La UCO denuncia que el Gobierno madrileño manipuló adjudicaciones para desviar fondos a la agencia que le hizo la campaña en las autonómicas de 2011
10/04/2018.- La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. // EFE/Mariscal
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que el PP de Esperanza Aguirre amañó contratos durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2011. Así se aprecia en un atestado que acaba de ser incorporado al sumario de la trama Púnica en el que los expertos en delito contra la Administración señalan que el Gobierno de la Comunidad de Madrid amañó adjudicaciones para sufragar parte de los gastos de la campaña del PP´, tal y como ha adelantado El Confidencial. .
Según señala este atestado, al que ha tenido acceso el citado diario, los fondos fueron canalizados a través de Laboratorio de Almagro 36 SL con la participación de Borja Sarasola, uno de los pocos integrantes del núcleo duro de Aguirre que aún no había sido relacionado con la presunta financiación ilegal del partido.
La UCO apunta en el atestado que Sarasola, entonces viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, se reunió en varias ocasiones con responsables de El Laboratorio de Almagro 36 SL con el fin de otorgarles información clave sobre licitaciones que aún no eran públicas. Esta información era utilizada por la empresa para participar en los concursos públicos con ventaja haciendo ofertas que se ajustaban a la perfección al concurso.
El atestado, siempre según lo publicado por El Confidencial, también señala que en otras ocasiones Sarasola y otros altos cargos de la Comunidad de Madrid se habrían inventado directamente licitaciones con el objetivo de inyectar dinero público en la agencia y poder sufragar así gastos de campaña.
La investigación se ha centrado especialmente en un contrato de 21.228 euros, que ha permitido desvelar el ‘modus operandi’ del Partido Popular con esta agencia. Los investigadores denuncian que Sarasola habría aprovechado su posición e importancia en el Gobierno de Aguirre para ordenar a Francisco Lobo, por entonces secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, que hiciera lo posible para adjudicar un contrate por ese importe a la agencia.
