- Por primera vez se conoce el número oficial del registro, que detalla 18.535 templos católicos y otras 15.171 a fincas con otros destinos como garajes o pisos
- El Colegio de Registradores se vio obligado a aportar estos datos a Maldita.es por la ley de Transparencia
- La Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla: qué son las inmatriculaciones de la Iglesia y cómo se hizo con ellas
[label type=»success»]+Reciente | publico.es, 16-11-2019:[/label] Colectivos ciudadanos cifran en más de 100.000 los bienes inmatriculados por la Iglesia
La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los bienes inmatriculados por la Iglesia // EFE
«Un total de 34.984 fincas». Finalmente se sabe la cifra concreta de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica en España de 1998 a 2015. Este número se refiere solo a los inmuebles que la Iglesia ha puesto a su nombre en estos 17 años, que son los que analiza el informe que el Colegio de Registradores se ha visto obligado a compartir con Maldita.es gracias a la ley de Transparencia.
El Gobierno se había negado reiteradamente a ofrecer datos de inmatriculaciones –que la Iglesia apuntara como propios bienes que no figuraban en el Registro de la Propiedad– y tampoco se habían ofrecido datos concretos del informe que lleva más de un año en manos del Ejecutivo.
Ahora en cambio podemos saber que del total de fincas, «18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos». Esto quiere decir que solo la mitad de los inmuebles que han pasado a engrosar el patrimonio de la Iglesia son estrictamente religiosos; el resto pueden ser fincas, garajes, edificios de viviendas…
La Iglesia registró 4.075 bienes del listado aportando la certificación eclesiástica y otro título de propiedad. Los restantes 30.245, en cambio, fueron inscritos únicamente por la certificación eclesiástica, a pesar de no ser todos templos. Una ley franquista le otorgó el privilegio de hacerlo con la mera firma de un obispo, que actuaba como un notario sin necesidad de más documentación. Y una reforma del Gobierno de José María Aznar amplió ese privilegio a los lugares de culto, hasta entonces excluidos.
Algunos de monumentos emblemáticos que la Iglesia ha inmatriculado por apenas unos euros son la Mezquita de Córdoba en 2006, la Giralda y la Catedral de Sevilla en 2010 o la Catedral de Zaragoza –conocida como la Seo–. A esta lista hay que sumar la Catedral de Valladolid, la del Buen Pastor de Donostia, y las de Granada, Jaca y Málaga.
Recuperando, la asociación que lucha por recuperar los bienes que la Iglesia a inmatriculado ha reaccionado a la publicación de los datos: «Mucho nos tememos que todo este oscurantismo encuentre su explicación en las negociaciones secretas que el Gobierno está manteniendo con el Vaticano y la Conferencia Episcopal», asegura Andrés Valentín, uno de los coordinadores de la asociación.
Valentín advierte que el número de bienes «podría ser mucho mayor», ya que muchas inmatriculaciones incorporan bajo una misma propiedad varios inmuebles. Diversos expertos en patrimonio calculan que los inmuebles pueden llegar a 100.000, porque la Iglesia «lleva inmatriculando desde 1946», por lo que informe recoge una parte pequeña de los trámites.
Desde Recuperando advierten que «se está produciendo un proceso irreversible, porque muchas de esas fincas ya están siendo vendidas». También piden rapidez para que se puedan iniciar los trámites legales correspondientes antes de que se vendan más inmuebles y monumentos.
Qué es inmatricular un bien
En la jerga administrativa, inmatricular es inscribir un bien inmueble por primera vez e incorporarlo al Registro Público de la Propiedad. La Iglesia encontró en esta acción, en connivencia con la dictadura franquista y más tarde con el Gobierno de José María Aznar el instrumento perfecto para incrementar su patrimonio inmobiliario a base de cementerios, pisos, huertos, parroquias, catedrales y otro tipo de propiedades que hasta ese momento pertenecían al pueblo o a particulares.
De esta manera, la Iglesia logró inscribir a su nombre miles de bienes de forma opaca y sin ningún control, algo que diversas organizaciones han denunciado como una «apropiación ilegítima». Muchos de estas propiedades fueron posteriormente vendidos, con sus correspondientes ingresos por una cuantía desconocida.
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