El origen de este asunto se remonta a 2005, cuando el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre contrató con una empresa privada 135 camas que nunca existieron.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo del Fórum Europa, en el Hotel Mandarín Oriental Ritz, a 10 de enero de 2022 // Eduardo Parra / Europa Press
Según han avanzado fuentes del diario El País este jueves, la Comunidad de Madrid deberá pagar una cantidad de casi 30 millones de euros a la adjudicataria del hospital Puerta del Hierro (Majadahonda) por el servicio de 135 camas que nunca existieron.
El origen de este despropósito se remonta a 2005 cuando el gobierno de Esperanza Aguirre, durante su política de privatización y externalización de los servicios sanitarios madrileños, adjudicó la gestión del hospital majariego Puerta de Hierro a la UTE integrada por Dragados, Sufi y Bovis Lend Lease. En el expediente constaba la habilitación de 135 habitaciones dobles, sin embargo, poco antes de su inauguración, se decidió que las habitaciones fueran, finalmente, individuales.
El problema se dio cuando dicho cambio no se vio luego reflejado en una modificación económica del contrato. De tal forma que la Comunidad de Madrid siguió pagando, durante casi una década, más de un millón de euros al año por unas camas que no existían. «La Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros», puntualiza la sentencia.
Anticorrupción pide la imputación de Esperanza Aguirre por la reducción de camas sin justificar en un hospital – Ana María Pascual
No fue hasta el siguiente gobierno regional, liderado por Cristina Cifuentes, cuando se abrió un procedimiento sancionador para reclamar los 4 millones de euros invertidos por estos servicios no prestados. Una batalla que, hasta ahora, va ganando la concesionaria en los tribunales.
Esta misma causa está a la espera de ser tramitada por lo penal. Y, aunque el juzgado 53 de Madrid haya rechazado imputar a Esperanza Aguirre y a su entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, así como a la viceconsejera Ana Sánchez, no ha dudado en llamar a declarar a la directora general, Elena de Mingo, y el entonces director general de Gestión Económica, Jesús Alejandro Vidart, por un posible delito de malversación y prevaricación en perjuicio de las arcas públicas. Otro posible caso de corrupción en el gobierno del Partido Popular que se sumaría a otros procesos abiertos como Púnica, Gürtel o Lezo.
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