La Fiscalía cierra todas las puertas de la investigación al rey Juan Carlos aunque reconoce el fraude fiscal cometido

Los posibles delitos del rey Juan Carlos I han prescrito o se produjeron en el momento en que era inviolable. La Fiscalía celebra haber conseguido recuperar cinco millones de euros del dinero evadido en impuestos.

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La reina Letizia, el rey Felipe VI, Juan Carlos I y la reina Sofía // Juan Carlos Rojas

La Fiscalía General del Estado ha concluido y archivado en el día de hoy, 2 de marzo, las tres diligencias que afectaban al rey Juan Carlos I, jefe de Estado entre 1975 y 2014. Con este paso y tras la decisión del fiscal especial del cantón de Ginebra de archivar parcialmente la causa contra Corinna Larsen, el futuro judicial del monarca se termina de aclarar.

En la primera de las causas archivadas se investigaba la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la línea de ferrocarril de alta velocidad que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula.

De esa causa se investigaba la donación de 64.884.405 euros (100 millones de dólares) por parte de los promotores a la cuenta de la Fundación Lucum, de la que el rey Juan Carlos de Borbón sería beneficiario.

En el marco de esa diligencia, la Fiscalía también procede al archivo de la investigación sobre unas transferencias ordenadas entre los años 2017 y 2018 por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause, de las que habrían salido directamente beneficiados Juan Carlos I y otros miembros de la familia real.

El órgano fiscal reconoce en el primero de los casos que se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 “que superan con creces el importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito”. Hasta 2011 todo estaría prescrito, explica el escrito, y en las irregularidades de 2012 tampoco se puede entrar porque el rey se encontraba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.

Tampoco ha conseguido la Fiscalía relacionar la donación de los casi 65 millones de euros con la adjudicación de las obras al consorcio español, un delito “susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal” que, sin embargo, también estaría prescrito según el auto de la Fiscalía.

Sobre las transferencias de Sanginés Krause, de un valor total de 516.606,32 euros, la Fiscalía declara que no se conoce contraprestación de servicios por parte del monarca.

Por último, dentro de la diligencia 40/2020 tampoco se encuentra delito en los gastos sufragados por la Fundación Zagatka, pese a que el órgano fiscal reconoce que la documentación permiten establece “que entre los años 2014 y 2018 la Fundación Zagatka, mediante trasferencias bancarias desde sus posiciones financieras en entidades suizas, abonó cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento originados por S.M. D. Juan Carlos de Borbón, sus familiares y allegados”. Esos gastos estarían cubiertos por las declaraciones complementarias de la renta presentadas en febrero de 2021.

La Fiscalía se felicita, eso sí, de que su actuación ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas, “cuantía correspondiente a las cuotas tributarias adeudadas” por el rey Juan Carlos a Hacienda.

En la misma nota se informa del cierre de la diligencia 44/2020, referente a la participación de Juan Carlos I en The JRM 2004 Trust, puesta en manos del Ministerio Fiscal por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Pero Fiscalía no ha encontrado indicios de que el exjefe de Estado estuviera involucrado en la gestión de dicho fondo.


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