La Fiscalía solicita 110 años de prisión para 13 jóvenes por una huelga estudiantil a Catalunya

El colectivo Alerta Solidària exige la absolución de los encausados, critica que las acusaciones de los delitos imputados (desórdenes públicos y daños) no son individuales, tal y como requiere el Derecho, y que del auto se desprende que los estudiantes estaban siendo rastreados por los Mossos d’Esquadra

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Manifestación contra la represión y en defensa de las libertades de los estudiantes // Ernest CS, Víctor Serri

La Fiscalía solicita un total de 110,5 años de prisióny 130.000 euros de multa para 13 estudiantes que reivindicaban una rebaja del 30% de las tasas universitarias en la huelga estudiantil celebrada el 2 de marzo de 2017 en Catalunya. Ocho años y cinco meses de prisión para cada uno de los estudiantes, que en el momento de las detenciones tenían entre 18 y 20 años.

El colectivo Alerta Solidària ha hecho pública hoy la petición de la fiscal María Pilar López tras concluir un proceso que se ha alargado tres años. La organización critica dos hechos importantes que se desprenden del auto: por una parte, los estudiantes estaban siendo rastreados por los Mossos d’Esquadra. Por otra, las acusaciones no son individuales, si no que los jóvenes han sido agrupados y, “lejos de individualizar los cargos que se les imputan, tal y como requiere el Derecho, las diligencias incluyen a todas las personas acusadas en un mismo grupo que supuestamente cometió los actos, demostrando con una instrucción ridícula la inexistencia de pruebas concluyentes de que las imputadas fueran las autoras de los delitos”.

La Fiscalía les imputa los delitos de desórdenes públicos y daños. Este modo de presentar diligencias fue el elegido para las imputaciones de la celebración del primero de mayo en Barcelona, en los años 2017 y 2018, y por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el macrosumario 11/13.

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Alerta Solidària denuncia que la Fiscalía solicita unas penas “totalmente desproporcionadas que manifiestan la voluntad de este proceso: justificar las detenciones tres días antes de la que hubiera sido la última huelga estudiantil de ese curso”, con la intención de parte de los Mossos de “desmovilizar un curso en constante lucha” por la defensa de la educación pública.

Por este motivo, el colectivo exigen la absolución de todas las acusadas y recalca que ante la “penosa instrucción”, estas peticiones no son más que un nuevo caso de persecución de la actividad militante. En este caso, del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans.

Tal y como publicó El Salto, Catalunya se sitúa a la cabeza en el incremento de tasas universitarias tras la implantación del modelo de horquillas. En menos de 20 años, el importe mínimo de un curso de grado ha aumentado un 76% y el máximo casi un 90%. Las universidades catalanas se han ido financiando cada vez menos a través de las administraciones públicas y cada vez más mediante las matrículas universitarias que deben asumir los estudiantes.

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