Con el anteproyecto de ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, España alcanzaría la neutralidad climática en 2050, una década más tarde lo que exige el Movimiento por el Clima.
Sentada de Fridays for Future frente al Ifema, en la pasada COP25 de Madrid // David F. Sabadell
El Consejo de Ministros ha ratificado este martes la esperada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una normativa clave para la gestión de la economía en los próximos años y la transición a un paradigma más sostenible, que llega con varios años de retraso y diferentes propuestas de borradores desde 2018. El nuevo ordenamiento, vital para poner en marcha los mecanismos para luchar contra la emergencia climática en el Estado español, será debatido en el Congreso en los próximos meses.
La normativa pone el horizonte en el año 2050 para alcanzar la neutralidad climática y la descarbonización de la economía. El texto ha sido trabajado por varios partidos políticos, salvo la ultraderecha, y prevé la creación de entre 250.000 y 350.000 empleos al año. La fecha planteada por el Ejecutivo es diez años posterior a la que proponen las organizaciones que conforman el Movimiento por el Clima, que aboga por 2040 como el año en que toda la Unión Europea debería llegar a la neutralidad.
El texto recoge que en 2030 el conjunto del Estado español debería haber reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) un 20% con respecto al año 1990, de nuevo un porcentaje que desde sectores ecologistas critican por poco ambicioso.
Los diferentes planes nacionales integrales de Energía y Clima serán los principales instrumentos para gestionar los objetivos de dispuestos en la Ley. El relativo a los años 2021-30 ha sido remitido ya a la Comisión Europea y plantea una reducción de emisiones algo superior al mínimo del 20% establecido en el anteproyecto de ley, con un 23%. El texto ya generó dudas entre los colectivos que defienden el clima, ya que no había agotado el procedimiento de consulta pública y la fase de alegaciones.
Horizonte 2030
En lo que respecta al consumo energético, el anteproyecto de ley prevé que en 2030 la contribución de las energías renovables al sistema eléctrico debería llegar al 70%, mientras que el 35% del consumo total de energía debería tener este origen.
En consonancia con el primer borrador, la Ley pone como límite el año 2040 para sacar de la circulación todos los vehículos que no sean cero emisiones, lo que incluye coches diésel, gasolina e híbridos, una iniciativa que ha sido aplaudida por los movimientos ecologistas.
Como ya se había hecho público, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán crear zonas de bajas emisiones (ZBE) de forma obligatoria con el objetivo de rebajar los niveles de contaminación —y de emisiones de GEI— restringiendo el paso de determinados vehículos en un área definida de la ciudad.
Tranformación gradual
La gran transformación ecológica de la economía que pretende el Gobierno supondrá un complejo proceso que modificará el mapa laboral y de empleo en España. Con el fin de modificar y depurar ese proceso, el anteproyecto de ley pretende que el Gobierno apruebe cada lustro una Estrategia de Transformación Justa en la que participen todos los Estamentos del Estado.
Otra buena noticia para los ecologistas es la prohibición de las prospecciones petrolíferas y de gas y de fracking en todo el territorio nacional, incluidas las aguas territoriales.
De cara a la adaptación a los efectos de la crisis climática, el principal instrumento del que se servirá el Gobierno será el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, actualmente en proceso de información pública
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que “esta ley llega en un momento especial, pero es verdad que también nos ofrece la oportunidad, en un momento en el que estamos debatiendo entre todos cuál es el futuro que queremos para nuestro país, de ofrecer algunas pautas sobre cuáles son esas oportunidades para una recuperación que Europa califica como recuperación verde”.
