europeas por Monsanto. Para poder acceder a los estudios de toxicidad que había realizado la EFSA, fue necesario llegar hasta el Tribunal de Justicia de la UE para obligar a que desclasifique los informes que tanto habían influido en la decisión de la Comisión. “La renovación del glifosato no contó con fuentes fiables, con las garantías que debía”, dijo entonces Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo.
Según la periodista de investigación Carey Gillam, Monsanto ha establecido una red de científicos en EE UU y la UE para manipular a los políticos y presionar en favor del glifosato bajo la apariencia de entidades independientes.
Pese a la directiva europea, Austria se convertía en julio de 2019 en el primer país de la UE en prohibir el glifosato, una decisión que imitó Luxemburgo a principios de 2020, con un amplio programa de indemnizaciones para que los agricultores puedan sustituir este producto por otros herbicidas menos tóxicos. Tanto Bélgica como Francia se mostraron muy críticos con la decisión de renovar el glifosato y plantean prohibirlo por su cuenta.
