- Las 216 compañías que facturan más de 1.000 millones aportan el 42% del beneficio de todas las empresas españolas, pero suponen solo un 24% de los impuestos al abonar de media un 5,47%, lejos del 15% mínimo en Sociedades que negocia el Gobierno y propone la comunidad internacional
- — La baja recaudación por IVA, Sociedades y los impuestos verdes lastran el objetivo de España de llegar a la presión fiscal europea
// David Velasco
España tiene ante sí durante los próximos meses abrir el complejo y enconado debate fiscal. La reforma tributaria, prevista para el primer trimestre del año que viene, tiene sin embargo un primer capítulo en las próximas semanas. Unidas Podemos ha llevado a la mesa de la negociación con el PSOE para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado la inclusión en esta ley de un nuevo tipo mínimo de Sociedades para las grandes empresas del 15% y, según han apuntado distintas fuentes, en la última semana ha habido entendimiento en esta línea, aunque sin cerrarse el acuerdo.
De este modo, de salir adelante la medida, se pretendería acompasar el modelo tributario español con la aprobación este verano de un mínimo global del impuesto de Sociedades acordado en el G7, el G20, o la OCDE. Más de un centenar de países, entre ellos España, han apoyado la medida. Y, a la vez, se intentaría corregir un desequilibrio que existe entre las empresas españolas, donde la media se sitúa en el 9,5% sobre el beneficio, pero en las grandes empresas cae hasta un 5,47%.
Por el momento no se conocen los detalles de cómo quedaría el acuerdo. La propuesta de Unidas Podemos pasa por situar ese 15% para las grandes empresas y reducir el tipo general al 23% para las pymes. Hacienda había apostado por esperar a 2022, cuando se tenga sobre la mesa el informe del comité de expertos de la reforma tributaria, para analizar los cambios en las distintas figuras fiscales, y la ministra María Jesús Montero ya avanzó en primavera que la modificación en Sociedades sería una de las primeras acciones. Sin embargo, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya reconoció que se contempla adelantar la medida del 15% a estos presupuestos.
Para situar bien el debate que hay en torno a este impuesto conviene aclarar determinados conceptos y los datos reales de recaudación de la Agencia Tributaria. En primer lugar, hay que diferenciar entre tipo general, tipo efectivo y tipo mínimo. El primero de estos conceptos hace referencia al porcentaje de la base imponible —el beneficio de la empresa al que se le aplican determinados ajustes, como por ejemplo si se han tenido pérdidas en años anteriores— que deben pagar las empresas. Aunque con algunas excepciones, en España se sitúa en el 25%, en línea con otros países europeos aunque por detrás de otras economías como Francia. Sin embargo, ninguna empresa paga el 25% de su base imponible, porque existen determinadas deducciones que hacen que ese porcentaje sea más bajo. De ahí, sale el tipo efectivo, en el que hay que diferenciar —y esto es importante en el debate, porque las diferencias son importantes— si es sobre la base imponible o sobre el beneficio de la empresa. En España, la media es el 21,48% sobre base imponible y de poco menos del 9,5%, respecto al beneficio. Y, por último, el tipo mínimo que ahora se debate, supondría situar un suelo para las grandes empresas del 15%, reduciendo el impacto de las deducciones que pueden hacerse.
Tras los conceptos, los datos. Para poder analizar las diferencias según el tamaño de la empresa, hay que acudir a los datos de 2018, último ejercicio con las estadísticas consolidadas en la Agencia Tributaria. Las de 2019 se conocerán este mes. Sobre la base mínima, no existen grandes diferencias en cuanto al porcentaje pagado por los distintos tamaños de empresa. Todas ellas se sitúan entre el 21% y el 23%. Solo las más grandes, aquellas que facturan más de 1.000 millones de euros al año, están por debajo del 20%.
Pero las grandes diferencias ocurren cuando lo que se compara es el porcentaje de impuestos que pagan respecto a los beneficios. En este caso, las 216 empresas que facturan más de 1.000 millones de euros en España tienen un tipo efectivo del 5,47%. Acumularon un beneficio de 101.000 millones de euros en 2018 y abonaron 5.560 millones de euros por el impuesto de Sociedades. La diferencia es muy significativa cuando se compara con la situación de las pymes y llega a ser de casi cuatro veces. Las compañías que facturan entre 2 y 3 millones de euros son las que abonaron aquel año la mayor factura por el impuesto de Sociedades, alcanzando el 21,29%. Otras grandes empresas, por debajo los 1.000 millones de facturación, también muestran tipos efectivos inferiores al 10%.
