La empresa Ribera Salud, propiedad de Centene Corporation, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa (hermano del senador del PP Fernando de Rosa) ha contratado al despacho de abogados del exlíder de Ciudadanos para trata de evitar por la vía judicial que el Gobierno valenciano de PSPV, Compromís y Unides Podem recupere la gestión pública del departamento de salud el próximo mes de octubre, cuando finaliza el concesión otorgada por los populares hace 15 años
Albert Rivera //
Ribera Salud, empresa que gestiona por medio de una concesión otorgada hace 15 años por el PP el departamento de Salud de Torrevieja (Alicante), incrementará la presión judicial sobre el Gobierno valenciano para tratar de frenar su anunciada recuperación por el sistema público de sanidad a partir del 15 de octubre, cuando finaliza el contrato.
Fuentes de la compañía han confirmado a elDiario.es que han contratado al despacho de abogados Martínez-Echeverría & Rivera que preside el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, tal y como ha avanzado El Español.
«Es uno de los despachos con los que trabajamos. Como grupo multinacional, tenemos varios asesores legales y el despacho de Echeverría es uno de ellos», han explicado desde la empresa a elDiario.es.
Ribera Salud, empresa valenciana propiedad de la americana Centene Corporation, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa, hermano del senador valenciano del PP Fernando de Rosa, ha emprendido una batalla judicial para evitar la reversión del centro sanitario de la ciudad alicantina, tal y como hizo en 2018 cuando la Generalitat recuperó la gestión del de Alzira, llegando a plantear decenas de recursos.
La última de estas maniobras, denuncian desde la Conselleria de Sanidad, ha sido la presentación el pasado miércoles 31 de marzo de un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anunciando un recurso de casación contra el auto del 26 de marzo que les obligaba a presentar ante la Generalitat, antes del 31 de marzo, toda la documentación necesaria para poder llevar a cabo el proceso de reversión: «Están intentado dificultar, si no paralizar, el proceso».
Recientemente, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) declaró la inadmisibilidad de un recurso de la empresa que pedía la revisión de las liquidaciones de los ejercicios 2006 a 2012, lo que salvó a la Generalitat Valenciana de abonarle 7,8 millones de euros.
Recuperación pública de los departamentos que privatizó el PP
El Gobierno valenciano de izquierdas presidido por Ximo Puig se ha marcado el objetivo de recuperar todos los departamentos de salud privatizados, uno de los principales compromisos del Pacte del Botànic firmado en 2015 por el PSPV y Compromís con el apoyo de Unides Podem, reeditado cuatro años después con los morados ya como parte del ejecutivo.
Así, en el primer mandato del Botànic fue precisamente el hospital de Alzira, el pionero del modelo concesional impulsado por el PP y Ribera Salud, el que se recuperó para la gestión pública al caducar el contrato el 1 de abril de 2018.
Lo mismo sucederá el 15 de octubre de 2021 con el hospital de Torrevieja después de que finalice la concesión de 15 años otorgada en 2003 por el PP, a pesar de los intentos de Ribera Salud por convencer al presidente Puig de prorrogar el contrato. La puesta en marcha del centro hospitalario se produjo el 16 de octubre de 2006.
No es esta la única concesión sanitaria que el Gobierno valenciano pretendía recuperar para la gestión pública a corto plazo. Sanidad anunció en abril del pasado año el inicio de los trámites necesarios para permitir el rescate del hospital de Dénia, gestionado por Marina Salud, empresa integrada por DKV y Ribera Salud, tras fracasar las negociaciones con la primera de las firmas, propietaria de un 65% de las acciones de la sociedad. Sin embargo, tras la irrupción de la pandemia, no ha habido en los últimos meses novedades al respecto. En este caso, el contrato finaliza también en 2021.
De esta forma, a la empresa valenciana propiedad de la americana Centene Corporation, tan solo le quedaría en concesión un hospital en Elche, cuyo contrato expira en 2025.
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