La empresa gestora del vertedero de Zaldibar sabía que había grietas y no les dio importancia, según admite en un informe

https://static.eldiario.es/clip/14934988-42bd-44a7-98c3-111c6c1a7bab_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg

Labores de rastreo en la lengua de residuos desplomada en Zaldibar // eldiario.es/Euskadi

«En los vertederos es normal este tipo de movimientos». Así despachó la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, Verter Recycling, la alerta lanzada 48 horas antes del derrumbe de la enorme lengua de residuos por uno de los dos trabajadores que quedaron atrapados en el alud, Joaquín Beltrán, cuyo cadáver aún no ha aparecido 13 meses y medio después. Recientes informes, como el de la Inspección de Trabajo, habían puesto ya de manifiesto que en la misma mañana del jueves 6 de febrero, horas antes de los hechos, la compañía tenía advertencias formales de riesgos «inminentes».

Ahora, según una cronología de lo ocurrido elaborada por la propia compañía –a la que ha tenido acceso elDiario.es/Euskadi–, se confirma que dedicaron toda esa semana previa a analizar las grietas y corrimientos aparecidos y que nunca llegó a tiempo una empresa contratada para analizar la situación. También que Verter Recycling insiste en que nada le hacía sospechar que «pudiera tratarse de una situación de la envergadura que finalmente se produce».

Saber más: Zaldibar, año 1: cuando la montaña se vino abajo y 800.000 metros cúbicos de residuos sepultaron a Alberto y Joaquín

Quien firma el documento –que ahora ha sido enviado al Parlamento Vasco a instancias de EH Bildu– es Arrate Bilbao Barinaga, una de las responsables de la compañía y sobrina del dueño, José Ignacio Barinaga. El informe está fechado el 17 de febrero de 2020, esto es, apenas unos días después de lo ocurrido, que merece la consideración de «desgraciado incidente» por parte de Verter Recycling. Se trata de la primera respuesta que ofreció la gestora de Zaldibar al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Un año después, una juez de Durango mantiene abiertas dos causas paralelas pero diferenciadas en torno a la muerte de Joaquín Beltrán y de su compañero Alberto Sololuze, cuyo cadáver apareció en agosto de 2020. Por un lado, se analiza un posible homicidio imprudente por parte de los dueños de las instalaciones y, por otro, si los hechos son constitutivos de un delito contra el medio ambiente.

En su relato, Bilbao explica que «a finales de enero» Verter Recycling inició el sellado de la primera zona del vertedero, «la más cercana al dique de contención». Es capital para interpretar la magnitud de la catástrofe la configuración de este vaso de residuos en la ladera de una montaña ubicada en el linde entre Bizkaia y Gipuzkoa. Se hicieron trabajos de desbroce y excavación superficial y, llegado febrero, el martes 4, dos días antes del desplome, «el jefe de la contrata de los trabajos de aplanamiento [es decir, Beltrán] se acerca a la oficina para hablar con el director técnico». «Trasladó que el lunes descubrió algunos cambios en diferentes puntos del vertedero», se puede leer. Tras el eufemismo «cambios» se esconden grietas y desplazamientos. «Enseguida se acercan a verlo ambos. En esa esquina, junto a la limahoya, [Beltrán] dice que cree que se ha desplazado la tierra superficial. El director técnico comenta que no es capaz de ver la diferencia porque no tiene referencias». Este ingeniero, Juan Elosegui, está imputado como Bilbao y Barinaga en la causa judicial.

A las 13.00 horas de ese día, a 50 horas de que la montaña de residuos cayera, se llamó a la ingeniería Geyser HPC. Tras la visita, se estima que «las grietas superiores pueden deberse a pequeños asentamientos diferenciales del vertedero entre zonas de mayor y menor potencia de residuos». «Hay veces que la masa se recoloca y se da un movimiento y ya no se mueve más», argumentan en Verter Recycling. Se contacta con Lurtek, otra empresa especializada, pero su dictamen nunca llegó a tiempo.

El miércoles 5 se personan nueve topógrafos a tomar mediciones. «No se aprecia ningún movimiento nuevo con relación a los del día anterior», defiende Verter Recycling, que ahora sí admite los problemas existentes en la jornada anterior sin eufemismos. Y no hay un solo foco de preocupación: «La grieta inicial de la entrada del vertedero no se ve. Se ven los desplazamientos de tierra superficial en la parte baja del talud 1 y los otros dos puntos junto a la curva de hormigón y en la zona previa al acceso a la explotación […]. Al verlos, se piensa que pueden ser asentamientos diferenciales». Es ahí cuando Verter Recycling sentencia que «en los vertederos es normal observar este tipo de movimientos». No obstante, como medida de «precaución» se optó por que el jueves no se trabajara más en la parte del sellado. Tampoco ese día acudieron los técnicos de Lurtek que habían sido contratados.

https://static.eldiario.es/clip/b09d11f1-a188-4289-b240-bbb5b7620460_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg

Extracto del informe de Verter Recycling

El jueves de autos por la mañana, el director técnico «colocó unos restos de asfaltos» para que sirvieran de «testigo» para controlar la evolución de la grieta. Geyser, por correo electrónico, informa de que «hay un desplazamiento», aunque Verter Recycling omite lo que revela la Inspección de Trabajo y recogió ‘El Diario Vasco’, que el riesgo era «inminente». Tan «inminente» era el problema que «sobre las 15.00 horas se produce el deslizamiento», un «desgraciado e imprevisible incidente» que dejó «en estado de shock a la plantilla de Verter Recycling», según su propio testimonio.

La compañía explicaba a Medio Ambiente que había perdido información documental, contable y ambiental –por ejemplo los datos de entrada y salida de camiones– bien por el propio alud o también porque la Ertzaintza registró la sede central de la compañía en la cercana localidad de Eibar y decomisó abundante material informático. La Policía volvió a actuar en julio al arrestar a Barinaga, Bilbao y Elosegui, que ahora están en libertad con cargos. Ya han abonado una fianza por la posible responsabilidad económica en caso de que sean condenados por homicidio imprudente.