–Gráfica: Las grandes empresas son las que menos impuestos sobre beneficios pagan – Fuente: Agencia Tributaria (AEAT) – Creado con Datawrapper
Cabe remarcar que estos datos son medias aritméticas, por lo que habrá múltiples casos dentro de ese universo de grandes empresas. También las habrá que anualmente se encuentren por debajo de ese 5,47%.
El sector empresarial español ha adolecido siempre de un enorme peso de las pymes y las micropymes dentro del tejido productivo. La Agencia Tributaria cuantifica en sus estadísticas del Impuesto de Sociedades a más de 1,5 millones de empresas. Casi el 91% de esas empresas facturaron menos de un millón de euros y apenas suponen el 13% del beneficio cosechado por las compañías españolas durante el ejercicio 2018.
Sin embargo, 216 empresas (el 0,01% del total) concentraron en torno al 42% del beneficio, dando muestra del importante peso que tienen en los resultados financieros de las compañías españolas. El problema es que este peso no se traslada a los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades. En este caso, las 216 empresas que concentran el 42% del beneficio empresarial, apenas suponen el 24% de a recaudación por este impuesto. Es decir, se reduce su peso a poco más de la mitad.
–Gráfica: Las macroempresas obtienen el 42% de los beneficios pero pagan el 24% de los impuestos –
Por el contrario, si se analiza a las pymes, dejando a un lado aquellas que no alanzan los 50.000 euros de facturación, todas tienen mayor peso en los ingresos por Sociedades que en el beneficio del conjunto de las compañías españolas. En algunos casos hasta se duplica. Las empresas que facturan entre 50.000 euros y 60 millones aportan el 37% de la recaudación pese a suponer menos del 22% del beneficio.
Las grandes empresas rechazan que estén pagando menos impuestos y habitualmente han achacado estas diferencias a que se les contabiliza los impuestos pagados en España frente al total de su beneficio consolidado, lo que incorpora la actividad de otros países donde, señalan, también pagan impuestos. El problema de esta argumentación es que los propios datos de la Agencia tributaria la hacen tambalear. Las multinacionales españolas, amparándose en estrategias legales y la presencia en paraísos fiscales, llegan a pagar incluso por debajo del 1% de Sociedades.
Un informe publicado este martes por la Agencia Tributaria, conocido como País por País, analiza el impuesto sobre Sociedades que pagan las multinacionales españolas por su negocio fuera de España. Estas 122 empresas analizadas pagaron el 18,3% de tipo efectivo. Si bien, con grandes diferencias. Una veintena de estas compañías concluyeron el ejercicio 2018 con una factura fiscal del 1,8%, frente a más del 27% que abonó la treintena de grupos que más impuestos pagó durante aquel ejercicio.
La CEOE lo ve «demagógico»
En este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró este viernes que es un «error» y «demagógico» proponer un impuesto mínimo del 15%. «Aquí no sobra nadie y me resulta demagógico decir que las grandes empresas no pagan. Si vemos las cantidades que pagan, aunque eso no se dice, es bastante dinero», aseguró en una entrevista en la televisión públicas, donde aseguró que el verdadero problema de recaudación está en la economía sumergida.
Es difícil medir cuál sería el impacto en la recaudación que supondría el tipo mínimo del 15% a las grandes compañías. Habrá que esperar a cómo fructifica el acuerdo en la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos y conocer a qué empresas se le aplicará y en qué condiciones. Sí se tiene una estimación cuánto supondrá para España la creación de este límite a nivel global para las empresas. Serán unos 700 millones de euros anuales, si bien esta cantidad se podría ver reducida a 600 millones por la letra pequeña del acuerdo que contempla determinadas exenciones.
Lo que reduce la factura fiscal de muchas compañías, además de determinadas estrategias de ingeniería financiera en el caso de las multinacionales, es el modelo de deducciones y exenciones que se tienen contempladas. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, aseguró esta semana que la reforma fiscal que debe acometer España debe estar más enfocada en repensar ese modelo, que al final reduce la recaudación, que en crear nuevas figuras fiscales o en elevar los tipos impositivos. «Si nos quedamos en esos elementos, no habría hecho falta esperar tanto para la reforma fiscal», advirtió.
Sea cual sea el modelo que se utilice para reformar el Impuesto sobre Sociedades, España tiene que afrontar en los próximos años un intento por acercarse a la presión fiscal en Europa y, precisamente, este gravamen es una tarea pendiente. Es el octavo país de la UE con menor peso de la recaudación por este impuesto frente al PIB (2,1%) y se sitúa lejos del 2,7% de media que hay en la UE y en la zona euro. Es, junto al IVA y los impuestos medioambientales, uno de los campos en los que el sistema fiscal está lejos de la media comunitaria.
