La Catedral de València con el ‘Micalet’ al fondo / Jesús Císcar
El pasado febrero el Gobierno envió al Congreso la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, un anexo con más de 34.000 edificios de los que la jerarquía eclesiástica se apropió aprovechando la oportunidad que brindó una ley promovida en su día por el expresidente popular José María Aznar. En la lista de inmatriculaciones que el Gobierno hizo pública el pasado febrero constan cerca de un millar de edificios de toda índole en territorio valenciano, desde templos religiosos hasta aparcamientos.
De entre ese millar, hay varios que cobran especial relevancia, bien por su simbolismo, bien por su propio valor. Las inmatriculaciones abren el debate sobre a quién pertenecen los edificios públicos, si a una congregación religiosa o a la ciudad de la que forman parte. La lista que hizo pública la Vicepresidencia del Gobierno incorpora la «santa iglesia catedral basílica metropolitana» de Valencia con sus «dependencias complementarias», una categorización ambigua que se refiere al campanario, construido con fondos de la ciudad.
En 2014, en vísperas de concluir el periodo legal, la Iglesia incluyó en su lista uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad de Valencia: la torre del Micalet. El programa de investigación Zoom de À Punt Media reprodujo este lunes el documento del registro en el que se inscribe «la torre campanario, denominada Miguelete», un edificio que tradicionalmente ha unido su uso religioso y civil. El histórico campanario construido a finales del siglo XIV sirvió de torre vigía, de advertencia ante la llegada de barcos a la ciudad, para marcar el toque de queda a los habitantes de murallas hacia dentro y de alerta antiaérea durante la Guerra Civil.
Subir los 214 escalones de uno de los edificios emblemáticos de València cuesta dos euros que se han de pagar en efectivo. Multiplicar esa cifra por los miles de visitantes que la torre recibe al año y aplicarle los impuestos correspondientes supondría no solo un ingreso para el Estado, sino equiparar las posesiones eclesiásticas con las del resto de los mortales.
Más allá del debate sobre la propiedad de un inmueble anexo a un edificio religioso, cabe recordar que la construcción de la torre fue un proyecto compartido del Consell de la ciudad y el cabildo de la catedral, se erigió sobre suelo municipal y estaba inicialmente aislado hasta que una ampliación del conjunto catedralicio lo absorbió. Es decir, que se pagó con dinero público.
Al exhibirse la lista de bienes inmatriculados, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València se emplazaron a iniciar acciones legales para recuperar los bienes y estudiar el cobro de impuestos. La consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, aseguró que iniciaron el procedimiento para «averiguar qué bienes, de los expoliados en nuestro territorio, son de titularidad pública para poder realizar todas las acciones posibles que permitan recuperarlos para el patrimonio público, que es donde siempre debieron estar». Mientras, el alcalde, Joan Ribó, ha puesto en marcha un informe para estudiar el patrimonio inmatriculado, con especial interés en las viviendas, almacenes y otras dependencias que, de tener carácter público, activaría los procesos legales correspondientes para recuperarlos.
