- La magistrada encarga a la unidad de investigación financiera del principado llevar a cabo las pesquisas necesarias “para esclarecer la verdad” sobre las presiones de la brigada política del PP a los banqueros de BPA por las cuentas de los Pujol
- — El chantaje de la policía política de Rajoy por las cuentas de los Pujol en Andorra: “Nos vamos a cargar el banco”
+reciente, eldiario.es, 02-11-2022: La Justicia reactiva la investigación de Andorra contra Mariano Rajoy por su implicación en la ‘operación Catalunya’
Operación Catalunya
La jueza de Andorra que investiga el chantaje de la policía política del PP a banqueros del principado para obtener datos de las cuentas de la familia Pujol ha dado un nuevo paso en las pesquisas y ha autorizado a la policía judicial del caso a reclamar información a España para “esclarecer la verdad” del caso. En la causa están imputados el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exministro Jorge Fernández Díaz y varios de los integrantes de la brigada policial que anidó en la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Ejecutivo del PP.
En una providencia fechada el 23 de mayo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada comisiona a los agentes de la unidad de investigación económica y financiera para que sean la policía judicial del caso, al tiempo que les autoriza a “llevar a cabo todas las investigaciones oportunas para esclarecer la verdad”, incluso que soliciten “intercambiar información con los cuerpos judiciales extranjeros, en particular los españoles”.
La investigación en Andorra nace a partir de las denuncias del Institut de Drets Humans d’Andorra, la asociación de juristas Drets y el expresidente de Banca Privada d’Andorra (BPA) Higini Cierco por la llamada Operación Catalunya. Además de Rajoy y Fernández Díaz, están investigados el exministro Cristóbal Montoro; el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó; el exjefe de la brigada política del PP, el exdirector adjunto de la Policía Eugenio Pino, y su lugarteniente, el inspector Bonifacio Díez.
La magistrada investiga presuntas coacciones al Gobierno del principado y falsedad documental para obtener los datos bancarios de la BPA de la familia Pujol así como información sobre eventuales cuentas en Andorra de líderes independentistas que resultaron inexistentes. En conjunto, la causa versa sobre seis posibles delitos: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacción a órganos constitucionales andorranos y creación de documento inveraz por un funcionario, esto es, la falsedad documental. Exdirectivos de la BPA y la familia Pujol también se han personado en el caso.
La denuncia sostiene que el Gobierno de Rajoy habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid –ambos intervenidos tras una alerta sobre presunto blanqueó de las autoridades financieras de EE. UU. que luego fue desestimada– si no facilitaban la información exigida. Según los querellantes, el Ejecutivo envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que “intimidaba” al Gobierno andorrano y a sus ministros en una visita oficial al Principado en enero de 2015, para precipitar el cierre de la entidad.
Según han explicado el IDHA y Drets en un comunicado, de la instrucción realizada hasta ahora “se desprenden distintas actuaciones llevadas a cabo por la policía española en territorio o con ciudadanos andorranos, de los que la Batlle [jueza] instructora quiere tener un conocimiento detallado para seguir con las pesquisas de la causa”. Drets recuerda además la importancia de que se faculte a la policía a andorrana a intercambiar información con otros cuerpos de seguridad extranjeros, teniendo en cuenta que en la nota del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de Estados Unidos que precipitó la intervención del BPA por sospechas de blanqueo de capitales tuvo participación el FBI.
En España, el juez de la Audiencia Nacional José Manuel García Castellón se ha negado a investigar la Operación Catalunya en su totalidad alegando que Villarejo “captaba información” sobre corrupción. Por ahora la actuación de la brigada política que anidó bajo el Gobierno del PP, y cuya existencia desveló en 2014 elDiario.es, se ha saldado con la condena de Pino por intentar adulterar el caso Pujol al pretender introducir en la investigación del origen de la fortuna de la familia oculta en Andorra un pendrive con información de Jordi Pujol Ferrusola sin advertir de que su origen era ilícito.
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