- La titular del juzgado de instrucción 13, Alejandra Gil, cierra la investigación sobre los preparativos del referéndum y exculpa al juez Santiago Vidal, a Carles Viver Pi–Sunyer y a otras 13 personas
- La magistrada impone a los 17 procesados por malversación una fianza de 5,8 millones, cantidad presuntamente destinada al 1-O
Apertura de urnas tras la votación del 1 de Octubre en Catalunya // EFE
Cierre a la instrucción más importante de los últimos años en Catalunya. La nueva titular del juzgado de instrucción 13, Alejandra Gil, ha cerrado la investigación de los preparativos del 1-O y ha procesado 30 altos cargos, empresarios y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por impulsar la votación. Se les procesa por distintos delitos: desobediencia, prevaricación, revelación de secretos, malversación o falsedad documental.
Entre los procesados figuran la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal (malversación, desobediencia y falsedad documental), varios altos cargos de la conselleria de Presidencia (Antoni Molons por malversación; Joaquim Nin por malversación, desobediencia y malversación; Jaume Clotet por malversación), o el director del instituto de estadística catalán, Frederic Udina, por el censo del 1-O.
Sostiene la jueza que hubo «un plan común» entre todos los procesados, desde sus distintos puestos de responsabilidad en la administración o la empresa privada, para impulsar el 1-O. «Siguieron las directrices marcadas por los distintos departamentos de la Generalitat y con el firme propósito de propósito de celebrar el referéndum hacia la independencia, realizaron actuaciones y algunos dictaron resoluciones con las que dispusieron de fondos públicos para financiar» la votación.
En este sentido, la instructora impone una fianza de 5,8 millones de euros a los diecisiete procesados por malversación –delito penado con hasta ocho años de cárcel– ante los indicios de que se habrían sufragado o comprometido cantidades de dinero público a distintos elementos del referéndum, como el registro de catalanes en el exterior, los anuncios que se emitieron por TV3 y Catalunya Ràdio, el censo o las notificaciones y sobres para los miembros de las mesas incautados en Unipost.
Para la jueza, los procesados en esta causa, que se abrió en febrero de 2017, trazaron una «línea estratégica para poder asumir el compromiso inequívoco de conseguir la independencia y de poder celebrar el referéndum, pese a los mandatos constitucionales» y a ser «conscientes» de la ilegalidad de las actuaciones tendentes de la convocatoria y celebración del referéndum.
De la causa han quedado fuera dos de los investigados iniciales, el juez Santiago Vidal –que recibió las primeras querellas por sus conferencias en las que aseguró, entre otras cosas, que el Govern había robado los datos fiscales de los catalanes– y el exvicepresidente del Tribunal Constitucional y asesor de Carles Puigdemont, Carles Viver Pi-Sunyer.
Por contra, la juez señala en su escrito que no es competente para pronunciarse sobre el exsecretario general de Hacienda Lluís Salvadó, uno de los detenidos el 20-S y actual diputado de ERC, dada su condición de aforado. Salvadó queda así en un limbo judicial, puesto que ya no figura como imputado en la causa del juzgado de instrucción 13 y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), órgano competente para los aforados como él, tampoco le investiga por el momento.
De hecho, en la exposición razonada que el juez del 13 remitió al TSJC para que investigara a Josep Maria Jové, exnúmero 2 de Oriol Junqueras, y al actual conseller de Economía Pere Aragonés –que finalmente no fue imputado por el alto tribunal catalán– omitió a Salvadó, uno de los primeros imputados en la causa.
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1. Antoni Molons, secretario de Comunicación del Govern: malversación y prevaricación
2. Joaquim Nin, exsecretario general de Presidencia: malversación, desobediencia y prevaricación
3. Jaume Clotet, director general de comunicación del Govern: malversación
4. Josep Ginesta, secretario general del departamento de Trabajo: malversación
5. David Palanques, responsable del área informática del departamento de Trabajo
6. David Franco, informático del departamento de Trabajo: malversación.
7. Francesc Sutrias, director general de Patrimonio del Govern: malversación y desobediencia
8. Aleix Villatoro, director general de Relaciones Institucionales: malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación
9. Amadeu Altafaj: exdirector de la delegación del Govern ante la UE: malversación y prevaricación
10. Albert Royo: exsecretario general del Diplocat: malversación y falsedad documental.
11. Natalia Garriga: directora de servicios de Vicepresidencia: malversación
12. Pablo Raventós: exdirector general de Unipost: malversación y desobediencia
13.Rosa Maria Rodríguez: directora general de servicios de T-Systems: malversación
14.Francesc Fabregas, administrador de la revista El Vallenc: malversación y desobediencia
15. Josué Sallent: director de Estrategia e Innovación del CTTI: malversación
16. Xavier Puig, responsable de informática del departamento de Exteriores: malversación
17. Rosa Vidal, interventora general de la Generalitat: malversación, desobediencia y falsedad
documental
18. Meritxell Massó: exsecretaria general del departamento de Gobernación: desobediencia
19. Nuria Llorach, vicepresidenta y administradora única de la CCMA: desobediencia
20. Frederic Udina, director de Instituto de Estadística de Catalunya: desobediencia y revelación de secretos
21. Montserrat Vidal, exresponsable del área de procesos electorales: desobediencia.
22. Vicent Sanchis, director de TV3: desobediencia
23. Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio: desobediencia
24. Martí Patxot, director corporativo, comercial y de márketing de CCMA: desobediencia
25. Mercedes Martínez, encargada de supervisar las obras en una nave que debía servir de centro de recogida de datos: desobediencia
26. Joan Manel Gómez, jefe de riesgos del Centro de Seguridad de la Información del Consorcio de la Administración Abierta: desobediencia
27. Josep Masolivé, trabajador de Fundacio.cat: desobediencia
28. José María Gispert, gerente de la imprenta Indugraf Offset SA: desobediencia
29. Marta Garsaball, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas cuyo titular era la Delegación del Govern: falsedad documental
30. Daniel Gimeno, responsable del tratamiento del fichero de datos del registro de participantes en consultas no referendarias: revelación de secretos
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