La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional del caso 8M.
// Edu León
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional del caso 8M, según ha informado Europa Press esta misma mañana. La juez considera que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no hay indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo.
La decisión se produce pocas horas después de la comparecencia de varios testigos a lo largo del día de ayer. Estos testigos desmontaron en sus comparecencias los argumentos del informe de la Guardia Civil que acusa de prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid: que la Delegación presionó a quienes tenían actos convocados después del 8M para que los anularan por la alerta sanitaria mientras había mantenido la marcha feminista.
Algunos de los testigos incluso apuntaron la existencia de errores o declaraciones interpretadas de forma equivocada en los atestados del instituto armado, como adelantó eldiario.es y pudo confirmar El Salto el pasado 28 de mayo. Entonces, dos de los cinco integrantes de CGT que aparecen en el informe de la Guardia Civil que culpa al Gobierno de no haber tomado medidas pese a conocer la situación de emergencia por el coronavirus aseguraron que se han manipulado sus declaraciones, algo que sostuvieron en su declaración esta semana.
La imputación del delegado de Gobierno de Madrid por supuesta prevaricación y los errores del informe en que se justifica esa imputación suscitaron la respuesta por parte de la Comisión 8M de Madrid, denunció los ataques al movimiento feminista como consecuencia del uso político de la expansión del coronavirus en Madrid.
El lunes, la Fiscalía ya había pedido el archivo de la causa contra José Manuel Franco, delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, al que no considera investigable por un supuesto delito de prevaricación. La Fiscalía emitió el 8 de junio un escrito en el que considera “palmario” que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la celebración de una manifestación no es subsumible en el artículo 404 del Código Penal, por el que se pretendía procesar a Franco.
El informe que la Guardia Civil entregó a la jueza sostenía que la Delegación del Gobierno en Madrid tenía información suficiente como para desconvocar la manifestación del 8 de marzo por motivos sanitarios y no lo hizo, una tesis que descarta ahora la jueza.
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