IU y PCE denuncian que el Tribunal Supremo y la Fiscalía no ofrecieron “resultado alguno en los más de dos años transcurridos sin practicar diligencias”.
Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda y con el apoyo de las formaciones integradas en el grupo de Unidas Podemos en el Congreso, han demandado a la justicia española ante el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) de Estrasburgo, al considerar que ha vulnerado derechos al “negarse” a investigar “actuaciones presuntamente delictivas cometidas por Juan Carlos de Borbón”.
Así lo han destacado ambas formaciones este lunes en un comunicado en el que destacan la “naturaleza opaca” del Tribunal Supremo y la Fiscalía, que no ofrecieron “resultado alguno en los más de dos años transcurridos sin practicar diligencias” desde que en diciembre de 2018 registraron la querella interpuesta por los propios IU y PCE contra el anterior jefe del Estado.
IU y PCE han denunciado que la interpretación realizada por el Tribunal Supremo sobre la inviolabilidad referente a Juan Carlos I “sirvió para rechazar durante esos más de dos años y archivar de manera sucesiva la querella”, una actuación que “no mereció tampoco el amparo del Tribunal Constitucional, al que se recurrió en 2021, con lo que se agotaron las vías para que la justicia española investigara a Juan Carlos de Borbón”. Ambas formaciones han presentado la demanda precisamente dentro del plazo previsto por el TEHD, que es de seis meses, a contar desde la última actuación judicial en el Estado de origen, en este caso la inadmisión del recurso de amparo por el Tribunal Constitucional.
Los demandantes consideran que cuando el Tribunal Supremo “con un claro ánimo exculpatorio a ultranza archivó sin practicar diligencia la querella”, vulneró el CEDH (Convenio Europeo de Derechos Humanos), “al que está obligada España”, y más concretamente sus artículos 6.1 y 13.1, que hacen referencia al derecho fundamental a un proceso equitativo y a la tutela judicial efectiva por parte de un tribunal independiente e imparcial, pues las actuaciones de la Fiscalía son “ajenas” al sistema judicial y su desarrollo no permite personación alguna.
Sobre los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo para archivar la querella y por la Fiscalía para no investigar a Juan Carlos I, IU y PCE denuncian que la justicia española “le ha concedido una suerte de inmunidad para ser impune ante la comisión de cualquier delito, lo que va en contra de la legislación europea”.
“La justicia española ha dado carta blanca al exmonarca para que pueda delinquir sobre persona o bienes jurídicos especialmente protegidos sin que tenga responsabilidad penal alguna”, añaden, y al hilo citan la reciente decisión de la justicia británica de seguir con la causa abierta en Reino Unido contra Juan Carlos I por la demanda por acoso que su examante Corinna Larsen interpuso contra él. “La justicia británica considera que no puede ampararse en ningún tipo de inmunidad”, insisten.
