“Vamos muy tranquilos al juicio. Lo único que hicimos fue hacer sindicalismo y creo que lo que buscan es sacar dinero o incluso rédito político, ya que el hijo del empresario es afín a partidos conservadores y ultras”, asegura uno de los imputados.
Imagen de una de las concentraciones convocadas por la CNT contra la Pastelería Suiza de Gijón.
La fiscalía de Gijón solicita un total de casi 20 años de prisión para una extrabajadora de una pastelería, seis afiliadas de la CNT y un manifestante por dos delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia, así como una indemnización de 60.000 euros. Los hechos se remontan al primero de mayo de 2017, cuando la CNT convocó una concentración delante de la Pastelería Suiza. Una trabajadora había denunciado al dueño por acoso sexual. Las concentraciones se repitieron a lo largo de varias semanas y el empresario inició una batalla jurídica que ha ido perdiendo caso a caso, hasta recalar en un escrito presentado por la fiscalía que el abogado del sindicato califica de “sin sentido”. El juicio arrancará el lunes 18 de enero y tiene fijadas cinco sesiones.
“Vamos muy tranquilos al juicio. Lo único que hicimos fue hacer sindicalismo y creo que lo que buscan es sacar dinero o incluso rédito político, ya que el hijo del empresario es afín a partidos conservadores y ultras”, indica bajo el anonimato una de las personas imputadas. La acusación particular pide para ella ocho años de cárcel por delitos de calumnias, injurias, coacciones, amenazas, integridad moral y usurpación de identidad. “No sabemos ni a qué se refieren con este último delito”, añade el letrado del a CNT, Evaristo Bango.
El dueño considera que las concentraciones de la CNT le llevaron a la bancarrota, cuando semanas antes había puesto en venta su negocio
La acusación particular sostiene que las concentraciones convocadas por la CNT les causaron un perjuicio económico que les llevó al cierre del negocio, “cuando existen anuncios de venta del negocio semanas antes de la primera concentración en varios periódicos”, explica la persona imputada.
“Ha sido un acoso judicial constante por parte de este empresario”, resume el abogado, quien tuvo que hacer frente a la denuncia de esta familia que pretendía ilegalizar al sindicato en una demanda que presentaron junto con otros empresarios de la ciudad, que también habían mantenido conflictos laborales en sus empresas y la CNT defendió a los trabajadores. “En su auto, el juzgado nº5 de Instrucción de Gijón consideró que tras la petición de ilegalización podía haber oscuras finalidades en estos empresarios, que tenían a trabajadores sin asegurar y no pagaban horas extra. El juzgado archivó la demanda y, posteriormente, la Audiencia Provincial ratificó el sobreseimiento”, recuerda Bango.
La denuncia de la extrabajadora fue archivada por falta de pruebas, a lo que el dueño respondió con una demanda por denuncia falsa, que también fue archivada y “en cuyo el auto la jueza razona que lo que denuncia la trabajadora no es falso, sino que no se puede demostrar porque hay dos versiones totalmente contradictorias y eran las dos únicas personas que trabajaban en el obrador”, añade el letrado.
Un abogado de renombre
De las ocho personas imputadas, seis son mujeres jóvenes, casi todas tienen menores de 30 años. La familia demandante ha cambiado varias veces de abogado y este último recurso lo ha presentado a través del letrado Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que trata asuntos de terrorismo entre 2004 y 2012. Asimismo, su nombre consta citado en las filtraciones de Wikileaks, en las que mostraba su posición contraria a encausar a los tres militares de Estados Unidos implicados en la muerte del cámara de televisión José Couso durante la invasión de Irak, por lo que fue denunciado por la asociación de abogados Preeminencia del Derecho en 2010. La denuncia fue archivada, así como el caso de José Couso.
Dicho letrado solicita penas de prisión de hasta quince años para un afiliado y más de 500.000 euros de indemnización.
La fiscalía de Gijón pide penas de 14 meses de prisión por el delito de coacciones graves para las ocho personas acusadas y 18 meses por obstrucción a siete de ellas, más inhabilitación y una multa de 12 meses con un valor diario de 8 euros. Así como una indemnización para la empresa de 60.000 euros.
